INE lanza su primera encuesta nacional para personas LGBTIQ+ tras críticas por excluirlas del Censo 2024
El objetivo del sondeo es conocer la realidad de las diversidades en Chile, especialmente las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan, con el fin de orientar la implementación de políticas públicas. La encuesta surgió luego de críticas contra el INE por haber excluido a las orientaciones sexuales y a las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, lo que valió ser incluido en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia de ese año.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lanzó hoy su primera encuesta nacional para conocer la realidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la situaciones de discriminación que enfrentan tras recibir críticas y protestas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por haber excluido consultas sobre la materias en el Censo 2024.
“Si bien esta encuesta del INE no resuelve la injusta discriminación que sufrimos las personas LGBTIQ+ en el Censo 2024, ni tampoco permite aproximarse a saber cuántos somos, el sondeo aportará estadísticas oficiales de la realidad LGBTIQ+, en especial sobre la situación en regiones, donde el debate sobre estos temas es menor a la Región Metropolitana”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga
Añadió que “animamos a las personas LGBTIQ+ a participar, contribuyendo con ello a mejores argumentaciones para perfeccionar o implementar políticas públicas a favor de la igualdad y la no discriminación”
El sondeo fue lanzado en una ceremonia donde estuvieron el director del INE, Ricardo Vicuña Poblete, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, así como organizaciones sociales, como el Movilh.
La denominada Encuesta Diversidades se compone 66 preguntas trabajadas con unas 38 organizaciones LGBTIQ+, como el Movilh, e indaga sobre los niveles educacionales, ingresos, la nacionalidad, la composición familiar, el estado civil, la pertenencia a pueblos originarios o afrodescendientes y la existencia de alguna dificultad o discapacidad física o mental.
También consulta sobre los procesos de autoconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales diversas, así como sobre las experiencias de discriminación vividas en espacios laborales, educacionales, de salud, familiares o de acceso a la justicia. A la par indaga en torno a las redes de apoyo y de participación en organizaciones sociales.
Desde hoy, y hasta septiembre próximo, las personas LGBTIQ+ mayores de 14 años de cualquier zona del país pueden participar en www.encuestadiversidades.cl, necesitándose solo un correo electrónico. La encuesta es auto-aplicada.
Fue el año pasado cuando el Movilh protestó frente al INE porque el Censo 2024 había excluido tanto consultas sobre las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, como preguntas referentes a las orientaciones sexuales, contraviniendo con ello compromisos nacionales e internacionales, muy a diferencia del Censo 2012 que sí había indagado explícitamente sobre las parejas del mismo sexo.
La exclusión de buena parte de las personas LGBTIQ+ de la principal herramienta estadística del país nunca fue fundamentada, lo que le valió el INE ser incluido en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia 2024.
En este contexto, el Movilh se reunió el año pasado con el director del INE, Ricardo Vicuña Poblete y con el ministro de Economía, Nicolás Grau, acordándose como alternativa al problema la generación de una encuesta dirigida solo a la población LGBTIQ+, la cual hoy ve la luz.
U. de Chile honra a Reinalda Pereira Plaza con sala que lleva su nombre
En homenaje a la vida y memoria de la egresada y tecnóloga médica de la Universidad de Chile, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, detenida desaparecida en 1976, la Escuela y el Departamento de Tecnología Médica renombraron su sala de reuniones.
El pasado jueves 26 de junio, la comunidad de Tecnología Médica vivió un hito histórico y profundamente emotivo. En una ceremonia cargada de memoria, reflexión y sentido colectivo, fue inaugurada la nueva “Sala de Reuniones TM. Reinalda del Carmen Pereira Plaza”, en homenaje a la tecnóloga médica egresada de esta unidad académica en 1969, detenida desaparecida en diciembre de 1976, mientras cursaba su sexto mes de embarazo.
La iniciativa surgió desde el Centro de Estudiantes de Tecnología Médica (CETEM), quienes presentaron una carta al Consejo de Escuela solicitando este cambio de nombre como un acto de justicia y memoria. El gesto recibió el respaldo unánime de los consejos de Escuela y Departamento.
