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Consejo para la Transparencia lanza guía para fortalecer la transparencia en el uso de inteligencia artificial en el Estado

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“Buscamos que el Estado también rinda cuentas de los algoritmos que usa día a día”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, al anunciar la publicación de la Guía para la Adopción de las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica. Este documento busca orientar a las instituciones públicas para que publiquen información clara y precisa sobre los sistemas automatizados y semiautomatizados que utilizan en sus decisiones.

Esta herramienta elaborada por el CPLT responde a un desafío creciente: el uso de tecnologías de inteligencia artificial, basadas en algoritmos, que permiten contar con sistemas automatizados y semiautomatizados de decisión en el aparato público, que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, pero que pueden tener un profundo impacto en los servicios que reciben del Estado o en el ejercicio de sus derechos.

“Es positivo que el Estado chileno se modernice e incorpore herramientas tecnológicas en su quehacer al servicio de las personas. Al mismo tiempo, debe ir avanzando en dar garantías de que cuando utiliza sistemas automatizados para tomar decisiones, estos sean conocidos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué datos se usan, cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden reclamar o cuestionar. En definitiva, entender estos sistemas que los afectan y que se usan cada día más”, añadió González.

La guía sistematiza tanto buenas prácticas generales de transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas (SDA), como específicas de transparencia proactiva en la materia. Las primeras incluyen directrices sobre lenguaje claro, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA y en la atención a público, entre otros.

Por su parte, las recomendaciones específicas abordan concretamente qué información publicar, cómo presentarla y cómo resguardar datos personales o sensibles. Entre sus propuestas destaca la creación del ítem “Transparencia Algorítmica” dentro de los portales de transparencia activa de los organismos públicos, donde se deberá informar de manera mensual sobre:

– Qué SDA se están utilizando.

– En qué servicios, trámites o programas se aplican.

– Las especificaciones generales del sistema: su objetivo, funcionamiento y categorías de datos utilizadas.

Además, la guía recoge ejemplos de SDA hoy operativos, como el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC o el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, y entrega criterios para abordar casos más complejos como los sistemas de caja negra o el uso de inteligencia artificial en atención ciudadana.

Este nuevo instrumento fue adoptado por el CPLT por Resolución Exenta N°372 del 12 de agosto de 2024 y busca facilitar una adopción progresiva y voluntaria por parte de los organismos públicos, en función de su nivel de madurez tecnológica.

“Con esta guía, el Consejo refuerza su compromiso con una transparencia que se adelanta, que hace comprensible a las personas información compleja y que está a la altura de los nuevos desafíos digitales”, concluyó la presidenta del CPLT.

La guía completa se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: www.consejotransparencia.cl

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Marcos Barraza sobre caso de narcomilitares: “El gobierno ha actuado con la severidad y la diligencia que corresponde a la gravedad”

El dirigente del Partido Comunista analizó una de las noticias que impactan al país como son los dos casos de narcotráfico que se han revelado al interior de la Fuerza Aérea y del Ejército: “Es una prueba dramática de los riesgos de la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y eso es más grave cuando son entidades mandatadas para dar tranquilidad a la ciudadanía”:

“Creo que el gobierno ha actuado con la severidad y la diligencia que corresponde”, acotó Barraza respecto a las medidas legislativas y al plan preventivo institucional anunciado:

“Corresponde que ningún sector político relativice la magnitud y la gravedad de los hechos”, advirtió citando el caso de México. “Ningún esfuerzo puede ser desechado y creo que al ser abordado por la justicia ordinaria ha sido muy relevante”.

Presidenciales

En el tema electoral, el dirigente del PC se refirió a la reunión que sostuvieron el día jueves las presidencias de los partidos que componen el pacto Unidad por Chile para avanzar en la conformación del comando de la abanderada presidencial, Jeannette Jara.

Barraza destacó la amplitud del conglomerado progresista y de centro izquierda donde se reúne “todo el espectro de las fuerzas democráticas sin perjuicio de incorporar más sectores políticos”, dijo a propósito, de la Democracia Cristiana y de la relevancia de conformar una lista parlamentaria unitaria.

“Quedó en evidencia la importancia de actuar de manera complementaria, construir  un programa y un diseño de campaña que refleje las pluralidades del país”, agregó sobre la convocatoria en base a la transformación y la gobernabilidad como ha planteado la candidata Jeannette Jara.

