Parlamentarios junto a organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del caso quemados, concurrieron hasta los Tribunales de Justicia para anunciar que apelaran a las sentencias dictadas en el marco de esta investigación, por parte del Ministro Mario Carroza, al considerar que el nivel de las sanciones a los victimarios es exigua en relación a la cuantía del crimen cometido por agentes de la Dictadura.
Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas, si bien valoró el fallo del ministro Mario Carroza en la investigación, cuestionó el tiempo al que fueron sentenciados los militares considerados responsables del homicidio calificado de su hijo y de Carmen Gloria Quintana, este último en calidad de frustrado.
Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira lamentó también lo irrisorio de las penas asignadas a lo que consideró un crimen alevoso, lo cual refleja a su juicio un nuevo capítulo de impunidad por parte de la justicia y la interpretación del código penal a favor de los criminales de lesa humanidad.
En tanto Luis Toro, uno de los abogado querellante en el caso quemados, insistió en que tras esta resolución quedó descartada la figura del cuasidelito de homicidio, evidenciando la concurrencia de un homicidio premeditado en contra de Rodrigo Rojas de Negri, lo cual les permitirá solicitar un aumento de las penas para los autores.
Del mismo modo, el diputado y jefe de la bancada comunista, Boris Barrera, concurrió a los Tribunales para solidarizar con la familia de Rodrigo Rojas de Negri, oportunidad en la que repudió la crueldad y ensañamiento con que se actuó en épocas de la Dictadura.
Uno de los principales cuestionamientos de De Negri es que Pedro Fernández Dittus haya sido exculpado del cargo de encubridor. El juez considero cosa juzgada, ya que el capitán en retiro ya había sido sentenciado a 600 días de cárcel por el caso quemados, acusado de violencia innecesaria con resultado de muerte y actuar negligente por no prestar ayuda a las víctimas, por lo que desde la parte querellante insistirán en penas que van desde los 50 años de cárcel al presidio perpetuo.
