A una semana de que el Senado se decidiera votar en particular el proyecto de Indulto General para los presos del estallido social, se aborda junto a Raquel Torres del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta y a la doctora Tamara Ahumada, integrante del Movimiento Salud en Resistencia, la situación de salud de los presos de la cárcel Santiago 1.
Llevando un registro semanal desde agosto del año 2020, la especialista Tamara Ahumada da cuenta de los datos proporcionados por los informes emitidos desde el Equipo Sanitario Colaborador (ESC) en donde se constata que el 90% de los evaluados han presentado en algún momento lesiones y/o historia por infestación de chinches o sarna, un 70% tiene bajas considerables de peso (entre 10 a 20 kilos) y la mitad de ellos presenta patologías de salud mental, tratamiento para el manejo de dolores crónicos, entre otros.
La doctora indica que las condiciones sanitarias y de alimentación al interior de la cárcel son deplorables. Tal como ha sido denunciado en años anteriores, la comida a cargo de las concesionarias consta de un pan semi-congelado y un té, almuerzos de una papa y un huevo duro lo que se repite en la cena, estableciendo ayunos de más de 12 horas. No se consumen casi vegetales, lo cual afecta claramente las condiciones gastrointestinales de los presos.
Junto con ello indica que la empresa a cargo no respeta otras dietas de los internos, de modo que algunos tienen que esperar las encomiendas para proporcionarse la alimentación semanal, la que no se alcanza a cubrir completamente.
En lo referente a la salud mental, la doctora Ahumada indica que tres pacientes se encuentran en estado graves (presentando intentos suicidas o signos de sospechar un riesgo importante). Se ha solicitado su hospitalización, pero frente a la nula respuesta de la concesionaria la organización de salud tramitó vía judicial su internación.
La especialista ha señalado que ante los hechos en donde las normativas de salud han sido incumplidas y la concesionaria no ha proporcionado los tratamientos vitales, la respuesta del MOP como entidad que fiscaliza a las empresas carcelarias, estimó que frente a la situación habría una diferencia de criterio médico entre la firma privada y la organización de salud informante.
Por otro lado, acerca de las manifestaciones de parte de algunos convencionales por el avance de la ley, Raquel Torres indicó que existe un compromiso anterior al inicio de la Convención, y que también se espera que el apoyo crezca al interior del parlamento, en particular dentro de las mismas bancadas.
Finalmente, Raquel Torres destacó que durante la semana del 18 de octubre se realizarán actividades de apoyo en el exterior a través de los espacios de las embajadas.
