La Red Chilena contra la Violencia ya contabiliza 59 femicidios desde el inicio del 2020 a la fecha. Sólo en diciembre, se registraron 3 nuevos crímenes de esa connotación; una mujer asesinada por su conviviente, otra secuestrada por su ex pareja por cinco días y la última, víctima de un femicidio frustrado. Además, un estudio realizado este 2020 por la Corporación Miles en conjunto con el Centro de Estudios de la Mujer reveló que 1 de cada 3 mujeres sufrió algún tipo de violencia durante la pandemia.
Bárbara Sepúlveda, precandidata a constituyente y directora ejecutiva saliente de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), afirmó que una de las grandes deficiencias del Estado radica en la ausencia de políticas robustas en torno a la prevención de la violencia de género.
En su diagnóstico, esta oleada de violencia debe ser una temática central en el marco del proceso constituyente, pues se requiere de una nueva Carta Fundamental que resguarde la integridad física y psíquica, tanto de las mujeres como de las disidencias sexuales.
La abogada constitucionalista aclaró que la solución no pasa por aumentar las sanciones para los feminicidas, sino que por un enfoque preventivo que permita focalizar la violencia de género a partir de la planificación territorial.
Bárbara Sepúlveda añadió que la nueva Constitución debe establecer un nuevo rol para los poderes del Estado, cuyo operar se han caracterizado por denostar constantemente a las mujeres que sufren situaciones de violencia.
Por su parte, Natalia Cuevas, concejala de Recoleta y encargada de mujeres del Partido Comunista, dijo que las temáticas de género deben estar puestas al centro del proceso constituyente, dada la insuficiencia de la institucionalidad a la hora de abordar dicha problemática.
La concejala de Recoleta remarcó que muchos municipios no poseen los recursos suficientes para implementar políticas de abordaje y prevención de la violencia de género en el plano local.
Natalia Cuevas denunció que el gobierno ha retrotraído muchos avances del anterior mandato, liderado por Michelle Bachelet, y prueba de ello, es el cierre de varios centros de la mujer, sumado a una serie de recortes presupuestarios y término de contratos a personal especializado en materias de violencia de género.
Además de los 59 femicidios contabilizados por la Red Chilena contra la violencia, se calcula que los intentos de asesinato suman el triple de los consumados, y esa organización señala además que desde 2017 se mantienen sin esclarecer 80 muertes de mujeres.
