En el marco de la Conmemoración de los 50 años del golpe de estado, especialistas en ciencias sociales discutieron distintas formas de entender los mecanismos de “aniquilación” por parte de la dictadura chilena, a partir de lo planteado en el libro “Sociología de la Masacre”, de Manuel Guerrero Antequera, publicación que también explora cómo las poblaciones se hacen cómplices de los estados criminales.
Para el mismo Manuel Guerrero Antequera, quien fuera parte del panel, la violencia desencadenada a partir del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, obedeció a un conjunto de factores, no necesariamente exclusivos de Chile. Los mecanismos de persecución y aniquilación sistemática formaron parte de lo que el escritor denomina “la importación del tormento”, como aquellos métodos de exterminio nazi contra el pueblo judío, la hambruna ucrania instaurada por Stalin en los años treinta, o bien, los métodos de represión y muerte transmitidas por la “escuela francesa” en el marco de la lucha “antisubversiva” de las dictaduras militares del Cono Sur en los años setenta.
“Verdugos voluntarios”
Dicha violencia, explicó el investigador, se manifestó de manera diferente en los 17 años del régimen, pues pasó de violencia unilateral y discriminada, a selectiva, especialmente entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 donde se registró el 60% de todas las muertes de la dictadura, “pero que entre el año 74 y 77 aumentó por decenas de miles el número de torturados. Lo que demuestra que hubo una dinámica de la violencia que fue cambiando, por lo que hay que abordar en la narrativa de los Derechos Humanos conceptos que vayan más allá de violaciones masivas, perpetradores o víctimas, que expliquen por qué ocurrieron los hechos”. Para ello, dijo el Sociólogo, hay que entender que una parte la población chilena participó de este fenómeno, como ocurriera con los “verdugos voluntarios” de Hitler en la Alemania Nazi.
Entre tanto, el psicólogo y académico de la Universidad de O’Higgins, Patricio Saavedra, consideró este tema como la “racionalidad de la violencia” por parte los “Estados criminales”, donde el mismo contexto activa y justifica acciones que van más allá de la psique individual. De esta manera la violencia, según señaló el docente, se puede activar y modular, dependiendo del contexto en que se desarrollan los hechos. Ejemplo de ello, es el caso del “estallido social” donde quedó en evidencia la actuación violenta de los Carabineros frente a la población, o parte de ésta contra la propiedad privada; y en consecuencia se observó cómo muchas personas comenzaron a justificar la represión de los cuerpos policiales. En el caso de la dictadura militar, dijo el experto, pudieron existir los llamados “delatores o los que no hicieron nada frente a los hechos de violencia ilegítima”.
Memoria y justicia
Otro de los aspectos del conversatorio se centró en las deudas que tiene el Estado chileno en materia de reparación por casos de violación en Derechos Humanos en época de dictadura, aún no resueltos y los mecanismos que podrían mitigar la propagación de la violencia en el tiempo presente.
A este respecto, la antropóloga social y asesora de la Dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Loreto López, destacó la necesidad de repensar la memoria como un espacio de encuentro que genere en las personas juicios acerca del pasado y del presente.
“Más que una memoria trágica centrada en las víctimas de violación de Derechos Humanos, pensaría que hoy necesitamos una memoria que recupere un piso común para todas las personas, como alternativa para que la sociedad chilena se encuentre. Me refiero a un espacio sobre el pasado, que no necesariamente se refiera a los orígenes del golpe, o a sus causas, sino que desde la ética de los DD.HH. podamos como sociedad hacer juicio sobre lo ocurrido y sobre lo que ocurre en el presente”. Aclaró que mientras no se haga justicia sobre los crímenes de la dictadura y se resuelvan esas “deudas”, se seguirá insistiendo y retornando a ese pasado trágico “que nos va seguir persiguiendo”.
Nunca más y política de Estado
Por su parte, el jefe regional del INDH, David Bahamondes, subrayó que para que se puedan dar estos escenarios de justicia, el Estado debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones que dicta el derecho internacional, respecto a brindar reparación y garantías para la no repetición. “Para que existan estos elementos es preciso enfrentar el fenómeno de la impunidad y reparar a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Tenemos que trabajar desde la mirada de las ciencias sociales en el tema de lo que se conoce como la Garantía del Nunca Más. Y en ese sentido la política del Estado debe hacer su aporte desde discursos menos banales, menos ignorantes y menos soberbios”, subrayó el abogado.