“Nuestros estudiantes plantearon la existencia de una deuda histórica dentro de nuestra comunidad, con la memoria y figura de Reinalda Pereira”, expresó el profesor Patricio Bustamante, director del Departamento de Tecnología Médica. “En la carta, relevaban la importancia de poner en el centro la memoria de una colega, quien fue detenida con tan solo 29 años y con un embarazo en curso, y de la cual nunca más se supo”, agregó.
En esa línea, el profesor Bustamante subrayó que: “La memoria representa la lucha por la justicia, la verdad y la dignidad humana, que son valores transversales de nuestra universidad. Por esto, nuestros estudiantes pidieron renombrar la sala de reuniones de nuestra unidad con el nombre de Reinalda, para honrar la memoria, y también como un constante recordatorio de la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Más que solo un cambio de nombre, este acto “busca saldar esa deuda, y también convertirse en un gesto que reafirme nuestro compromiso con los derechos humanos y con la dignidad de quienes fueron víctimas de violaciones tan brutales”.
El profesor Bustamante también destacó el rol protagónico de las y los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica en este proceso: “Como director de departamento, me siento muy orgulloso de los estudiantes de nuestra escuela, de su visión. Los estudiantes son el futuro de nuestra comunidad, y en este sentido, ese futuro lo están forjando mirando hacia el pasado, en una fiel muestra del compromiso por el respeto hacia la vida como primera prioridad, sello característico de la formación en nuestra Facultad de Medicina”.
La ceremonia contó con la presencia del decano de la Facultad de Medicina, doctor Miguel O’Ryan; el director del Departamento y la directora de la Escuela de Tecnología Médica, profesores Patricio Bustamante y Fabiola Cerfogli; la directora de Igualdad de Género, profesora Denisse Quijada; la profesora Inés Pepper, quien conoció y trabajó con Reinalda, mismo caso de la profesora Patricia Grau, miembro de la Asociación Nacional de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH); académicas y académicos de la unidad, representantes CETEM y del Centro de Estudiantes de la Salud (CES), además de representantes del Centro de Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Un momento especialmente significativo fue la participación de dos excompañeras de trabajo de Reinalda Pereira y de su sobrina, quienes se sumaron al homenaje. La jornada incluyó también una intervención musical a cargo de la cantautora chilena Trigal Violeta, cuya interpretación aportó un tono íntimo y respetuoso al acto conmemorativo.
“Lo más potente fue ver cómo toda la comunidad, incluidas personas que no conocieron a Reinalda, se hacen la misma pregunta: ¿Dónde está?”, relató el profesor Bustamante. “Es brutal pensar que hasta hoy no sepamos nada de ella. La desaparición forzada es una herida abierta, y este homenaje es también una forma de comprometernos con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición”.
Reinalda Pereira Plaza no solo fue una destacada profesional de la salud; también fue militante del Partido Comunista y trabajadora del Hospital Dr. Sótero del Río, donde hoy existe una placa conmemorativa en su nombre. Asimismo, el Centro de Imagenología Mamaria del Hospital Barros Luco Trudeau lleva su nombre, al igual que uno de los principales premios del Colegio de Tecnólogas y Tecnólogos Médicos, una calle en la comuna de Macul y diversos espacios de salud en distintas comunas del país.
“Este es el primer hito conmemorativo de este tipo en nuestra unidad, pero no debería ser el último”, subrayó el profesor Bustamante. “En tiempos en que se relativizan los derechos humanos, reafirmar estos compromisos no es solo un acto simbólico: es una urgencia ética. La memoria es una responsabilidad colectiva, y las nuevas generaciones deben crecer con la certeza de que estas historias no serán olvidadas ni repetidas”, afirmó.
