Casi un centenar de organizaciones firmantes, ligadas al movimiento de Derechos Humanos y al mundo social, presentaron una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, donde se pronunciaron sobre la actual situación del proceso constituyente y también sobre la situación de la verdad y la justicia respecto a graves violaciones a los DDHH en el pasado reciente y durante el estallido social.
El abogado Carlos Margotta y presidente de la Comisión CHilena de Derechos Humanos, CCHDH, calificó como reprochable que sectores conservadores pretendan ser depositarios de la razones de quienes votaron rechazo e ignorar que la soberanía radica en el pueblo, siendo “el encargado y mandatado para redactar un nuevo pacto social, la ciudadanía en su conjunto”, precisó.
Al respecto indicó que los amarres, eufemísticamente denominados bordes por tales sectores, son incompatibles con los estándares internacionales de DDHH que regulan y establecen las forma de cómo deben desarrollarse las elecciones y los eventos plebiscitarios tan relevantes para un país como lo es la elaboración de una nueva constitución.
Por otro lado, el representante lamentó que el Presidente de la República, Gabriel Boric haya variado su opinión referente a una segunda etapa constituyente con integrantes electos por la ciudadanía, escaños reservados, paridad y con participación de independientes, considerando ahora, la incorporación de un comité de expertos sobre los cuales no se han especificado sus atribuciones y la forma que serían electos, expresó.
Acerca del llamado a no postergar deberes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto de graves violaciones, el especialista indicó que el Estado de Chile, más allá del proceso constituyente en curso, tiene obligaciones permanentes y que frente a las violaciones ocurridas durante el estallido, tienen que ser cumplidas a la brevedad.
En el caso de los presos de la revuelta, Carlos Margotta apuntó que aquellos han sido privados de libertad con abierta y flagrante violación de sus derechos fundamentales, razón por la cual debe ser liberados.
“Llamamos a los distintos poderes del Estado a terminar con la violación a los DDHH de la que han sido objeto los presos de la revuelta desde el gobierno de Piñera, a restablecer el imperio del derecho, terminando con la prisión preventiva, respetando sus derechos del debido proceso, y quienes hayan sido condenados, sean beneficiados con el indulto presidencial, dado que el proyecto está detenido por un número no menor de senadores del sector de la ex Concertación que se niegan a dar por aprobada esta ley, y por lo tanto, la única posibilidad de obtener rápidamente la libertad de los presos que alcanzan una cantidad de 52 jóvenes, es por medio de la vía administrativa por ejercicio de la facultad presidencial del indulto”, detalló Margotta junto con indicar que tal señal también la han manifestado de manera urgente a la Ministra de Justicia, para que esta facultad del ejecutivo se ejerza.
