(Vicepresidente nacional del Colegio de Profesores). Para comprender los objetivos que persigue la derecha al intentar reponer la selección por mérito en el sistema escolar es preciso comprender cuál fue el objetivo fundamental de la ley de Inclusión. Dicho objetivo fue someter los intereses privados al interés público, emparejando la cancha para terminar con los problemas de segregación.
Los cambios impuestos en dictadura implicaban la convicción de que el sistema educativo en su conjunto sería de mejor calidad y más eficiente no gracias a la acción del Estado, sino como resultado de las acciones que los individuos realizan libremente en su propio beneficio. Para materializar esta convicción la derecha destruyó la educación pública e institucionalizó lo que ha sido llamado mercado educativo, superponiendo los intereses particulares al interés general y pretendiendo transformar la educación en un bien de consumo producido por una industria educacional.
En el mercado los intereses privados encontrarían libertad para expresarse y generarían espontáneamente beneficios sociales. El esquema de mercado funcionaría más o menos así: el empresario, que tiene el interés particular de transformar recursos públicos y dinero de las familias en ganancias privadas, va a esforzarse por ofrecer educación de calidad, ya que su negocio depende de la preferencia de los apoderados. Las familias por su parte persiguiendo el interés particular de educar de la mejor manera posible a sus hijos van a elegir la mejor opción a su alcance. Como resultado tendríamos escuelas impulsadas, por la competencia, a mejorar constantemente, cuestión que a la larga produciría un mejor sistema educativo. Sin embargo, la promesa neoliberal jamás se cumplió. La investigación educativa ha demostrado vastamente que la mercantilización de la educación no ha hecho más que profundizar la desigualdad.
En este esquema de mercado la selección exhibe sus peores características, pues implica discriminación de estudiantes por parte de los sostenedores para alcanzar fines particulares, esto es, exhibir mejores resultados en pruebas estandarizadas para ser más atractivos en el mercado. En este contexto, la selección no es un reconocimiento del esfuerzo, sino un mecanismo empresarial para asegurar la calidad de un servicio.
Sin embargo, la selección independientemente del contexto (sistema privatizado o completamente público) privilegia intereses particulares y atenta contra el interés general que debe perseguir cualquier sistema educativo: ofrecer a todos y todas las mismas oportunidades educativas independiente del origen socio-económico y cultural. Ello implica asumir que hay una igualdad intrínseca entre los y las ciudadanas, expresada en el reconocimiento de un derecho inalienable.
La selección atenta contra dicho interés general por dos razones. En primer lugar, la selección (por mérito o por cualquier otro factor) implica que las oportunidades educativas no son para todos ni para todos iguales y que, por lo tanto, la segregación escolar es una característica inherente de los sistemas educativos. En segundo lugar, en la medida en que la segregación es un hecho, es decir, es inevitable la desigual distribución de las oportunidades educativas, existirían distinciones arbitrarias entre los ciudadanos, en virtud de las cuales unos tendrían derecho a un tipo de educación y otros, a otros tipos. La selección escolar implica, entonces, discriminar arbitrariamente (distinguiendo entre ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría) y utilizar recursos públicos para beneficiar a unos en desmedro de otros, acentuando la desigualdad de origen y profundizando la desigualdad social.
Como respuesta a los vicios generados por un sistema educativo orientado por fines particulares que niegan el interés general del cual hemos hablado, el pasado gobierno dictó la llamada Ley de Inclusión. Con esta ley se ha conseguido por primera vez en casi 40 años que los principios de la educación pública sean los que orienten el sistema educativo en su conjunto y no ya intereses individuales que se abrirían paso solo en un contexto de competencia.
Cuando el Estado garantiza un derecho no puede perseguir intereses particulares, es decir, no puede, entre otras cosas, generar ganancias privadas, ni cobrar a las familias ni discriminar. Esto significa que la educación provista por el Estado debe necesariamente estar abierta a todos y todas, porque los y las reconoce como ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. En consecuencia, haber terminado con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos privados que reciben financiamiento estatal, significó extender en todo el sistema educativo principios fundamentales de la educación pública.
Lo que busca hoy la derecha desde el gobierno (pues ya lo intentó cuando se discutía la ley de Inclusión, acudiendo al Tribunal Constitucional) es alcanzar un triunfo ideológico para instalar la idea de que el destino de cada cual depende exclusivamente del esfuerzo personal, pues lo que está en juego no es “reconocer el valor y legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país” ni “devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos” (como señaló Piñera en una reciente columna publicada en El Mercurio), sino los principios normativos del sistema educativo. La derecha busca instalar la idea de que la desigualdad es una característica inherente de toda sociedad (de allí que sea legítimo seleccionar) y que no hay nada ni nadie (ni siquiera el interés general que se puede expresar a través del Estado) que podría cambiarlo. Hoy es el momento de frenar a la derecha, defender lo avanzado y profundizar los cambios. Los triunfos en el ámbito educacional nos pueden abrir paso para lograr definitivamente que sean los intereses de la inmensa mayoría de la población y no los de los grandes grupos económicos (encabezados por un puñado de familias) los que orienten el destino del país.