La nueva sala de reuniones, que desde ahora llevará con orgullo el nombre de Reinalda Pereira, no es solo un espacio físico, “es un recordatorio permanente de los valores que sustentan a la Universidad de Chile: la defensa de los derechos humanos, la justicia, y la memoria como una herramienta viva para el presente y el futuro”, enfatizó el director.
“La vida de Reinalda y su brutal desaparición nos interpelan”, concluyó. “Y hoy, como comunidad, le decimos: no te olvidamos. Tu nombre estará siempre en el corazón de nuestra comunidad”.
Reinauguran mejoramiento de obras del Memorial por la Justicia y la Dignidad en Puente Alto
Publicación de El Clarín de Chile
El 11 de julio, “Día de la Nacionalización del Cobre”, se desarrolló un acto en el Memorial Por la Justicia y la Dignidad en Puente Alto. El evento que es proyecto del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, fue conducido por el encargado técnico del Memorial José Cerda. Además, hicieron uso de la palabra el Delegado Presidencial de la Provincia Cordillera Osvaldo Maldonado; los Diputad@s Mónica Arce y Hernán Palma; Los dirigentes de Derechos Humanos Rosa Cares y Ricardo Klapp.
También asistieron la Concejala Coni Menares y los dirigentes sindicales Virginia Catalán y Cristian Aguilera; la ex Core Paola Chávez y las ex concejalas Olga Yáñez y Sara Contreras. También se le entregó un reconocimiento al Grupo Aylla, en la emotiva ceremonia de reinauguración.
Historia
El 10 de diciembre de 2016, “Día Internacional de los Derechos Humanos”, se inauguró el Memorial por la Justicia y la Dignidad. Está dedicado a los 80 Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la Provincia Cordillera, construido con dos rocas de granito de 2,5 metros de altura. Además de cerámicas con rostros de las víctimas, 4 asientos de roca y el ancla de cuatro metros encadenada del ex Regimiento Ferrocarrilero, ex lugar de muertes y torturas. Además se incorporó este junio, el “Mural del Pueblo Cordillerano” de 4 por 1,5 metros.
El Memorial es por Ley, un “Monumento Público”, obra cultural, es un reconocimiento social colectivo conmemorativo para preservar la Memoria Histórica, como parte de la lucha contra los olvidos y los silencios. Para honrar a los que ofrendaron sus vidas por sueños libertarios y de transformación social. También un Área Verde. Dicho Memorial está ubicado al costado oriente de la Delegación Presidencial Provincia Cordillera, en Puente Alto.
Durante la pandemia, en Estado de Sitio nocturno, el Memorial fue vandalizado, aunque hay una cámara de vigilancia y está a 50 metros de la Comisaría, los delincuentes no fueron identificados.
Durante 8 años y medio, el municipio no colaboró con el Memorial. Como organización de Derechos Humanos, era un ligar de basura y pernoctación. Dialogamos con el nuevo Alcalde Matías Toledo y se comenzó a recuperar, limpiar y mejorar el lugar de Memoria y recogimiento.
Finalmente, tras la reparación se instalaron y pintaron 38 metros de rejas y puerta de ingreso. Se reinstalaron los 4 asientos de roca. Se pintó el ancla. Se reinstaló el mural al costado norte del Memorial. Se construyó un camino de acceso. Se podaron los árboles y se sembró pasto y se instaló dos luminarias (Por cuenta del Municipio).
Con trabajo voluntario de nuestros compañeros, se repintaron las letras de los nombres en la roca (Andrés Palmiery). Se diseñó, imprimió, instaló las cerámicas con los rostros de las víctimas del terrorismo de Estado y se pintó la base de la estructura (José Cerda, Hugo Valdez, Manuel Luki, Aleysi Pavez y Patricio Ortega).
Ley Lafkenche en la mira: Sin consulta indígena, Senado se apresta a votar modificaciones
El Senado debate modificaciones a la denominada Ley Lafkenche que, según sus impulsores, busca “perfeccionar” los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Comunidades mapuche-lafkenche denuncian la exclusión de una Consulta Indígena y acusan racismo en el proceso. El proyecto, promovido por senadores transversales, enfrenta críticas por favorecer intereses económicos sobre derechos ancestrales. La votación podría definir el futuro de la gestión costera indígena.
