La agrupación “Hijos y Madres del Silencio”, compuesta por víctimas de adopciones ilegales en nuestro país, acusaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, de incumplir su palabra suscrita en la comisión de Familia de la Cámara, en donde indicó que otorgarían recursos del Estado a la investigación que lidera el ministro Mario Carroza por adopciones ilegales y sustracción de menores, situación que en definitiva no se ha cumplido.
Así lo denunció la vicepresidenta de la organización, Ana María Olivares, quien expresó que en su oportunidad le hicieron notar al titular de Justicia lo complejo que resulta investigar estos casos de sustracción ilegal de menores-en los que se configura el delito de secuestro, dada la escases de recursos para esta labor, y ahora Hernán Larraín desconoce esta situación.
La dirigenta de esta organización de Derechos Humanos comentó que hasta ahora, el juez Mario Carroza, apoyado de un equipo de la Policía de Investigaciones, investiga las más de 10 mil denuncias que existen actualmente por este delito de sustracción de menores que datan desde la década del 50’ hasta los años 2000, pudiendo incluso esta cifra incrementarse hasta 20 mil personas.
Ana María Olivares reconoció que la sustracción ilegal de menores se acentuó en la Dictadura, lo cual fue favorecido por los agentes del Estado, jueces, médicos, enfermeras, asistentes sociales, además de la Iglesia quienes permitieron la ejecución de estos delitos de lesa humanidad.
Finalmente la vicepresidenta de la Agrupación “Hijos y Madres del Silencio”, Ana María Olivares, anunció que solicitarán una reunión lo antes posible con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, además del ministro Ricardo Blanco, encargado del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema, y con el propio ministro Carroza para que de una vez por todas se tome en serio un problema que es de profunda gravedad para nuestra sociedad y que sigue plenamente vigente.
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