[Por Carlos Insunza, dirigente nacional Anef y CUT] El pasado miércoles 30 de diciembre, en los patios del palacio de La Moneda, se realizó uno de los tantos actos impúdicos y vergonzosos a los que el gobierno de Sebastián Piñera se ha acostumbrado a poner en escena. Flanqueado por los ministros de Hacienda y Salud, anunció la promulgación del bono para el personal de salud, en reconocimiento por su rol en la pandemia COViD-19.

Lo cierto es que la ley que se promulgó ese día, penúltimo día hábil del año, es la Ley de Reajuste General del Sector Público, resultado de un proceso de negociación que concitó el rechazo unánime de las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público y que vivió una de las tramitaciones legislativas más accidentadas y dilatadas de los últimos 30 años.

La puesta en escena no pudo ser de peor gusto. Por un lado, el ministro Paris, que durante 7 meses mantuvo a las organizaciones sindicales de la Salud Pública, en mesas de negociación infructuosas que no avanzaron en ninguna de sus demandas de protección y reconocimiento de los/as trabajadores/as de la salud. Por el otro, el ministro Briones, que instaló el proceso de negociación con la Mesa del Sector Público a fines de noviembre, y rechazó sistemáticamente la demanda de reconocimiento a los/as funcionarios/as de la Salud, llegando a expresar en la negociación, que le resultaba inconcebible pagar una bonificación “simplemente” por hacer el trabajo para el que están contratados. Lo cierto es que, la inclusión en la Ley de Reajuste General del Bono Covid-19 para los/as funcionario/as fue de la presión de las bancadas de oposición en el Congreso que rechazaron la idea de legislar en el primer trámite legislativo, así como de aquellas organizaciones sindicales de la Salud que sostuvieron una defensa movilizada de sus demandas.

En buena hora los/as trabajadores/as de la Salud Pública percibirán un reconocimiento económico por el despliegue heroïco que han realizado desde el mes de marzo. Sin embargo, esta etiqueta publicitaria escogida por el gobierno para la promulgación, pretende poner un velo sobre las gravísimas consecuencias de una Ley de Reajuste del Sector Público, que por primera vez impone pérdidas de derechos laborales, salariales y de ingresos para todos/as los/as trabajadores/as del Estado. Y en este caso, decir todos/as, no es una generalización, sino una expresión literal.

La reducción al 50% de los Bonos de Vacaciones y de Término de Negociación, castigan especialmente a los segmentos de funcionarios/as públicos/as de menores ingresos. Incluso considerando el mecanismo de incremento de ingresos para quienes perciben entre los $403.904, ingreso mínimo fijado por ley para las funciones auxiliares, y los $545.000, a quienes perciben este complemento, se les impone un pérdida de $52,000 anuales, es decir un 10% de su ingreso bruto mensual. Para quienes se encuentran en el tramo inmediatamente superior, las pérdidas anuales escalan a $160.000, equivalentes a rangos entre el 30% y 20% de su ingreso bruto mensual. Los profesionales altamente calificados del Sector Público, que perciben ingresos levemente superiores a los $2.000.000, sufren pérdidas anuales equivalentes al 32% de su ingreso mensual, que combinan las pérdidas de bonos, con el efecto del reajuste diferenciado impuesto en la Ley de Reajuste General.

Es cierto que si se trata de trabajadores/as de la Salud, que perciban el Bono Especial COVID-19 porque no todos/as los percibirán, las pérdidas de ingresos se reducen, y para sus estamentos mayoritarios el “reconocimiento” económico a su labor en pandemia, celebrado por el gobierno, será de $40.000 a $70.000 anuales.

La tabla refleja los efectos de la Ley de Reajuste General en sus líneas de corte, y expone con nitidez el verdadero “Portonazo” del ministro Ignacio Briones a los/as Trabajadores/as del Estado. Y de paso desmiente tajantemente el supuesto carácter “progresivo” de su diseño económico, no sólo porque nada tiene de redistributivo reducir los ingresos del trabajo, sino porque en cada tramo, la pérdida tiene mayor impacto en aquellos que menos ganan.

Es innegable que el rol del Congreso Nacional permitió reducir la profundidad de las pérdidas económicas que suponía el Proyecto de Ley inicial. Pero resulta evidente que dichos avances, al menos en sus dimensiones centrales, fueron proyectados previamente por el gobierno e incorporados a una estrategia de negociación que logró finalmente, en lo fundamental, su nefasto objetivo.