El Senado votará modificaciones sobre Espacios Costeros de Pueblos Originarios, sin consulta a pueblos originarios.
El Senado de Chile se apresta a votar las polémicas modificaciones a la Ley Lafkenche (20.249), proyecto (boletín N°15862-21) presentado en abril de 2023 por un bloque transversal de senadores: Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI), y el exsenador Álvaro Elizalde (PS). En el más reciente llamado a votación, este 9 de julio 2025, la sesión del Senado se levantó antes de tratar las modificaciones a esta ley, quedando pendiente para una próxima citación.
La iniciativa que, de acuerdo a lo expresado por sus autores, busca “perfeccionar” los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), enfrenta fuerte críticas desde comunidades de pueblos originarios de Chile, quienes denuncian la exclusión de una Consulta Indígena y acusan arbitrariedad en el proceso y un retroceso en los derechos indígenas.
El texto, busca modificar nueve artículos de la Ley Lafkenche. Entre los cambios destacan: la asignación de ECMPO por la Subsecretaría de Pesca (art. 3°), administración conjunta con pescadores artesanales (art. 5°), y plazos estrictos para evaluar solicitudes (arts. 7°-10°).
Según el Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras OLMAR – Observatorio Ciudadano, el proyecto busca “equilibrio” entre usos consuetudinarios indígenas y actividades económicas, pero ha generado tensiones con sectores pesqueros y acuícolas por posibles sobreposiciones. En una minuta técnica publicada por este mismo organismo en abril de 2024, se destaca que “los fundamentos presentados para las modificaciones carecen de bases sólidas y podrían abordarse dentro del marco actual de la ley”
Por su parte, en una más reciente minuta de junio de 2025 OLMAR, releva los principales cambios propuestos por este proyecto entre los cuales menciona: “exigir nuevos requisitos para validar la efectiva representación de las comunidades solicitantes; excluir caletas y caladeros de pesca artesanal (es decir impedir la pesca para comunidades costeras) del alcance de las ECMPO; limitar el efecto suspensivo de las solicitudes ECMPO a un máximo de dos años; eliminar el efecto suspensivo en casos de renovación de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y obligar a que los planes de administración de los ECMPO consideren la actividad de todos los pescadores artesanales inscritos en la región respectiva”, destacando que estos plantean “restricciones sustantivas” a la Ley Lafkenche y vulneran los derechos de los pueblos originarios, consignados en estándares internacionales suscritos por el Estado de Chile.
Por su parte, los delegados de la Identidad Territorial Lafkenche, en un pronunciamiento desde el Lafkenmapu, rechazan las modificaciones: “Repudiamos los dichos de parlamentarios y empresarios que repiten estereotipos racistas. Nos acusan sin fundamento de paralizar el desarrollo, cuando solo ejercimos derechos reconocidos internacionalmente“. Citando una editorial de El Mercurio de Valparaíso de 1860 -que llamaba a “emprender la campaña contra esa raza soberbia”-, advierten que la estigmatización persiste.
Uno de los puntos críticos es la omisión de la Consulta Indígena, exigida por el Convenio 169 de la OIT. El senador Núñez y hasta el Ejecutivo reconocieron esta falencia, pero no se presentaron indicaciones para evitarla. “Este proceso está viciado. Debe activarse la Consulta libre, previa e informada“, exigen las comunidades Mapuche-Lafkenche, señalando que ni siquiera fueron convocados para discutir los “supuestos problemas” de la ley. Asimismo, la minuta del OLMAR enfatiza que “el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha señalado ante la Comisión de Intereses Marítimos que el Ejecutivo no presentó indicaciones ni planea hacerlo, ya que ello implicaría que dichas propuestas se sometan a un proceso de Consulta Indígena”.