Asimismo, consideró el lanzamiento de campaña presidencial del ultraderechista Johannes Kayser quien exhortó en su debut el golpe de Estado y espetó agresivos dichos en contra de la ex ministra del Trabajo y candidata presidencial de Unidad por Chile.

“Eso es muy grave porque hay una derecha que se ha radicalizado, pese a que tenía diferentes sensibilidades”, observó:

“La hegemonía de la extrema derecha en el discurso total de la derecha es un dato de realidad. Yo digo que ha sido colonizado por la extrema derecha”: 

“Hay un campo en disputa que es un sector popular que vive los efectos de la políticas neoliberales: el endeudamiento, las precarizaciones, la inseguridad pública. Penetra muy fuerte en la subjetividad, el mundo popular, donde el efecto de la inseguridad hace más mella”.

“Tener más claro eso en términos de influencia social es clave”, concluyó Barraza.

Santiago

Por otro lado, el dirigente comunista apuntó a la situación en la alcaldía de Santiago que hoy enfrenta diversos problemas en el Barrio Meiggs, más el reciente incendio de un antiguo edificio situado a un costado de la Plaza de Armas que dejó en evidencia el uso de bodegas clandestinas.

Barraza señaló que bajo la administración del alcalde Desbordes (RN) la seguridad ciudadana “se ha ido debilitando, las capacidades y los espacios públicos en términos del repliegue de la ciudadanía”.

“Se interrumpieron políticas públicas que estaban generando efectos positivos y los costos los paga la ciudadanía por sesgos ideológicos. Creo que los alegatos que ha hecho la ex alcaldesa Irací Hassler (PC) son asertivos en el sentido de identificar correctamente los problemas”.

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Parlamentarios PC se reúnen con Ministra de Defensa: Exigen que respalde proyecto que limita competencia de la justicia militar en casos de narcotráfico

Legisladores del PC se reunieron con la ministra Adriana Delpiano para abordar la gravedad de los hechos que involucran a funcionarios de la Fuerza Aérea en redes de tráfico de drogas.

Las diputadas Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y el diputado Matías Ramírez, representantes del Partido Comunista, solicitaron a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el respaldo gubernamental al proyecto de ley presentado por la bancada que busca restringir la competencia de la justicia militar en delitos de narcotráfico cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

“Como representantes del Partido Comunista, nos hemos reunido con la Ministra de Defensa a objeto de exigirle el apoyo a un proyecto de ley que hemos presentado para limitar la competencia de la justicia militar en casos de narcotráfico. Creemos que la situación ocurrida con la Fach es impresentable y da cuenta de la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Esperamos que esta sea una discusión rápida que permita crear y avanzar a los controles internos y externos desde el mundo civil hacia las Fuerzas Armadas”, señalaron.

La iniciativa surge a raíz de los recientes casos de funcionarios del Ejército y la Fuerza Aérea involucrados en delitos graves relacionados con tráfico de drogas, lo que ha motivado un debate sobre la necesidad de reformar la justicia militar y fortalecer el control civil sobre las instituciones armadas.

Desde la bancada comunista señalaron que seguirán impulsando esta agenda legislativa con urgencia, apelando al compromiso democrático del Gobierno y del Congreso para cerrar espacios de impunidad al interior de las Fuerzas Armadas.

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“Debemos demostrar que Jeannette Jara no es una candidata de un Partido sino de una coalición” plantea presidente del PC

El timonel del Partido Comunista compartió puntos claves abordados en la reunión efectuada el jueves por las directivas de los partidos de la Unidad por Chile respecto a la  campaña presidencial de Jeannette Jara.

El timonel aclaró que la competencia por la presidencia del país no está resuelta, como tampoco el alcanzar una mayoría parlamentaria.

De esa forma, señaló, los militantes del PC están desafiados a una tremenda exigencia porque “debemos demostrar en la práctica que no es una candidata de un partido sino de una coalición”.

“Quedó reiteradamente dicho el jueves con los 8 partidos presentes, sobre la igualdad en las condiciones de trabajo”, agregó respecto al despliegue de los comandos y destacando en ello la tarea programática junto con las mesas de las presidencias de partidos que se reunirán periódicamente con la abanderada.

Acerca de la participación de la Democracia Cristiana o de otras colectividades como el Partido Popular indicó que hay restricciones para adherir al pacto posterior a su inscripción, sin embargo, indicó, es importante el espacio de unidad que ofrece el pacto del progresismo bajo el arco de Unidad por Chile.

Narcomilitares y gendarmería

Por otro lado, el presidente del PC puntualizó la grave situación que significan los casos de narcotráfico en el Ejército, la Fuerza Aérea, situación además que en los últimos días suma la salida del director de Gendarmería, Sebastián Urra.

