Transcurridos 10 años desde el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, donde perdieron la vida 81 reclusos y tras una serie de resoluciones judiciales que absolvieron a los gendarmes encargados de la seguridad de la recinto por cuasidelito de homicidio, finalmente la Corte Interamericana de DD.HH. decidió reabrir el caso acusando negligencia y silencio inexcusable del Estado de Chile ante estos graves sucesos.
Al respecto el abogado Fernando Monsalve, representante de parte de las familias de los internos que murieron calcinados el 8 de diciembre del 2010, y quien presentó una denuncia ante el organismo internacional, explicó que esta resolución surge ante un Estado que incumplió y sigue incumpliendo normas humanitarias esenciales.
El abogado denunció que esta resolución de la Corte Interamericana de DD.HH. revela la indiferencia de este gobierno por acatar disposiciones internacionales relativas al respeto por las garantías esenciales de las personas, más allá de su condición.
Fernando Monsalve insistió que a propósito de lo ocurrido en el incendio del penal de San Miguel, no es posible negar la más mínima condición de dignidad , incluso para aquellos que han infringido la ley y por lo cual cumplen condenas privativas de libertad.
Consignar que en su respuesta ante el requerimiento de los familiares de 15 de las víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel por falta de persecución en investigación penal , la Corte Interamericana de DD.HH. exigió al Estado los antecedentes sobre esta situación , lo que al no concretarse, motivó al organismo internacional a insistir en esta petición, entregando un plazo al Estado de 4 meses, prorrogable a 6, para responder en este caso.