Pero además de estas reducciones de ingresos, la redacción remitida por el Ministerio de Hacienda modifica, por primera vez en la historia, la norma que garantiza el derecho de los/as trabajadores/as de las Universidades Públicas no Estatales a los aguinaldos y bonos de la Ley, y una interpretación de mala fe del proceso legislativo podría generar un pérdida de ingresos cercana a los $400.000 anuales a cerca de 100.000 trabajadores/as. Mientras la presión parlamentaria forzó a la inclusión de un artículo laxo que intentará garantizar la inclusión de los/as trabajadores/as de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, que el gobierno había excluído de los beneficios.

En sus aspectos laborales, la Ley continúa la ampliación de autorizaciones para que nuevos servicios públicos incorporen modalidades de teletrabajo desreguladas, que profundizan la precarización ý trasladan a los/as trabajadores/as los costos de su desempeño laboral. Asimismo, da continuidad al proceso de regularización de trabajadores/as a honorarios, sin resolver las problemáticas que bajo esta administración se han evidenciado y reduciendo drásticamente sus cupos anuales de 8.000 a 4.000 plazas.

Adicionalmente, convertida en ley miscelánea, la Ley de Reajuste General se transformó en el vehículo para premiar a los represores. Son, al menos, 5 sus artículos que realizan modificaciones favorables a las fuerzas armadas y de orden, sin que incorpore medidas similares respecto de los demás funcionarios/as públicos/as. Y particularmente vergonzante es su artículo 79, que autoriza a la Dirección de Bienestar de Carabineros a contratar seguros de defensa judicial que beneficiarán a los violadores de derechos humanos.

Pero más allá de continuar la enumeración de pérdidas de derechos o ingresos impuestas por la ley, lo central es constatar que el proceso de Reajuste General del Sector Público supone una dura derrota de clase para los/as trabajadores/as del Estado, pero por sobre todo para el conjunto del Movimiento Sindical y el mundo del trabajo. La imposición de las condiciones patronales descritas, en la única Negociación Ramal de nuestro país, que es además la única Negociación Colectiva que beneficia a cerca de un millón de trabajadores/as, constituye la brutal señal de Briones  al mundo privado, para avanzar en la misma dirección y descargar los costos de la crisis económica sobre los salarios y derechos de los/as trabajadores/as.

Todo lo anterior ocurre a pocos días de haberse publicado el ranking Forbes que reveló cómo el puñado de incomprensibles multimillonarios de rango mundial que produce nuestro modelo económico, ha incrementado su patrimonio en 2020 de forma sideral. Pero claro, ese no es el origen de la inequidad que azota a nuestro país. Para el ministro Briones el problema de la escandalosa desigualdad en nuestro país radica en los/as funcionarios/as públicos/as. Y la verdadera lucha de clases, entre trabajadores/as privados y estatales.

Los mecanismos y profundidad de esta derrota, están lejos de constituir una sorpresa. Ya el proceso de negociación del año 2019, expuso una fractura en las visiones de conducción de la Mesa del Sector Público. El debate entre su comprensión como un instrumento de impulso de las demandas de clase, relevando sus alcances más allá de sus beneficiarios directos, se enfrentaron a la priorización corporativa o de canalización de demandas particulares o sectoriales. Con los efectos de la pandemia a la vista, la necesidad de diseñar un proceso de negociación acotado y centrado en la defensa de los derechos adquiridos, en la recuperación plena del poder adquisitivo de todos/as los/as funcionarios/as públicos/as, en las demandas transversales de lucha contra la precariedad laboral, resultaba imperioso.

El debate del Movimiento Sindical Público no tuvo la capacidad de diseñar un proceso de negociación que diera cuenta de estas condiciones. Lo cierto, es que resulta indispensable resolver si la Negociación Colectiva del Sector Público se proyectará como un instrumento de lucha sindical de los/as funcionarios/as públicos/as al servicio del conjunto de la Clase Trabajadora y la Justicia Social, o seguirá reduciendo su potencia y objetivos para terminar siendo, cada vez menos capaz de canalizar siquiera las demandas y justas aspiraciones de sus beneficiarios/as directas/as. Pero por sobre todo, se debe enfrentar esta discusión a fondo, para proyectar formatos de conducción, de organización e institucionales que superen estas debilidades, cuya raíz también se encuentra en la progresiva fragmentación que ha sufrido el sindicalismo público.