La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) ingresó, ante la Contraloría General de la República, una denuncia por graves hechos constitutivos de vulneraciones a los Derechos Humanos, solicitando, que se instruya un sumario administrativo a funcionarios de las Unidades de Control del Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona bajo cuya responsabilidad actúan, y que han participado en procedimientos para disolver manifestaciones en las inmediaciones de Plaza Baquedano y diversas comunas de la Región Metropolitana.
El sumario administrativo solicitado por la comisión chilena de derechos humanos dice relación con el uso irracional y desproporcionado de la fuerza, y el despliegue, uso y abuso de elementos disuasivos, fuera de todo protocolo vigente, que afectan gravemente la salud de las personas e incluso pueden tener efectos letales.
En el escrito, se adjuntan antecedentes relativos a la situación que afectó a Javiera Monsalves Moya, quien debidamente identificada, el 8 de noviembre 2020, se encontraba ejerciendo labores como Observadora y Defensora de Derechos Humanos en las inmediaciones de Avda. Los Presidentes con Avda. Caracas, en la comuna de Peñalolén, cuando fue brutalmente rociada con gas pimienta en la cara y brutalmente golpeada por funcionarios de Carabineros de la 43° Sub Comisaría de Peñalolén que realizaban detenciones a manifestantes.
Monsalves Moya portaba su credencial, chaqueta y casco rotulado con logo comisión chilena de derechos humanos cuando se acercó para conocer de los detenidos, resultando brutalmente agredida. Se constató con una infección química en ambos ojos, severos daños en su cornea derecha, y dermatitis química extensa.
El abogado y presidente de la CCDH, Carlos Margotta, denunció que el uso de elementos químicos de carácter disuasivo por parte de Carabineros, se aleja de los protocolos exigidos por estándares internacionales de Derechos Humanos.
Carlos Margotta remarcó que la vulneración de estándares internacionales en el actuar de Carabineros, ya había quedado establecida en las recomendaciones del alto Comisionado de Naciones Unidas en 2019, siendo esto un mal precedente institucional, a propósito de la investigación en curso.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, remarcó que existe un patrón policial autorizado por el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y respaldado tanto por el ministro del Interior como el presidente de la República.
El abogado Margotta afirmó que el control del orden público debe ser realizado según estándares internacionales de Derechos Humanos, en el marco de una reestructuración profunda de Carabineros.
Carlos Margotta fue enfático en aclarar que Sebastián Piñera es el principal responsable de la violencia policial y sus consecuencias, pues no ha tenido la voluntad política de terminar con la represión en Chile.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos también puso a disposición de la Contraloría General de la República otros testimonios fotográficos relativos al uso y a los efectos de elementos disuasivos químicos, utilizados por Carabineros los días 3 y 23 de octubre, así como en 20 y 27 de noviembre 2020.
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