La ministra vocera del gobierno acentuó la importancia del acuerdo que el presidente, Gabriel Boric, llamo a suscribir desde Madrid, destacando que no era obligatorio que se firmara, pero sí esperable.
Desde RN, la UDI y Republicanos se negaron firmar rechazando condenar el golpe de estado y las violaciones de los derechos humanos. Los partidos oficialistas, en tanto, se cuadraron en que este tema era un mínimo para el debate democrático, que se creía superado.
«El golpe de Estado en nuestro país en particular fue generado para imponer una visión de país y aniquilar otra visión de país. No fue arbitrario, no fue de casualidad, no fue por equivocación, fue premeditado, planificado para exterminar a otros por el solo hecho de pensar distinto. Y eso no puede ser justificable jamás.»
«Por lo tanto, obviamente que el llamado que hace el presidente es una invitación, no es una obligación, pero esperaríamos que todos y todas se sientan convocados en pleno siglo 21 a tener una condena transversal y sin miramientos al golpe de Estado y a la violación de los derechos humanos.»
Las declaraciones de la ministra, nuevamente, marcan la posición que el gobierno ha tomado desde la renuncia de Patricio Fernández Chadwick, impulsada por las numerosas agrupaciones de derechos humanos. En donde la relativización de la ilegitimidad y el horror del golpe de estado, quedo desplazada de la versión oficial gobierno.
