En compañía de la Diputada Camila Vallejo llegaron al ente fiscalizador para que investigue el uso de recursos en “asuntos que no están dentro de sus competencias”.
Un nuevo inconveniente suma la polémica consulta ciudadana que pretende restringir el libre tránsito de jóvenes menores de 16 años desde un horario a determinar realizada el pasado domingo en 8 comunas del país, ya que a la baja participación (sólo un 8,9% del padrón habilitado), se suma quelas Juventudes Comunistas junto a la Diputada Camila Vallejo acudieron a la Contraloría General de la República documentando antecedentes sobre un eventual mal uso de recursos públicos.
En la acción, Camilo Sánchez, el presidente de las JJCC, resaltó que “la gente le dio la espalda a la criminalización de la juventud y a estos anuncios populistas. A pesar de toda la costosa campaña mediática que implementaron, no lograron convocar ni al 9% del padrón”.
Asimismo, Sánchez advirtió que “los alcaldes y alcaldesas involucradas tendrán que dar explicaciones por el uso de recursos en asuntos que no están dentro de sus competencias”, y agregó:”esta costosa pirotecnia contra la juventud debe parar. Esta fue solo una cortina de humo para cubrir la inoperancias de las autoridades frente a al narcotráfico”.
Por su parte, la Diputada Camila Vallejo, señaló que “no solamente estamos ante una consulta que ha excedido las atribuciones jurídicas y administrativas de los municipios, sino que también tenemos un problema de fondo, aquí hay un 91% de la población que le dio la espalda a la consulta sobre la cual los municipios pretenden imponer una restricción de derechos”.
“Cuando una sociedad busca restringir derechos, particularmente a los menores de edad, no lo puede hacer simplemente por vía administrativa en un municipio. Esto es un tema delicado, que involucra una discusión legislativa, y por cierto en primera instancia consultarle a los menores”, añadió la Parlamentaria por el Distrito 12, que incluye a la comuna de La Florida.
Finalmente, el abogado Luis Cuello enfatizó que “la Contraloría ha establecido claramente que los recursos financieros de las municipalidades deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios. Imponer un toque de queda es completamente ajeno a una municipalidad. En esta consulta se contraviene también el principio de probidad, pues se empleó a personal y recursos en una consulta inútil, cuyo propósito es imposible de implementar”.
