El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2025 a los 16 gobiernos regionales del país. Específicamente lo revisado fue transparencia activa, es decir, su obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia y actualizarla mensualmente. El informe reveló un promedio nacional de cumplimiento de solo 76,06%, lo que representa el puntaje más bajo desde que se iniciaron estas evaluaciones en 2010, y consolida una tendencia a la baja ya registrada en el año anterior.
Entre las principales deficiencias detectadas, se encuentra la publicación de información presupuestaria y financiera, que conforme a la ley es pública. El cumplimiento en modificaciones presupuestarias apenas alcanzó un 35,7% y en presupuesto asignado, solo se logró un 37,5%. Por su parte, en materia de otras transferencias y aquellas reguladas por la Ley N° 19.862 que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, el cumplimiento promedio llegó solo hasta el 44,9% y 46,9%, respectivamente.
Fue justamente respecto de estas materias en las que además se detectaron inconsistencias entre la información reportada al Consejo por los gobiernos regionales y lo efectivamente publicado en sus sitios web oficiales.
Asimismo, destacan falencias en la publicación sobre mecanismos de participación ciudadana en ejecución con 50% de cumplimiento global y contrataciones de bienes y servicios y contratos relativos a propiedades, ambos con 54,5%.
Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “Este consejo ha llevado y seguirá llevando a cabo de manera habitual estas fiscalizaciones, ya que ello permite observar el rendimiento histórico de los gobiernos regionales en transparencia. Gracias a este trabajo constante, podemos, por ejemplo, comparar estos resultados con los del año pasado, evidenciando que persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan investigaciones por otras instancias fiscalizadoras y por el persecutor penal, cada uno en el ámbito de sus competencias, respecto de posibles usos irregulares de fondos públicos”.
“Poner a disposición de la ciudadanía la información pública que mandata la ley, es un primer paso para fiscalizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Ello, ya que permite a las personas en general, académicos, medios de comunicación y ciudadanos, entre otros, conocer, analizar y escrutar dicha información y así poder saber, por ejemplo, cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”, agregó González.
En cuanto a los rendimientos individuales de los gobiernos regionales, uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al Gobierno Regional de La Araucanía, que experimentó una caída de 35,6 puntos porcentuales respecto del año 2024, bajando de 79,5% a 43,9%. También se detectaron retrocesos significativos en Los Lagos (-23,5 puntos) y Magallanes (-20,6 puntos), este último habiendo liderado el ranking de cumplimiento en la fiscalización previa.
Asimismo, de la observación de los puntajes obtenidos por cada entidad, solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% de cumplimiento en materia de transparencia activa: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%). Por el contrario, Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos no alcanzaron el 65%.
“La gran dispersión en los resultados muestra una falta de estándares mínimos comunes. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia. Por lo anterior, constantemente estamos capacitando a los funcionarios públicos en la materia y recabando y analizando las mejores prácticas, de manera que puedan ser útiles a todas las instituciones para el adecuado cumplimiento de la ley, al tiempo de ejercer nuestra labor fiscalizadora y sancionatoria cuando corresponda”, enfatizó la presidenta del CPLT.
La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
El Consejo hizo un llamado a los gobiernos regionales a tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas, subrayando que el derecho de acceso a la información pública es un pilar de la democracia y la rendición de cuentas.
