Con un énfasis en los derechos sociales, la Coordinadora de DDHH del Colegio de Profesionales Universitarios de Chile, iniciaron hace algunas semanas su campaña por la opción apruebo en el plebiscito de septiembre por una nueva Constitución.
Junto a Christian Paredes integrante de la Coordinadora y representante de la Comisión de DDHH del colegio de Antropólogos, indicó que como organización viene trabajando de un tiempo ya, pero intensificaron su accionar desde octubre del 2019, fortaleciendo una estrategia en relación al reconocimiento de los derechos humanos.
“Desde los derechos humanos tenemos la responsabilidad de sobrepasar las visiones que entrampan”, expresó refiriéndose a los diversos escenarios a lo largo del proceso de la Convención que han mermado la información de su trabajo y del contenido de la nueva Carta Magna.
En esa línea el representante enfatizó la relevancia de educar y de entregar herramientas a la población para comprender el texto desde una lectura transversal, más que detenerse en la discusión de aspectos técnicos como los quórums.
Al respecto, enfatizó que el nuevo cuerpo normativo se encuentra en un marco único de su género, poseyendo un peso específico respecto a los derechos humanos y en donde es posible reafirmar principios de forma real, como el derecho a la igualdad y no discriminación, de los pueblos indigendas, de las mujeres, de los afrodescendientes, y de temas como la discapacidad, el cuidado, migrantes y refugiados.
El especialista también se refirió a la controversia vertida sobre la invitación de ex presidentes a la ceremonia de entrega, indicando que detrás de la decisión de no incluirlos por la Convención, existe una crítica popular hacia ciertos actores sociales que no son reconocidos como parte del proceso de transformaciones político y social. Sin embargo, en relación al pronunciamiento de Michelle Bachelet de volver a Chile, lo valoró como contexto que pueda menguar las fuerzas del rechazo y favorecer a consolidar las demandas de DDHH por prohibir la tortura y de garantizar el acceso a la justicia.
