Cada año, Chile desperdicia más de 5,6 millones de toneladas de alimentos. A la par, tres de cada cuatro adultos enfrentan problemas de sobrepeso u obesidad. En este escenario crítico, el segundo encuentro entre el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición y el Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA-Chile) marca un nuevo paso hacia una política pública integral.
Imaginemos cinco Estadios Nacionales, no llenos de hinchas, sino de comida. Toneladas y toneladas de alimentos aptos para el consumo, apilados hasta las graderías. Esa es la magnitud del desperdicio anual de alimentos en Chile: más de 5,6 millones de toneladas que podrían haber alimentado a millones de personas y que, en cambio, terminan en la basura. Este despropósito, además de ser un símbolo de desigualdad, es una de las caras más visibles de un problema que amenaza la salud pública y el medio ambiente: la malnutrición.
En Chile, tres de cada cuatro adultos sufren de sobrepeso u obesidad, y más de la mitad de los niños también presenta esta condición. A esto se suma una realidad que pocos mencionan: más de tres millones de personas viven en inseguridad alimentaria, sin acceso permanente a alimentos saludables.
Este complejo panorama fue uno de los importantes temas abordados en el Segundo Encuentro entre el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición (FPHM) y el Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA-Chile), realizado en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. La jornada reunió a parlamentarios, académicos y representantes de organismos internacionales como la FAO e instituciones locales, con un objetivo común: avanzar hacia una legislación que garantice el derecho a una alimentación adecuada, sostenible y justa.
El rol articulador de la academia
La coordinadora nacional de ODA-Chile, doctora Catalina González, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, desde su rol técnico y articulador, destacó la urgencia de contar con evidencia científica que respalde los proyectos de ley en tramitación: “De más de 45 proyectos legislativos presentados entre 2015 y 2025 en torno al derecho a la alimentación, solo tres se han aprobado. Eso significa una década sin soluciones concretas”, advirtió.
Su llamado fue a priorizar, generar evidencia y trabajar colaborativamente con el poder legislativo para que las iniciativas no queden entrampadas. “Tenemos que avanzar con proyectos marco que sirvan de paraguas para otras iniciativas más específicas”, añadió.
Paulina Gundelach, vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso, destacó que esta función es parte esencial del proyecto institucional. “Ser universidad implica, justamente, vincularse con el entorno, responder a las necesidades de los territorios y articularse con distintos actores para generar soluciones concretas”, afirmó.
En esa línea, valoró el trabajo sostenido que ha desarrollado la Escuela de Nutrición y Dietética, en particular a través del Observatorio del Derecho a la Alimentación, actualmente coordinado por la profesora Catalina González.
“El Observatorio ha sido fundamental para reunir a universidades regionales y nacionales, y también para articular con entidades como la FAO, permitiendo presentar proyectos e incidir en políticas públicas que apunten a lo que las personas realmente necesitan, tanto en la región como en el país”, señaló.
A su juicio, este espacio representa un ejemplo del rol que deben asumir las universidades públicas en materia de investigación, innovación y formación. “El Observatorio está avanzando en ese camino, y este segundo encuentro demuestra su capacidad de generar redes y aportar de manera efectiva al desarrollo social desde los territorios”, concluyó.
Política pública intersectorial
La diputada Carolina Marzán, presidenta del FPHM, valoró el segundo encuentro del grupo como un paso importante hacia la consolidación de un trabajo conjunto.
“Este segundo encuentro, tras el inicial que sirvió para conocernos y aunar criterios, reafirma nuestro compromiso con la lucha contra el hambre y la malnutrición en Chile. Hoy muchas personas consumen alimentos insalubres, como embutidos o papas fritas, sin saber el daño que provocan, y eso también se debe a la falta de educación alimentaria”, afirmó.
La parlamentaria recalcó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación sana, equilibrada, inocua y accesible. “Hoy no existen políticas claras que protejan ese derecho ni que eduquen a la población sobre cómo elegir mejor sus alimentos. Además, los alimentos saludables siguen siendo más caros y de difícil acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. Por eso es fundamental conformar equipos multidisciplinarios y sumar a actores del Ejecutivo y del Congreso, como la Biblioteca del Congreso, y representantes de los ministerios de Agricultura, Salud y Educación”, sostuvo.
En cuanto al trabajo legislativo, la diputada Marzán destacó el compromiso de diputadas y diputados por impulsar leyes concretas, como el proyecto contra el desperdicio de alimentos. “En Chile se pierden 5,6 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a llenar cinco estadios nacionales. Es un problema estructural que ocurre a lo largo de toda la cadena alimentaria y que también impacta en el cambio climático, ya que un ocho por ciento de los gases de efecto invernadero provienen de estos desperdicios. Por eso, el desafío es construir una legislación sólida, maciza, que trascienda los gobiernos y se instale como una política de Estado que combata el hambre y la malnutrición en nuestro país”, afirmó la diputada.
En esa línea, Faid Seleme, de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, relevó el modelo chileno como un ejemplo para la región: “Promovemos la cooperación entre frentes parlamentarios y la academia para crear leyes mejor fundamentadas. Chile tiene una experiencia que puede inspirar a otros países”, dijo.
Desde FAO-Chile, la especialista en nutrición Macarena Jara entregó cifras contundentes: “El 74 por ciento de la población adulta y más de la mitad de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Y más de tres millones de personas viven en inseguridad alimentaria, sin acceso a comida saludable de manera constante”.
El problema, según los expertos, es estructural. No basta con cambiar etiquetas o prohibir la venta de productos ultra procesados: se necesita una política pública integral que cruce salud, educación, agricultura, economía y medio ambiente. Y sobre todo, que tenga continuidad más allá de los ciclos políticos.
La jornada concluyó con el acuerdo en seguir trabajando juntos y sumar nuevos actores públicos y privados, dado que —según advirtieron— la crisis alimentaria de Chile no se resolverá con diagnósticos, sino con acciones sostenidas y colaborativas.
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