Falleció futbolista Catalina Díaz
47 Nadadores escolares a torneo en Paraguay
Una delegación nacional integrada por 47 escolares representa a Chile este fin de semana en el Torneo Promesas Olímpicas, certamen internacional de natación que se desarrolla hasta este domingo en Asunción, Paraguay. La competencia reúne a deportistas de entre 9 y 13 años, provenientes de 17 países de Sudamérica y el Caribe, y tiene lugar en el Centro Acuático Olímpico de la capital paraguaya.
El equipo nacional está conformado por cinco entrenadores y una amplia representación de escolares de distintos centros educacionales de Santiago y regiones. Entre ellos, el que más deportistas aporta es el Colegio Mayor de Peñalolén, con seis integrantes.
“La expectativa que nosotros tenemos para este evento es ganar experiencia, que los chicos aprendan a convivir como selección, que aprendan a desarrollarse como atletas”, explica Andrés Fuentes, head coach de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida).
Fuentes, quien asumió el liderazgo técnico de la federación hace ocho meses tras haber integrado la selección argentina, destacó el valor formativo de este tipo de instancias. “Queremos que Chile esté entre los tres mejores, pero más importante aún, que estos nadadores se formen como atletas y como personas”, concluye.
El Torneo Promesas Olímpicas se enmarca dentro del plan de preparación de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos con miras a desafíos mayores, como el Panamericano Junior y los campeonatos mundiales de la disciplina, donde se espera que estos jóvenes talentos continúen su proyección hacia el alto rendimiento.
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FUENTE: Sergio Vallejos.
Consejo para la Transparencia lanza guía para fortalecer la transparencia en el uso de inteligencia artificial en el Estado
“Buscamos que el Estado también rinda cuentas de los algoritmos que usa día a día”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, al anunciar la publicación de la Guía para la Adopción de las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica. Este documento busca orientar a las instituciones públicas para que publiquen información clara y precisa sobre los sistemas automatizados y semiautomatizados que utilizan en sus decisiones.
Esta herramienta elaborada por el CPLT responde a un desafío creciente: el uso de tecnologías de inteligencia artificial, basadas en algoritmos, que permiten contar con sistemas automatizados y semiautomatizados de decisión en el aparato público, que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, pero que pueden tener un profundo impacto en los servicios que reciben del Estado o en el ejercicio de sus derechos.
“Es positivo que el Estado chileno se modernice e incorpore herramientas tecnológicas en su quehacer al servicio de las personas. Al mismo tiempo, debe ir avanzando en dar garantías de que cuando utiliza sistemas automatizados para tomar decisiones, estos sean conocidos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué datos se usan, cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden reclamar o cuestionar. En definitiva, entender estos sistemas que los afectan y que se usan cada día más”, añadió González.
La guía sistematiza tanto buenas prácticas generales de transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas (SDA), como específicas de transparencia proactiva en la materia. Las primeras incluyen directrices sobre lenguaje claro, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA y en la atención a público, entre otros.
Por su parte, las recomendaciones específicas abordan concretamente qué información publicar, cómo presentarla y cómo resguardar datos personales o sensibles. Entre sus propuestas destaca la creación del ítem “Transparencia Algorítmica” dentro de los portales de transparencia activa de los organismos públicos, donde se deberá informar de manera mensual sobre:
– Qué SDA se están utilizando.
– En qué servicios, trámites o programas se aplican.
– Las especificaciones generales del sistema: su objetivo, funcionamiento y categorías de datos utilizadas.
Además, la guía recoge ejemplos de SDA hoy operativos, como el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC o el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, y entrega criterios para abordar casos más complejos como los sistemas de caja negra o el uso de inteligencia artificial en atención ciudadana.
Este nuevo instrumento fue adoptado por el CPLT por Resolución Exenta N°372 del 12 de agosto de 2024 y busca facilitar una adopción progresiva y voluntaria por parte de los organismos públicos, en función de su nivel de madurez tecnológica.
“Con esta guía, el Consejo refuerza su compromiso con una transparencia que se adelanta, que hace comprensible a las personas información compleja y que está a la altura de los nuevos desafíos digitales”, concluyó la presidenta del CPLT.
La guía completa se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: www.consejotransparencia.cl
Parlamentarios PC se reúnen con Ministra de Defensa: Exigen que respalde proyecto que limita competencia de la justicia militar en casos de narcotráfico
Legisladores del PC se reunieron con la ministra Adriana Delpiano para abordar la gravedad de los hechos que involucran a funcionarios de la Fuerza Aérea en redes de tráfico de drogas.
Las diputadas Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y el diputado Matías Ramírez, representantes del Partido Comunista, solicitaron a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el respaldo gubernamental al proyecto de ley presentado por la bancada que busca restringir la competencia de la justicia militar en delitos de narcotráfico cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
“Como representantes del Partido Comunista, nos hemos reunido con la Ministra de Defensa a objeto de exigirle el apoyo a un proyecto de ley que hemos presentado para limitar la competencia de la justicia militar en casos de narcotráfico. Creemos que la situación ocurrida con la Fach es impresentable y da cuenta de la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Esperamos que esta sea una discusión rápida que permita crear y avanzar a los controles internos y externos desde el mundo civil hacia las Fuerzas Armadas”, señalaron.