Según información obtenida vía Ley de Transparencia, a marzo de 2025 solo 28 de 107 solicitudes de ECMPO habían sido aprobadas (7,18% de las 3.000.000 de hectáreas solicitadas). A junio de 2025, Subpesca registra 108 trámites activos. Las comunidades insisten en que la lentitud evidencia falta de voluntad estatal: “Los ECMPO son espacios de soberanía. No permitiremos que nos los arrebaten”, declaran desde Wapintu Quinchao (Chiloé) y actualmente luego de 17 años de ley 20.249 apenas 13 espacios costeros se encuentran totalmente operativos.
La ley prioriza el uso indígena pero no excluye otros usos autorizados, como la acuicultura. Sin embargo, la industria salmonera y pescadores artesanales temen restricciones. Las comunidades Lafkenche responden: “No repetiremos la violencia de la ocupación de la tierra. El maritorio no puede ser otro botín“. Advierten que la reforma a la Ley de Pesca también los excluyó de cuotas, profundizando desigualdades históricas.
De aprobarse, las reformas introducirían mayor rigurosidad en los ECMPO, pero su legitimidad está en entredicho. Pérsida Cheuquenao, delegada Lafkenche, sentencia: “Jamás nos consultaron. Esta ley nació de nuestro esfuerzo, y no permitiremos que la desmantelen”. El conflicto refleja una deuda histórica: reconocer los derechos ancestrales sin ceder a presiones económicas.
“Debemos advertir que, en la reciente reforma de la Ley de Pesca, otra vez se ha excluido a todos los pueblos originarios del acceso a un porcentaje de la cuota de pesca. El actual Gobierno reiteró y acrecentó esta exclusión histórica ¿qué caminos nos dejan para promover y salvaguardar nuestro desarrollo?”, afirma así la Identidad Territorial Lafkenche.
Las comunidades exigen paralizar la votación hasta garantizar la Consulta Indígena y transparentar los impactos: “Los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios son un espacio de soberanía para los pueblos ¡No a la modificación de la Ley Lafkenche!”, señalan desde Chiloé Wapintu Quinchao.
Asimismo, la Identidad Territorial Lafkenche finalizó en su declaración: “Por último, queremos dejar claro que, como Identidad Territorial Lafkenche, organización creadora de la ley en un proceso inédito de entendimiento técnico-político con el Estado de Chile, jamás hemos sido convocados a discutir sobre los supuestos problemas que genera”.
Ministro Cataldo presenta cuenta pública Mineduc 2025 : “Educar es avanzar y debemos estar orgullosos de que nuestro sistema educativo esté avanzando”
- El ministro de Educación repasó los avances en educación parvularia, escolar y superior durante este período de gobierno, destacando la reactivación educativa, la modernización parvularia y la tramitación del proyecto FES.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, entregó este viernes la Cuenta Pública 2025 del Ministerio de Educación, la última de este período de gobierno, en una actividad realizada en el Liceo Claudina Urrutia, de Cauquenes, donde informó sobre los avances del sector en estos últimos años, en compañía de los subsecretarios Claudia Lagos (Educación Parvularia), Alejandra Arratia (Educación) y Víctor Orellana (Educación Superior).
En su presentación, destacó la implementación del Plan de Reactivación Educativa, que busca superar el impacto que tuvo la pandemia en el sistema escolar, afirmando que es un orgullo “haber logrado normalizar el funcionamiento de nuestros establecimientos y también haber aprendido de la dura experiencia que fue la pandemia, ya que hoy valoramos más el asistir a clases y la importancia que tiene aprender juntos, como lo dice nuestra campaña por la asistencia”.
También habló sobre la ley que entregará una solución a la deuda histórica docente, que fue promulgada en enero, cumpliendo así uno de los compromisos del Presidente Gabriel Boric, el que beneficiará a 57 mil docentes que vieron vulnerados sus derechos laborales durante la dictadura.
