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Frente a denuncias por irregularidades en los juicios, familiares de presos de la revuelta valoran los indultos particulares

En la víspera del año nuevo, doce presos de la revuelta y el ex-frentista Jorge Mateluna, fueron indultados por el Presidente de la República Gabriel Boric. La decisión que ha marcado un profundo quiebre político significa el cumplimiento de campaña del mandatario ante la demanda de sus familias y la ciudadanía, que han denunciado persistentemente vicios e irregularidades en los juicios.

Osvaldo Durán, co vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de las y los Presos Políticos de la revuelta, expresó la alegría que significó el anuncio y que las personas encarceladas pudieran compartir con sus familias las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, indicó que hay varias más aún detenidas y otras en espera de juicio, recalcando lo que será el proceso de recuperación por el daño psicológico que existe y que también alcanza a las familias de quienes obtuvieron su libertad.

Frente a las impugnación de la derecha a los indultos, el integrante de la Asamblea Nacional de Familiares, apuntó a los vicios que rodearon los casos.

“En todos los procesos en general, cabe señalar que hay casos de montaje por Carabineros o de la Policía de Investigaciones PDI (con Cayupan o Jordano). Ha habido poca investigación lo que demuestra que el sistema no anda bien, cualquier persona puede vulnerar un informe o no hacer las investigaciones que corresponden. Dejar a una persona inocente encerrada cuesta muy poco”, indicó.

Los tres años de cárcel y de privación de libertad, se vieron más afectados con la pandemia, relata Durán, donde por meses las familias no pudieron ver a sus familiares o simplemente no se les daba información, situación que debe ser regulada por Gendarmería.

Otras sucesos irregulares ocurrieron con el poder judicial y Fiscalía, señala el co vocero, cuando “no se celebraban los procesos, sino que los enlentecían, citaban a una audiencia y luego la suspendían dos o tres meses más”.

“Cuando no había forma de comprobar que estaba involucrado, debía esperar tres meses más para demostrar que era inocente, fuera de todo protocolo. A las personas se les castigó de manera adelantada con la prisión preventiva: tiempos que no debían superar los tres meses, duraron dos años”.

El integrante de la Asamblea Nacional, señaló que las tramitaciones están hechas de forma legal y frente a la decisión del Gobierno, indicó que se debe ver la forma de apoyarlo y a las personas que han trabajado para que esto se de, como la Ministra Ríos quien renunció esta semana y el ministro Jackson.

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