Señalando como prueba ilícita los antecedentes aportados en la reciente condena de Benjamín Salazar por la quema de la estación Metro Pedrero, el abogado de la ONG Defensoría Popular indicó que existe una persistencia en la vulneración de la norma al no haber referencia suficiente de los videos sobre quién grabó las cámaras, quién levantó las imágenes, quién entregó esas cámaras y quién las apagó, lo que conduce a afirmar manipulación de las pruebas presentadas.
El abogado, manifestó que acudirán a la Corte Suprema al tiempo que también expresó su expectativa respecto al proyecto de ley de indulto general que busca la libertad de los presos de la revuelta.