“Este ha sido de los compromisos presidenciales más importantes de nuestro Gobierno, porque habla de aspectos fundamentales de la convivencia democrática, muestra que es posible realizar acciones que contribuyen a sanar heridas, y me enorgullece que lo hayamos conseguido a través de una fórmula viable. Mi homenaje a los y las docentes que lucharon por esta causa pero que lamentablemente partieron antes de que la solución fuese una realidad”, dijo.
También contó que el Plan de Fortalecimiento a la Matrícula ha permitido habilitar más de 35 mil nuevos cupos en zonas donde no hay suficiente oferta educativa, para asegurar que todos los y las estudiantes estén matriculados.
Sobre todos los avances, el ministro dijo que como sociedad “debemos sentir orgullo, porque si bien hay mucho por hacer, contamos con un sistema educativo resiliente, en permanente búsqueda de mejoras, porque sabemos que acoge, que se desarrolla y que permite que millones de personas ejerzan su derecho a la educación. Educar es cuidar, es acompañar, es escuchar, guiar y también poner límites. Educar es crear, y es responder y preguntar. Educar es trabajar por un país más justo y también más alegre. Por todo esto y más, no tengo dudas: educar es avanzar”.
Educación parvularia
El ministro destacó la promulgación de la ley de modernización parvularia, la primera ley que se preocupa exclusivamente de este sector, la que extiende el plazo para que los jardines infantiles obtengan su Reconocimiento Oficial y prohíbe la doble matrícula en los establecimientos parvularios, liberando así más de 10 mil cupos.
Además, informó que durante este Gobierno se trabajó en la construcción de 90 nuevas salas cuna y jardines infantiles, de los cuales 44 ya están funcionando. Todos estos recintos demandaron una inversión de $134 mil millones y aportarán 7.684 nuevos cupos al sistema parvulario.
La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, señaló que la ley de modernización del sector es “un hito histórico que tiene impacto en el acceso y calidad educativa de la primera infancia. Esta ley nos permitirá contar con más y mejor información para hacernos cargo de los desafíos del nivel, relevando su importancia y proyectando su desarrollo bajo una mirada de política de Estado. Y también tenemos mejoras en los espacios educativos, con nueva infraestructura y renovación de salas cuna y jardines infantiles para avanzar en la certificación de establecimientos, dejando siempre en el centro el bienestar integral y desarrollo de las guaguas, niñas y niños”.
Educación escolar
El ministro Cataldo también dio cuenta de los avances del Plan de Reactivación Educativa, luego de tres años de trabajo por la normalización del sistema escolar, informando que la asistencia promedio pasó de 83,6% a 86,5% entre 2022 y 2024, mientras que la inasistencia grave y crítica se redujo en 9,8 puntos porcentuales en dicho período, pasando de 37,5% a 27,7%, y la desvinculación escolar cayó al 1,57% en el último año, siendo la disminución interanual más grande desde 2015.
Esta recuperación vino acompañada de una mejora en los aprendizajes escolares: entre 2022 y 2024 la prueba Simce mostró incrementos de 14 puntos en Matemática y 11 puntos en Lectura en el caso de 4° básico, y de 7 puntos en Matemática y 6 puntos en Lectura en el caso de 2° medio.
En materia de convivencia educativa, la autoridad destacó la tramitación del proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que propone un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, y la implementación del Programa A Convivir se Aprende en 149 comunas, apoyando a más de 1.760 comunidades educativas, y del Programa Habilidades para la Vida, que en 2024 benefició a 747.495 estudiantes desde prekínder a IV medio.
Respecto a la seguridad de los contextos educativos, el ministro mencionó la aplicación del programa Comunidades Educativas Protegidas en 66 comunas priorizadas, y de los Patrullajes Preventivos Inteligentes en entornos educativos, en 44 comunas. Además, adelantó que el Mineduc está preparando una jornada nacional de reflexión contra la violencia, que se realizará en los establecimientos educacionales.
Respecto a los avances en educación pública, el ministro recordó que once Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) recibieron sus establecimientos este año (Licancabur, Elqui, Costa Central, Los Libertadores, Santa Corina, Santa Rosa, Del Pino, Maule Costa, Andalién Costa, Valdivia y Chiloé), en el mayor cambio de sostenedor en cuatro décadas, y destacó la tramitación del proyecto de ley que fortalece la instalación del Sistema de Educación Pública.
