De acuerdo al reciente informe emitido por el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez, se indica que entre el 2010 y 2019 se decretaron 20.535 órdenes de expulsión administrativa que no se ejecutaron.
En conversación con el sociólogo y académico de la Universidad, Luis Eduardo Thayer, se observa el incremento de estas acciones dentro de la política migratoria que se traduce en que actualmente alrededor de 10 mil personas se encuentren en calidad de “expulsados residentes”, a lo que se suman recientes expulsiones ilegales en el norte del país.
