La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informa que, en audiencia ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el 28 de mayo pasado, denunció el grave incumplimiento del Estado chileno de las recomendaciones realizadas por la CIDH, hechas con ocasión de la grave situación de derechos humanos ocurrida en las protestas sociales que se desarrollaron en el país a partir del 18 de octubre de 2019, y que fueron constatadas en la visita in loco a Chile, realizada entre el 25 y 31 de enero de 2020.
En efecto, se mantienen privados de libertad un significativo número de jóvenes manifestantes del estallido social, con grave abuso de la prisión preventiva; Carabineros, a su vez, no sólo sigue reprimiendo legítimas manifestaciones callejeras sino que vulnera los derechos de los Defensores de Derechos Humanos cuando están ejerciendo su rol reconocido por la normativa internacional; se expresó por tanto, la preocupación por la mantención en el actuar policial, de inaceptables patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, todo lo cual se ha visto reforzado por la mantención en el cargo de Director General de Carabineros, a Ricardo Yáñez Reveco, denunciado y querellado como responsable de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH, tanto ante tribunales nacionales como internacionales.
Además, junto con entregar los antecedentes relativos al lento avance de las causas por crímenes contra la humanidad, que seguimos impulsando contra Sebastián Piñera y otros altos personeros de su gobierno, para que no impere la Impunidad, hemos dado cuenta de graves nuevos hechos ocurridos en nuestro país en el contexto de manifestaciones sociales durante el presente año, acompañando las querellas interpuestas por los casos de Francisca Sandoval, comunicadora y activista asesinada el 1° de Mayo, y la del NNA, de iniciales C.S.C.M., agredido físicamente, ambos graves ilícitos cometidos en Estación Central en las que se les imputa responsabilidad a Carabineros, además de la acción judicial interpuesta por agresiones sufridas por defensoras de Derechos Humanos de nuestra Institución, a manos de uniformados.
Por último, planteamos la preocupación por la crisis terminal en que se encuentra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la que se ha visto agravada con la actividad cómplice de su Consejo y su Director, Sergio Micco, quienes, desestimando los informes realizados por sus propios funcionarios, han desistido de impulsar querellas por crímenes contra la humanidad, desconociendo el mandato legal contenido en el artículo 3 N°5 de la propia Ley N° 20.405 Orgánica del INDH.
