La concejala y candidata a alcaldesa por Santiago, Irací Hassler, acompañada de parlamentarios y actores de la educación, presentó un requerimiento a la Contraloría solicitando un pronunciamiento de legalidad e infracciones a la probidad administrativa, sobre un grupo de coordinación vía whatsapp entre Carabineros y civiles funcionarios del alcalde Alessandri y la Dirección del Instituto Nacional Barros Arana, en el cual se divulgaba información privada de estudiantes menores de edad.
Según detalló Iracì Hassler el despliegue mediante drones y registro fotográfico y la inclusión de profesores a grupos de coordinación para vigilar a los alumnos, presenta una acción gravísima y que no puede quedar impune.
La concejala y postulante al municipio de Santiago denunció que existe una articulación mediática encabezada por el alcalde Alessandri avalada por la ley Aula Segura, con el fin de desprestigiar a las comunidades educativas.
Para el diputado por el distrito 10 Giorgio Jackson utilizar a menores de edad y extorsionar a profesores para que sean literalmente “soplones” a la conveniencia del edil de Santiago, es algo que rompe cualquier lógica y respeto a los derechos más esenciales,
Giorgio Jackson emplazó al alcalde Felipe Alessandri a responder por este caso de espionaje abiertamente ilegal en contra de los alumnos y docentes, pues vulnera un principio básico constitucional como es el de la privacidad.
Del mismo modo Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, consideró inaudito utilizar a elementos tan gravitantes para el proceso educativo como son los profesores, para ejecutar políticas de persecución y criminalización en contra de los alumnos.
La candidata a concejala por Santiago Dafne Concha, reiteró su rechazo a la persecución penal en contra de las comunidades escolares, pues estas organizaciones deben, en un eventual regreso presencial, estar preparadas para resguardar y proteger a los niños y adolescentes y no cércalos policialmente como pretende Alessandri.
En respaldo a esta presentación ante la Contraloría, la ex presidenta de la FECH, Emilia Schenider, exigió el mayor rigor de la ley en contra de todos los involucrados en este episodio de espionaje escolar ejecutado por la administración de la Derecha en Santiago.
Lorena Avalos, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del INBA reveló las amenazas, intimidaciones y castigos sufridos por los estudiantes en aplicación de normas abusivas como es Aula Segura.
Según consta en la presentación hecha por la concejala Iraci Hassler ante la Contraloría, existió en un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, donde se interactuaba para buscar evidencias que permitieron expulsar o detener estudiantes. El alcalde de Santiago además presionaba a través de sus funcionarios a los docentes para obtener información y para que se aplicaran sanciones cada vez más duras.
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