Frente al anuncio del Ministro de Educación en que señala que la realización del SIMCE en el año 2020 será solo con fines de Diagnóstico, nos parece pertinente declarar o siguiente:
Un supuesto básico para una evaluación válida y justa es que exista garantía de que los evaluados han tenido acceso a aquello que se va a evaluar. Esto actualmente no ocurre, por lo que no es técnicamente sostenible que, en las condiciones del presente año, su aplicación resulte en alguna utilidad.
Estamos en un contexto en que tanto los expertos académicos como representantes de los docentes han dicho que la prioridad debe ser la contención y el bienestar psicológico y emocional, así como la flexibilidad para ajustar y contextualizar el currículum. Una medida como mantener el SIMCE va en contra de todas estas directrices. Ello se suma a la opinión casi unánime de la academia y los actores educacionales en orden a la suspensión del SIMCE.
El SIMCE no ha demostrado tener efectos positivos sobre la calidad y la equidad. Muy por el contrario, sus consecuencias negativas en términos pedagógicos, de condiciones de trabajo de los docentes y de segregación han sido ampliamente documentadas por la investigación de los últimos 10 años. Si ya no se entiende por qué se continúa con esta evaluación en general, más inexplicable resulta apelar a su utilidad en un contexto como el actual.
Considerando lo que genera en las comunidades escolares en términos de agobio, estrés y distorsión de sus actividades, este anuncio resulta insensible y vuelve a reflejar la necesidad de que los gestores de política conozcan la realidad de las escuelas y empaticen con ella. El retorno a clases presenciales deberá ser un periodo de reencuentro, contención emocional, reconstrucción de seguridades y relaciones. En términos educacionales, de recuperación y nivelación.
Vale la pena recordar que la aplicación de esta prueba tiene un presupuesto asignado de más de 18 mil millones de pesos. Dado el contexto nacional, las rebajas presupuestarias ya realizadas por el Mineduc y lo evidentemente innecesario de su aplicación, no resultan explicables ni justificables. Por ello invitamos al gobierno a redestinar dichos recursos a objetivos que tengan mayor urgencia y utilidad para mejorar efectivamente la educación de nuestro país.
Finalmente, queremos recordar que se ha solicitado en distintas oportunidades al Ministerio de Educación, y frente a diversas medidas que resultan cuestionables, a abrir espacios de diálogo para recibir los aportes y opiniones de organizaciones, especialistas, académicos y comunidades escolares a través de una mesa amplia que entregue propuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lamentamos profundamente la negativa que se ha dado a esta idea, por lo que invitamos a los distintos actores sociales del sector a auto convocarnos y formar una instancia amplia que pueda entregar propuestas concretas al Ministerio de Educación, opinión pública y ciudadanía.
Firman:
Senadora Yasna Provoste
Diputada Cristina Girardi
Diputado Rodrigo Gonzalez
Diputada Camila Vallejo
Diputada Camila Rojas
Diputado Juan Santana
Senador Juan Ignacio Latorre
Senador Guido Girardi
Senador Carlos Montes
Senador Jaime Quintana
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile
Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública (EVEP)
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Centre UC para la Transformación Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Mesa Social Educación Chile (MeSECh)
Coordinador de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)
Organización, unidos por la educación (Liceos Emblemáticos y Escuelas Básicas) Dra. Teresa Florez Petour, Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.
