Declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en relación con el proyecto de ley que busca prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler, es decir, la eliminación de la maternidad subrogada

¡No más mercantilización de la vida humana! El vientre materno y los niños y niñas no son objetos transables

En la actualidad, las relaciones sociales y los valores que sostienen a la sociedad han sido trastocados, subordinando las cualidades esenciales de la persona —su intelecto, su sociabilidad y su espiritualidad— al consumo, dicho consumo a la producción y esta última al lucro. En este contexto, se expande de manera descontrolada la hipermecantilización y sexualización del cuerpo, al punto de desvincularlo de su propia condición humana y reducirlo a un mero objeto.

El aumento de la violencia sexual, la normalización de medios cosificantes como OnlyFans, la diversificación y expansión de la violencia intrafamiliar, la destrucción de los hogares y la fragilidad de las relaciones humanas son expresión de una idea en la que el otro deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un mero medio, objeto de deseos y aspiraciones individuales, pero nunca una persona con plena dignidad.

En este escenario, la vida familiar, la reproducción y la sexualidad han sido directamente afectadas por las deformaciones del sistema capitalista, que, bajo el relato de la autopercepción y el reconocimiento como fundamentos de la libertad individual, han generado una nueva forma de explotación para las mujeres más pobres del mundo. De manera proporcional, también han propiciado una nueva forma de mercantilización de los niños y niñas, quienes, antes de nacer, son objeto de actos jurídicos explícitos o simulados que no solo los separan de su familia de origen, sino que además los exponen al comercio como si fueran bienes y no seres humanos.

La humanidad debe recordar el principio fundamental recogido en el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Asimismo, el artículo 4º del mismo texto establece:

“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.

En este sentido, Chile tiene la oportunidad de dar un primer paso en medio de la indiferencia global frente al totalitarismo individualista y subjetivista que socava las democracias occidentales. Es momento de volver a poner en el centro la dignidad humana y la verdadera finalidad del Derecho: la protección y promoción de las personas y comunidades, en especial de la comunidad primera: la familia.

¡Salus populi suprema lex est! (La ley suprema es el bienestar del pueblo) — Cicerón, De Legibus, Lib. III, part. III, sub. VIII.

La verdadera política debe ser el arte de ordenar la sociedad y sus sectores hacia el bien común, entendido como el bien propio de la persona humana, vivido, ejercido y compartido en conformidad con su condición social. La labor del legislador es, por tanto, crear leyes justas que deriven de estos principios fundamentales de dignidad humana.

Reducir el cuerpo de la mujer a un simple medio de producción y considerar al bebé como un objeto que puede ser comprado, vendido, encargado o encomendado es una negación total de este principio. La actual situación irregular que permite estas prácticas, bajo el pretexto de un supuesto “derecho a ser padres” —cuando en realidad la paternidad es un deber—, constituye una grave denigración de la condición humana.

El proyecto de ley que busca prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler, es decir, la eliminación de la maternidad subrogada, representa un avance en la revalorización de la vida humana frente a su instrumentalización. Además, se alinea con las obligaciones del Estado chileno de garantizar la comprensión, difusión y protección del rol social de la maternidad, así como de eliminar todas las formas de trata y explotación contra la mujer, conforme a lo señalado en el artículo 5º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979.

La actual situación jurídica en torno a este tema vulnera los deberes del Estado en lo que respecta al respeto de las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, la familia extendida o la comunidad —según lo establezca la costumbre local—, los tutores o encargados legales de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, pone en riesgo el derecho intrínseco de estos a la vida, la supervivencia y el desarrollo en su entorno familiar, según lo consagran los artículos 5, 6 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Más aún, esta propuesta de ley busca eliminar una vulneración grave de los derechos humanos de la infancia, conforme al numeral 1º del artículo 9º de la mencionada convención, que establece:

“Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”.

A quienes desean legítimamente formar una familia y consideran la maternidad subrogada como una opción, les recordamos que existen alternativas humanas, honestas y justas, como la adopción. Si verdaderamente desean dar un futuro mejor a los niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no optar por brindar un hogar a los menores en situación de abandono? La maternidad subrogada es una forma cruel de esclavitud para las mujeres y de despersonalización tanto de ellas como de sus hijos.

Instamos a los legisladores a cumplir con su deber fundamental de dictar normas que garanticen la justicia y el respeto por la dignidad humana. Su representación no se sustenta en la suma de voluntades individuales ni en quienes financian sus campañas, sino en su compromiso con el bien común y la promoción de los derechos humanos.

La verdadera paz no es fruto del plomo, el acero ni el fuego, sino de la justicia. Solo la justicia garantiza una paz duradera; de lo contrario, solo estaremos sembrando sal en los campos, impidiendo que algo vuelva a florecer.

Finalmente, hacemos un llamado a toda la sociedad civil y a las personas comprometidas con la justicia a respaldar el proyecto de ley que busca prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler, reafirmando así la dignidad de la mujer y de los niños y niñas.

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