Por otra parte, el ministro informó que el gasto en infraestructura educativa durante este Gobierno asciende a $381 mil millones, una inversión histórica para el sector, y que solo en 2024 el presupuesto para mejorar la infraestructura de los SLEP fue de $30 mil millones.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, dijo que “el sistema educativo está mostrando avances en materia de asistencia y aprendizajes, pasando de la recuperación a la mejora. Sabemos que enfrentamos desafíos, y los estamos abordando, apoyando el fortalecimiento de capacidades de las comunidades educativas mediante políticas que promueven la convivencia educativa y el mejoramiento de la calidad de los procesos formativos, para alcanzar el desarrollo integral de las y los estudiantes. Al mismo tiempo, estamos consolidando el Sistema de Educación Pública, alcanzando ya 26 SLEP que gestionan el servicio educativo en todo el país, avanzando hacia un sistema más equitativo, justo y con pertenencia territorial”.
Educación superior
El ministro Cataldo también destacó la tramitación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES), y que condona y reorganiza las deudas educativas. “Estamos convencidos de que, además de ser un proyecto de toda justicia, contribuye a hacer más eficiente el gasto público en el sector. Con el FES, los recursos del Estado no se irán a pagar las garantías de la banca, sino que quedarán disponibles para ser invertidos en otros niveles educativos”, dijo.
Igualmente mencionó la estrategia de modernización de la educación superior, con el consejo asesor que debe elaborar y validar una propuesta de plan para el sector; el crecimiento en la matrícula de los centros de formación técnica y las universidades que son del Estado; y los diez años del programa PACE, que ha contribuido a democratizar el acceso a la educación superior, con casi 470 mil estudiantes de enseñanza media que han participado de las actividades de preparación.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, explicó que el proyecto FES “da respuesta a la demanda social de terminar con el endeudamiento bancario para ejercer el derecho a la educación. Este se enmarca en un proceso integral de modernización del sector, que nos llevará a trayectorias académicas más flexibles y pertinentes, y a un mayor compromiso de la educación superior con el desarrollo de Chile. Esta agenda ha avanzado con importantes pasos, como la ampliación de la participación de mujeres en carreras científicas, el aumento de la matrícula en educación superior pública (técnico profesional y universitaria) en vínculo con las necesidades regionales y nacionales, y la firma de los nuevos estatutos de las universidades del Estado”.
A la Cuenta Pública 2025 del Mineduc también asistieron el director Educación Pública, Rodrigo Egaña; la vicepresidenta de Junji, Daniela Triviño; el director de Fundación Integra, Carlos González; la directora de Junaeb, Camila Rubio; la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz; el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar; el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez; la directora del CPEIP, Lilia Concha; la jefa de la División de Educación General del Mineduc, Flavia Fiabane; el delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque; y el gobernador regional del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca; y el director del SLEP Maule Costa, Julio González, entre otras autoridades.
[Podcast] Ex concejal de Talca denuncia múltiples casos de uso indebido de recursos municipales
Sixto González (PC), ex concejal de la comuna de Talca, expresó que existe preocupación por el informe de Contraloría que ubica a la Municipalidad de dicha ciudad entre las alcaldías que más pagos de licencias ha generado en el 2024 a nivel nacional.
También se refirió al uso indebido de horas extras vinculado a donaciones para la última campaña política del alcalde en ejercicio, Juan Carlos Díaz.
No solo licencias médicas: ex concejal denuncia más usos indebidos de recursos en Municipalidad de Talca
Semanas atrás, en un nuevo informe de Contraloría se detectó que la Municipalidad de Talca destinó más de $10 mil millones para cancelar licencias médicas durante 2024.
Frente a esa suma, la más alta a nivel país, la entidad del Estado confirmó que ese ítem dentro del total del gasto en personal, aumentó en 10 años desde un 3,2% en 2015 a un 5,8% en 2024.