La iniciativa surge a raíz de los recientes casos de funcionarios del Ejército y la Fuerza Aérea involucrados en delitos graves relacionados con tráfico de drogas, lo que ha motivado un debate sobre la necesidad de reformar la justicia militar y fortalecer el control civil sobre las instituciones armadas.
Desde la bancada comunista señalaron que seguirán impulsando esta agenda legislativa con urgencia, apelando al compromiso democrático del Gobierno y del Congreso para cerrar espacios de impunidad al interior de las Fuerzas Armadas.
“Debemos demostrar que Jeannette Jara no es una candidata de un Partido sino de una coalición” plantea presidente del PC
El timonel del Partido Comunista compartió puntos claves abordados en la reunión efectuada el jueves por las directivas de los partidos de la Unidad por Chile respecto a la campaña presidencial de Jeannette Jara.
El timonel aclaró que la competencia por la presidencia del país no está resuelta, como tampoco el alcanzar una mayoría parlamentaria.
De esa forma, señaló, los militantes del PC están desafiados a una tremenda exigencia porque “debemos demostrar en la práctica que no es una candidata de un partido sino de una coalición”.
“Quedó reiteradamente dicho el jueves con los 8 partidos presentes, sobre la igualdad en las condiciones de trabajo”, agregó respecto al despliegue de los comandos y destacando en ello la tarea programática junto con las mesas de las presidencias de partidos que se reunirán periódicamente con la abanderada.
Acerca de la participación de la Democracia Cristiana o de otras colectividades como el Partido Popular indicó que hay restricciones para adherir al pacto posterior a su inscripción, sin embargo, indicó, es importante el espacio de unidad que ofrece el pacto del progresismo bajo el arco de Unidad por Chile.
Narcomilitares y gendarmería
Por otro lado, el presidente del PC puntualizó la grave situación que significan los casos de narcotráfico en el Ejército, la Fuerza Aérea, situación además que en los últimos días suma la salida del director de Gendarmería, Sebastián Urra.
“Es un atentado muy peligroso a cualquier concepto de solidez democrática”.
“Penetran órganos fácticos a través del dinero”, dijo respecto a los imputados que se encuentran en la superficie del crimen organizado y no siendo localizados aún, los líderes o cabecillas del crimen.
Por otro lado, apuntó a la necesidad de que los órganos persecutores como la policía y Fiscalía cuenten con la tecnología suficiente para realizar sus tareas de rastreo.
Todos
En relación al lanzamiento de la campaña de Johannes Kayser -quien además se refirió ofensivamente contra Jara-, Carmona observó el retroceso que significa el crecimiento de la ultraderecha, de modo que será una dura disputa la presidencial, observó.
“Es un propósito abierto donde no está resuelto quién la va a ganar”. Sin embargo se refirió al juego político de las derechas en la clara mediatización de una tendencia extrema que encarna Kayser:
“marcar con una suerte de ultraderecha, deja a otros en una posición de menos ultra derecha”, acotó Carmona señalando que eso ha permitido ganar el apoyo de colectividades como Amarillos y Demócratas y moderar la imagen de Kast.
“Es una jugada magistral”, completó. “Creo que están en una repetición de naipes que cuando pase a segunda vuelta pase a competir con nosotros ¿Cómo apoya Kayser? Se pone en posiciones más radicales, pero donde todos se van a derechizar”, concluyó el presidente del PC.
Consulta indígena: el nuevo paso que avecina para la recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento
Entre el 13 y el 30 de agosto, se realizará la primera consulta indígena referida a una de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Paz y el Entendimiento, instancia que reunió en los últimos años a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para abordar una salida institucional al histórico conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche.
La aplicación de este derecho de los pueblos originarios que mandata el Convenio 169 de la OIT, tendrá como tema capital el nuevo sistema de tierras que propone la Comisión y que se ejecutará en las regiones del Bío-bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Fabián Salas, Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión, planteó que han apelado a una amplia convocatoria no solo de las comunidades y organizaciones inscritas en Conadi que suman más de 4 mil y cerca de 1900 respectivamente, sino también “a todas las organizaciones tradicionales que sean representativas de los pueblos indígenas”:
La logística de la consulta estará a cargo de la Unidad de Seguimiento de la CPPYE del Ministerio del Interior, mientras que el proceso de ejecución de la consulta será vista por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas UCAIA dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
En ella, también participa un conjunto de ministerios al igual que las delegaciones presidenciales de las cuatro regiones y los encargados regionales del Plan Buen Vivir.
Una demanda histórica
El sistema de tierras propuesta por la Comisión no deja de estar exento de críticas, siendo uno de los puntos álgidos por el cual varias organizaciones y comunidades ancestrales mapuche se han declarado en contra.
La propuesta plantea, por una parte, un plan institucional y de financiamiento cifrado en 4 mil millones de dólares para acelerar la entrega de tierras a cientos de comunidades a la espera de la aplicación de ese derecho y más de 1.200 que aguardan por el reconocimiento.
