(Por Paulina Cartagena Vidal / Vicepresidenta RM / Colegio de Profesores de Chile). Este lunes 18 de noviembre, cuando se cumplió un mes del estallido social que cambió por completo las prioridades del país, la Agencia de la Calidad de la Educación, en conjunto con el Mineduc, comunicaron a los establecimientos la aplicación la prueba Simce para 4to básico (20 y 21 de noviembre) obviando en todo momento la situación general del país, y en particular, el estado actual de las comunidades educativas, tanto municipales como particulares subvencionados, que están solicitando la finalización año escolar como consecuencia de la propia incapacidad del Estado por garantizar el servicio educativo.
Como es sabido, el surgimiento de las pruebas estandarizadas vino de la mano con el proceso de municipalización de las escuelas y liceos durante la dictadura, proceso que se desarrolla en conjunto con la introducción del voucher en la educación. No fue sino a fines de la década de los 80’ cuando se establece el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) como el instrumento de medición de la calidad de la educación, medida que en ningún momento fue consultada con el Colegio de Profesores. Esto significó, en la práctica, apartar al gremio de la discusión, formulación y definición de las políticas educativas, estableciéndose en su lugar la desconfianza hacia el saber docente, que posteriormente se trasladaría a la normativa que rige nuestro ejercicio (Estatuto Docente, Evaluación Docente, etc.).
Esto vuelve a repetirse 30 años después. La imposición que busca llevar a cabo el Mineduc, con la aplicación de un Simce “flexible”, en ningún caso fue analizada considerando la situación que viven cientos de profesoras y profesores en sus respectivas comunas, como tampoco atendiendo el estado social y emocional de los estudiantes a los cuales buscan aplicar la medición. Esto último atenta contra los derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño (1989) dado que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, no está garantizando la plena protección y asistencia de niños y niñas que están creciendo en este contexto represivo.
De esta forma, creemos necesario suspender la aplicación del Simce para 4to básico y atender la realidad que viven gran parte de las comunidades educativas. Esta necesidad es también expresada por la Asociación de Funcionarios de la Agencia, quienes tampoco han podido desarrollar su actividad cotidiana producto del clima que ha instaurado el gobierno en el país.
Todo parece indicar que las autoridades no han tomado real conciencia de la crítica que ha levantado el movimiento social en las últimas semanas. La necesidad de que el pueblo participe en la definición de la política pública, y en nuestro caso como Colegio de Profesoras y Profesores de la política educativa, se ha expresado con fuerza en las calles, exigiendo que la sociedad sea parte activa de la construcción de un país más justo y democrático a través de una auténtica Asamblea Constituyente.
