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Bolivia: Denuncian que la derecha busca nuevamente la ruptura del orden democrático

Sobre la grave situación que vive Bolivia, el dirigente y ex ministro de Estado de Bolivia, Hugo Moldiz denunció que la derecha está apostando a la ruptura del orden democrático claramente y que están utilizando un tema técnico, como es el censo, para llevar a cabo su quiebre institucional.  

El Ejecutivo del país latinoamericano anunció la semana pasada que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar que el balance de víctimas es de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días.  

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha advertido a los promotores del paro de Santa Cruz que saldrá a las calles para defender la que fue su victoria en las urnas, después de que los manifestantes aumentasen la tensión en la capital del país mediante la destrucción de una comisaría este fin de semana. Arce ha asegurado, en respuesta a los incidentes violentos, que su Gobierno y las organizaciones sociales están “más unidos que nunca”.  

Arce ha asegurado, en respuesta a los incidentes violentos, que su Gobierno y las organizaciones sociales están “más unidos que nunca”.  

“La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no puede ganar en las urnas”, ha lamentado el dirigente del país, quien ha calificado las iniciativas de “inadmisibles” por tener el objetivo de “dividir al país”.  

El mandatario boliviano ha hecho referencia directa al golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019, por el cual Jeanine Añez tomó el poder en el país.  

La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días “de terror” que caracterizan al paro de Santa Cruz, afirmando que los líderes de las protestas tienen las “manos manchadas de sangre”.  

El denominado “movimiento cívico” de Bolivia –impulsado por la oposición en la región boliviana de Santa Cruz– inició hace 23 días un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.  

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