Actualmente, la demora para la entrega efectiva fluctúa entre 20 y 25 años y se estima que la duración total del proceso para algunas demandas podría extenderse incluso hasta 186 años.
Por otro lado, la iniciativa contempla entregar un poco más de 377 mil hectáreas e introducir un nuevo sistema para la tenencia de la tierra donde podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería, entre otros, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche bajo ciertos requisitos:
El werken de la comunidad del lof Pepiukelen de la Región de Los Lagos, Francisco Vera Millaquen, cuestionó la legitimidad de la instancia y de las propuestas, en particular, la referida a la demanda histórica de tierras que se invalidada con las citadas recomendaciones:
El abogado José Aylwin, abogado especialista en derecho indígena y colaborador en calidad de experto de la CPPYE -no así de sus recomendaciones- indicó que la situación jurídica de las tierras indígenas se sometió a intensa discusión donde no faltaron las propuestas por la total liberalización, idea que claramente va en perjuicio de ese derecho inalienable:
Sin embargo, si bien se contemplaron precauciones para evitar contratos abusivos en las condiciones de mera tenencia, Aylwin señaló que “claramente la experiencia del pasado da cuenta que contratos de larga duración pueden generar un detrimento al control que, tanto las personas como las comunidades que pueden celebrar ahora estos contratos, tienen sobre las pocas tierras que son de su propiedad”.
Contrariamente, Salas precisó que los contratos de mera tenencia no permiten transferir la propiedad y, de ese modo, “se mantiene inalterable la inalienabilidad de la tierras indígenas”:
Dos naciones
Otro de los puntos controversiales no solo de las propuestas sino de la legitimidad de la Comisión ha sido la no consideración en las consultas de toda la población mapuche que habita, más allá, de las cuatro regiones contempladas.
Marisol Trureo, vocera política de Trawun Pikunche Tapihue Koyagtun, instancia que integra una importante cantidad de comunidades y organizaciones mapuche de la Región Metropolitana, apuntó a que la población del pueblo ancestral reconocida como tal, actualmente bordea el 1.700.000 de personas en Chile.
“El Estado supuestamente dialoga con el pueblo mapuche, pero en verdad dialoga consigo mismo al tener entre sus representantes políticos mapuches funcionales -decimos nosotros- que no son reconocidos por nuestras comunidades ancestrales”.
“Si nos basamos en Tapihue Koyagtun de 1825 tenemos nuestro reconocimiento desde nuestra parte donde se reconocen dos pueblos, dos naciones. No necesitamos que eso ocurra en la Constitución, necesitamos que el Estado chileno ratifique el Tratado de Tapihue”, indicó la representante:
“Paradojalmente el informe hace referencia a la importancia que tuvo este parlamento celebrado por el Estado chileno con el pueblo mapuche que reconoció su territorialidad y su autoridad sobre las tierras al sur del Bío-Bío como un hito importante en la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado”, acotó José Aylwin sobre Tapihue. Sin embargo, advirtió que no figuró en las recomendaciones de la Comisión, pese a que el mandatario remarcó su importancia:
“En mi opinión se desaprovechó una evidente oportunidad y se habría hecho justicia con un reconocimiento, al menos, simbólico de Tapihue”, expresó.
La consulta
A inicios de Julio Tapiwe Trawun Pikunche koyagtun y la Coordinadora Willy Lafken Weichan presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Presidente de la República, a propósito de la Comisión.
En ella se señala que ha existido una intención de exclusión en su proceso lo que “se perfecciona con las declaraciones en Cuenta Pública del Presidente de la República de fecha 1° de junio del 2025”.
Si bien el recurso fue rechazado, en sus peticiones indican que “el recurrido se abstenga de proseguir con acciones derivadas del trabajo de la CPyE, así como se anule el informe de la CPyE, se inicie un proceso tal como lo que establece el Tratado de Tapihue y se suspenda el proceso de consulta”.
Vera Millaquen indicó que este instrumento no se aplica en plenitud, dado que los acuerdos que se logran en la consulta tienen que ser vinculantes: “Lo que está haciendo el Estado es un mero folclorismo y cumplir una etapa, pero en modo alguno tiene el alcance establecido en el derecho internacional.
Aylwin, por su parte, destacó que desde el marco de la consulta, medidas como las recomendaciones de la Comisión, “deben ser consultadas de buena fe, de manera adecuada y con miras de llegar a un acuerdo o consentimiento”.
Sin embargo, planteó que la consulta en Chile por mandato del Decreto Supremo N° 66, es además restrictiva, “toda vez que en caso de no llegarse a acuerdo o consentimiento, se considera que la consulta ha sido realizada”.
Frente a esta etapa que comienza, el Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento, relevó que todos los sectores políticos deben ver en ésta, “la alternativa y una oportunidad de Estado para abrir un nuevo capítulo que asegure justicia, paz y prosperidad para el país”.
No obstante, si bien el futuro de la Comisión depende del diálogo y la voluntad política para estar a la altura de las demandas históricas del pueblo ancestral, la consulta será clave en las decisiones que emerjan para esta coyuntura.