Sixto González (PC), ex concejal de la comuna de Talca expresó que existe preocupación por este informe entre los habitantes de la ciudad capital del Maule al igual que por otras situaciones que en este último tiempo han sido materia de investigación pública.
“Había antecedentes, rumores; habían denuncias, muchas veces anónimas, pero era muy poco factible si no teníamos más antecedentes” explicó el ex concejal respecto a la ocurrencia consabida de los hechos.
Asimismo, González indicó que Talca es una de las comunas con mayor número de funcionarios en promedio por cantidad de habitantes y que muchos de ellos ingresaron bajo la administración de Juan Carlos Díaz (RN) quien fue reelecto en 2023 en un cuarto período consecutivo:
“La mayoría de estas licencias médicas eran del área de salud y educación municipal” acotó: “En el caso de educación lo tengo desde siempre muy presente, pues hicimos varias denuncias en ese tiempo donde habían funcionarios que en realidad no cumplían ninguna función específica y estaban allí para llegar a cobrar a fin de mes”.
Por su parte, el alcalde Díaz indicó que la cifra de su municipio refleja la totalidad de gastos en el ítem de licencias a nivel municipal, a diferencia de otras alcaldías cuyos servicios son administrados por otras entidades como las corporaciones.
González interpretó ese argumento como una típica forma de justificar que se produzcan este tipo de anomalías o este abuso con los recursos públicos:
Además, enfatizó el que exista pago de favores políticos en la actual administración comunal de Talca lo que tendrá que ser materia de investigación:
“Hoy día, autoridades electas, COREs, diputados que pasaron por Educación, por Salud sin cumplir ninguna función, recibiendo pagos todos los meses y estos mismos funcionarios eran los que mal usaban las licencias médicas para viajar”, expresó.
Un todoterreno, horas extras y donaciones
Por otro lado, el ex concejal comunista se refirió a otros dos casos que aquejan a la comunidad talquina como es la adquisición por el alcalde de un Jeep Grand Cherokee Limited 4×4, vía licitación y que costó cerca de $60 millones, indicó González.
“La gente reclama que faltan recursos para un montón de otras cosas que son necesidades prioritarias, por ejemplo, consultorios, veredas y otras cosas que hacen falta: casco histórico y otros elementos que se discutieron al calor de la campaña recién pasada”.
También se refirió a la denuncia realizada por una funcionaria municipal del área de Salud respecto a que parte del pago de sus horas extras se derivaron a financiar la campaña de reelección de Díaz.
“Se dio a conocer un informe del medio Ciper que apunta al tema de las horas que es bastante grave, donde la directora de salud del municipio le solicita a una funcionaria que done para la campaña de reelección y esta iba a ser sacada del aumento de las horas extras”, precisó:
“Tengo entendido que a raíz de este escándalo, el alcalde señaló que iba a seguir un sumario a la directora comunal de salud que es de su absoluta confianza. No sé hasta qué términos va a llegar ese sumario”, comentó González.
También indicó que en su rol de concejal denunció esta mala práctica y que conoció un amplio número de funcionarios, varios de ellos en altos cargos, que incurrieron en ese uso indebido:
“Sin ir más lejos, en una oportunidad, el alcalde cuando era administrador municipal aparece firmando un 29 y 30 de febrero horas extras (…) conozco al director de Cementerio Municipal que tiene un sueldo sobre los 4 y medio millones de pesos y todos los meses recibe prácticamente más de 800 mil pesos en horas extras”.
El ex representante también apuntó a la importancia de seguir más acciones legales o de investigación, las cuales, planteó, deben surgir desde el mismo Concejo: “Pedir la las explicaciones, la información, los datos porque finalmente aquí todo se traduce en que el municipio cada vez que suceden estas situaciones se pierden recursos que podrían perfectamente utilizarse en adelantos, en cubrir necesidades que están absolutamente descuidadas por parte de la administración”.