Víctor Orellana Calderón, Fundación Nodo XXI
Iván Salinas Barrios, Fundación Nodo XXI
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La opinión del magisterio comunista
El profesorado, entre otras responsabilidades profesionales, por excelencia es un evaluador. Su quehacer obliga a la constante revisión de la marcha del proceso en sus estudiantes; desde la observación de la actividad o un instrumento de medición dirigido a los objetivos de aprendizajes del momento, es para obtener información para las correcciones que seguramente se necesitan para el siguiente momento del proceso. Del mismo modo, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) debiera ser la fuente de información para el mejoramiento en los aspectos deficitarios, que en los hechos, no ocurre, se ha transformado en una fuente para la justificación de despidos de docentes, en la amenaza constante de cierre de escuelas y liceos, estigmatizando negativamente a la Educación Pública y favoreciendo la proliferación y mercadeo de quienes profitan de la educación privada. Bien sabemos del deterioro sostenido que tuvo la Educación Pública desde la instauración de la dictadura de Pinochet, que comienza con el traspaso de administración de los establecimientos públicos a las municipalidades desde el año 1981 (hasta el año 1987), perdiendo sólo por este hecho la cobertura pública medio millón de alumnos hacia el año 1990[1], postura ideología que aún permanece presente en la derecha y que lo ejemplifica el concepto acuñado por el Piñera, donde la Educación es un bien de consumo.
En horas de esta mañana, y utilizando las redes sociales para conocimiento de las comunidades educativas, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció la aplicación de la prueba Simce 2020 a los estudiantes de 4° básico, 6° básico y 2do medio, debido a la importancia de los resultados que entrega la medición para mejoras del Sistema, asegurando que este proceso “tendrá un carácter diagnóstico sin consecuencias para las escuelas”. ¿Qué diagnóstico se espera en una situación de catástrofe sanitaria? ¿Qué respuesta se espera de la comunidad escolar en todos los territorios del país?.
Estamos en una situación donde los efectos del Covid-19 comienzan a sentirse con mayor intensidad en el sistema de salud, decretándose hoy cuarentena total para el Gran Santiago, y sin claridad de un retorno a clases bajo condiciones necesarias de salubridad. Asumiendo este complejo escenario sanitario, creemos que la tozudez del Ministro Figueroa de avanzar en la aplicación del SIMCE no responde a necesidades educativas para la implementación de mejoras al Sistema, sino que a obligaciones puramente económicas, como la elaboración, producción, aplicación, corrección y publicación de resultados. El presupuesto de 18 mil millones de pesos asignado para la aplicación del SIMCE este año, debiera tener otro destinatario, como por ejemplo abastecer de insumos a la red de salud pública del país o en mejorar la entrega de canastas familiares del programa JUNAEB. Asimismo, no hay certeza de que los resultados que arroje el SIMCE 2020 tengan un carácter de diagnóstico, sin consecuencias para las escuelas, puesto que la actitud ministerial del último tiempo ha sido contradictoria y errática, a la hora de establecer acciones concretas que beneficien a las comunidades escolares frente a la Pandemia.
Como Profesores/as y Dirigentes/as de Magisterio Comunista hemos denunciado desde el inicio de la aplicación del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, los efectos negativos que tienen este tipo de mediciones sobre la Educación Pública y que permiten el avance de la estandarización y el libre mercado en el sistema. Nuestro rechazo a este tipo de evaluaciones, que no buscan medir la calidad y equidad del sistema escolar, sino que establecer criterios de selección y rankings de los establecimientos, se fundamenta en los hechos a partir de la lamentable situación han sufrido con el cierre 416 establecimientos educativos el último año. El Sistema Escolar Público, puesto en primer lugar como aseguramiento de una calidad educativa, debe administrarse por el Estado a través del aceleramiento de los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLE), y ciertamente se requieren de mediciones que permitan conocer el estado de la educación del país, pero sobre la base de una evaluación formativa, cuya información sea recibida por las escuelas y liceos para el desarrollo de instancias de retroalimentación y mejoras continuas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, involucrando a toda la comunidad escolar.
La excepcionalidad de este año escolar requiere que las medidas que busque adoptar el Ministerio de Educación cuente con la participación de Los/as Trabajadores/as de la Educación, puesto que son ellos/as y sus familias quienes se ven afectados con este tipo de medidas que agudizan el agobio y el estrés provocado por la pandemia. Nosotros continuaremos demandando el derecho a la Educación para todas y todos, garantizada en una Nueva Constitución para Chile.
COMISIÓN NACIONAL MAGISTERIO COMUNISTA
[1] Manuel Riesco, “La crítica a la Educación Chilena”, CEME, Pág. 6
