El coordinador de La Mesa del Sector Público de la Central Unitaria de Trabajadores y Vicepresidente de La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, emitió sus declaraciones sobre el comportamiento legislativo, de los diputados y diputadas de la derecha y la ultraderecha en las cámaras del congreso.
Ayer, el aumento del salario mínimo a 500 mil, medida que ha sido hábilmente impulsada por la ministra del trabajo Jeannete Jara, se aprobó en el Senado. 19 votos a favor, 9 abstenciones y solo 5 votos en contra; Carmen Gloria Aravena Acuña y Rojo Edwards, del partido Republicano; Juan Castro Prieto y Carlos Kuschel de Renovación Nacional y Alejandro Kusanovic, independiente apoyado por RN, dieron su negativa la subida del sueldo, medida que beneficiará a 5 millones de familias aproximadamente.
Carlos Insunza, en su calidad de dirigente declaró: “Las organizaciones de la Mesa del Sector Público rechazan que, una vez más, por maniobras de la derecha, se dilate la discusión legislativa que incrementa el salario mínimo, y que se enmarca en un acuerdo suscrito entre Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, para incrementar gradualmente el salario mínimo desde los $410.000 a $500.000, en un período de 2 años”.
También desmenuzo la manera en que los parlamentarios han aprobado solamente reformas que benefician a las empresas y sus dueños: “Las votaciones de los partidos de la derecha y la ultra derecha, el pasado 10 de mayo, en la Cámara Baja, donde rechazaron 21 de los 30 artículos que contiene el proyecto de ley, dan cuenta de una clara defensa de intereses corporativos, y prueba de ello es que sus bancadas aprobaron exclusivamente materias que incorporan beneficios dirigidos a empresas, tales como el subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, la postergación del reintegro de los Créditos otorgados a Empresas y Personas durante la Pandemia, y la extensión de la reducción del Impuesto de Primera Categoría para PYMEs para los años 2023 y 2024”
El coordinador de La Mesa del Sector Público de la CUT y vicepresidente de La ANEF, realizó un llamado de urgencia para destrabar este trámite legislativo y otras instancias en beneficio de las y los trabajadores, considerando el elevado costo de vida que vive la clase trabajadora en el país: “Consideramos urgente avanzar en este acuerdo que, además, implica una serie de compromisos fiscales en beneficio de las familias de menores ingresos que son: la extensión del Bolsillo Familiar Electrónico a $49.494 millones; el incremento de la Asignación Familiar a $150.850; y el Incremento de los programas de alimentación JUNAEB a $140.756 millones.”
“Las medidas que comprometen al Presupuesto Fiscal en subsidio a las empresas alcanzan a un monto de $378.000 millones, en el caso de los subsidios para Ingreso Mínimo, y un gasto tributario equivalente a $971.000 millones para los años 2023 y 2024” aclaró Insunza.
Por otra parte: “La demanda que se ha expresado en el Senado para ampliar el subsidio a empresas, para trabajadores que perciben más allá del ingreso mínimo, implican una nueva presión para transferir recursos públicos a empresas. Una medida de este tipo, si no se garantiza su expresión en incrementos salariales para esos trabajadores y trabajadoras, resulta totalmente equívoca y contradice las críticas que se han expresado respecto del incremento a $500.000 acordado” fustigó Carlos Insunza.
Para culminar, Carlos Inzunza declaró, “instamos al Gobierno, y a todos los sectores, a continuar avanzando en una política salarial que garantice a las trabajadoras y los trabajadores percibir un ingreso que permita, a ellos y sus familias, salir de la pobreza, como parte de la construcción del trabajo decente que históricamente la CUT ha demandado”.
