A juicio de la Asociación de Magistrados de Chile “las causas que han permitido esta situación pasaría por la forma en que está estructurado el diseño institucional que permite una excesiva concentración de las facultades administrativas en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema”.
La Comisión Investigadora por el denominado Caso Jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, recibió en sesión de hoy a dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile y del Colegio de Abogados de Chile, con quienes se analizó “cuáles podrían ser las causas que han permitido la situación que estamos investigando en este desastre de Rancagua”, señaló la presidenta.
Al respecto, Sepúlveda catalogó como “una sesión muy buena y además bastante concluyente, pues hubo un común denominador entre los dos expositores, en relación con cuales serían las malas prácticas que hoy día tenemos en los tribunales, y cómo de alguna manera también los incentivos para poder desarrollar la carrera en tribunales son perversos, porque tiene que ver con estímulo que son negativos precisamente para impartir la justicia”.
“Esperamos afinar y tener muchos más detalles en términos de cuáles son los puntos críticos en relación a las decisiones que tienen que tomar los magistrados, pero también las múltiples funciones que realizan y no les permite tener el foco en lo que tiene que ver con impartir justicia, sino que más bien los obliga a realizar otras funciones administrativas, como calificaciones, ascensos y designaciones que inevitablemente hacen que se pierda el foco en lo realmente importante que es impartir justicia”.
Lo anterior, principalmente reforzado en la exposición del director de la Asociación de Magistrados de Chile, Mauricio Olave, quien indicó que “las causas que han permitido la situación que está investigándose a nuestro entender pasa por las deficiencias en la forma en que está estructurado el diseño institucional que regula el gobierno institucional de los jueces, que permite una excesiva concentración de las facultades gerenciales o administrativas en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema y deja espacios para que existan lugares aptos para corrupción, vale decir, la forma en que está organizada la carrera judicial, con la concentración de poderes en las cortes para designar quiénes son los que ingresan al Poder Judicial, quiénes ascienden en el mismo, quiénes salen del sistema distrayendo de la labor esencial de los jueces que es resolver en derecho”.
Sin embargo, Olave destacó que “no hemos recibido otras denuncias y esperamos que estas cosas no se repitan, lo que hemos venido diciendo eso si es que no podemos darle garantía a la ciudadanía de que estas cosas no se repitan si no somos capaces de modificar drásticamente el diseño institucional. Y eso hemos venido a expresar aquí y hemos recibido bastante feedback de la comisión que nos ha mirado con respeto y ha puesto atención a las cosas que le hemos señalado y nos vamos más confiados hoy de que este Congreso pueda tomar cartas en el asunto y entrar a la discusión que es lo que esperamos”, concluyó.
