La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados inició este miércoles la tramitación de un proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, ingresada en agosto del 2018 por diputadas de oposición, reforma los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, en los que se estipulan las sanciones contra la interrupción del embarazo, y les agrega que éstas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre “después de las catorce semanas de gestación”.
La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Karol Cariola, explicó que si bien no tienen las facultades para presentar un proyecto de ley que legalice el aborto, la iniciativa actual busca que no sea considerado como un delito.
En ese sentido, la parlamentaria detalló que en caso de legalizarse el aborto, tendrían que facultar a los servicios públicos de salud para que entregaran dicha prestación, sin embargo la despenalización, consiste en establecer que no es un delito el interrumpir el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación.
Karol Cariola destacó que por primera vez en Chile, un proyecto de ley sobre aborto será debatido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género, instancia donde dijo esperar que se dé un debate con altura de miras.
La diputada comunista dijo esperar que la discusión legislativa sea con la mayor responsabilidad posible, poniendo al centro la consolidación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.
Karol Cariola aclaró que seguir penalizando la interrupción del embarazo, implica poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, considerando que según cifras del Minsal, en Chile se cursan entre 30 mil y 50 mil abortos clandestinos al año.
Por otro lado, la diputada Cariola, descartó que el Gobierno esté disponible a abrir la discusión, si ni si quiera se han querido hacer cargo de las situaciones de violencia de género.
Cabe consignar que la iniciativa no garantiza ni provee la prestación ni el acompañamiento del Estado, porque requiere presupuesto, y con ello el patrocinio del Ejecutivo.
Al respecto, la congresista cuestionó que el gobierno tenga la voluntad política de avanzar en los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, si ni si quiera ha hecho algún esfuerzo por sacar adelante la ley marco del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
