Irregularidades y vulneración sistemática caracterizan la historia del joven de 21 años, condenado a siete años de cárcel, una de las penas más altas que ha sido aplicada entre los presos políticos de la revuelta social.
En conversación con el abogado defensor Fernando Leal y Natalia Pinilla, integrante de la Red de Apoyo a Felipe Santana se profundiza en varias de las inconsistencias asociadas al proceso judicial que finalmente decidió sentenciar al joven por la quema de la catedral de la ciudad de Puerto Montt.
En voz del abogado, se señala que llama la atención el trabajo de su primera defensa, cuya ideología contraria a las manifestaciones, su negativa a aceptar colaboración, más su pérdida frente a los tribunales al interponer un recurso de nulidad, llevó a Leal a solicitar un recurso de revisión.
También se alude a la eliminación de imágenes durante el control de detención, la participación de testigos no presenciales, y la aplicación de la pena mayor por incendio en lugar habitado, pese a que la iglesia no se encontraba en funcionamiento al momento de ocurridos los hechos.
Por otro lado, se denuncian las condiciones de precariedad e insalubridad que Felipe ha vivido al interior de la cárcel, circunstancia que acrecienta la situación de vulnerabilidad que ha marcado la historia de vida del joven.
Para el especialista el encarcelamiento de quienes se manifestaron en el contexto del estallido social, no solo representa una criminalización de la protesta, sino también corresponde a un crimen de lesa humanidad. Por lo cual, el abogado llamó al candidato Gabriel Boric a tener en cuenta que frente a una posible elección, no es justo que una sentencia ejecutoriada no de espacio al indulto, recurso que también está dentro de las facultades del máximo mandatario de la República.