“Es un atentado muy peligroso a cualquier concepto de solidez democrática”.

“Penetran órganos fácticos a través del dinero”, dijo respecto a los imputados que se encuentran en la superficie del crimen organizado y no siendo localizados aún,  los líderes o cabecillas del crimen.

Por otro lado, apuntó a la necesidad de que los órganos persecutores como la policía y Fiscalía cuenten con la tecnología suficiente para realizar sus tareas de rastreo.

Todos

En relación al lanzamiento de la campaña de Johannes Kayser -quien además se refirió ofensivamente contra Jara-, Carmona observó el retroceso que significa el crecimiento de la ultraderecha, de modo que será una dura disputa la presidencial, observó.

“Es un propósito abierto donde no está resuelto quién la va a ganar”. Sin embargo se refirió al juego político de las derechas en la clara mediatización de una tendencia extrema que encarna Kayser:

“marcar con una suerte de ultraderecha, deja a otros en una posición de menos ultra derecha”, acotó Carmona señalando que eso ha permitido ganar el apoyo de colectividades como Amarillos y Demócratas y moderar la imagen de Kast.

“Es una jugada magistral”, completó. “Creo que están en una repetición de naipes que cuando pase a segunda vuelta pase a competir con nosotros ¿Cómo apoya Kayser? Se pone en posiciones más radicales, pero donde todos se van a derechizar”, concluyó el presidente del PC.

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Consulta indígena: el nuevo paso que avecina para la recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento

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Entre el 13 y el 30 de agosto, se realizará la primera consulta indígena referida a una de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Paz y el Entendimiento, instancia que reunió en los últimos años a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para abordar una salida institucional al histórico conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche.

La aplicación de este derecho de los pueblos originarios que mandata el Convenio 169 de la OIT, tendrá como tema capital el nuevo sistema de tierras que propone la Comisión y que se ejecutará en las regiones del Bío-bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Fabián Salas, Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión, planteó que han apelado a una amplia convocatoria no solo de las comunidades y organizaciones inscritas en Conadi que suman más de 4 mil y cerca de 1900 respectivamente, sino también “a todas las organizaciones tradicionales que sean representativas de los pueblos indígenas”:

La logística de la consulta estará a cargo de la Unidad de Seguimiento de la  CPPYE del Ministerio del Interior, mientras que el proceso de ejecución de la consulta será vista por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas UCAIA dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

En ella, también participa un conjunto de ministerios al igual que las delegaciones presidenciales de las cuatro regiones y los encargados regionales del Plan Buen Vivir.

Una demanda histórica

El sistema de tierras propuesta por la Comisión no deja de estar exento de críticas, siendo uno de los puntos álgidos por el cual varias organizaciones y comunidades ancestrales mapuche se han declarado en contra.

La propuesta plantea, por una parte, un plan institucional y de financiamiento cifrado en 4 mil millones de dólares para acelerar la entrega de tierras a cientos de comunidades a la espera de la aplicación de ese derecho y más de 1.200 que aguardan por el reconocimiento. 

Actualmente, la demora para la entrega efectiva fluctúa entre 20 y 25 años y se estima que la duración total del proceso para algunas demandas podría extenderse incluso hasta 186 años.

Por otro lado, la iniciativa contempla entregar un poco más de 377 mil hectáreas e introducir un nuevo sistema para la tenencia de la tierra donde podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería, entre otros, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche bajo ciertos requisitos:

El werken de la comunidad del lof Pepiukelen de la Región de Los Lagos, Francisco Vera Millaquen, cuestionó la legitimidad de la instancia y de las propuestas, en particular, la referida a la demanda histórica de tierras que se invalidada con las citadas recomendaciones: 

El abogado José Aylwin, abogado especialista en derecho indígena y colaborador en calidad de experto de la CPPYE -no así de sus recomendaciones- indicó que la situación jurídica de las tierras indígenas se sometió a intensa discusión donde no faltaron las propuestas por la total liberalización, idea que claramente va en perjuicio de ese derecho inalienable:

Sin embargo, si bien se contemplaron precauciones para evitar contratos abusivos en las condiciones de mera tenencia, Aylwin señaló que “claramente la experiencia del pasado da cuenta que contratos de larga duración pueden generar un detrimento al control que, tanto las personas como las comunidades que pueden celebrar ahora estos contratos, tienen sobre las pocas tierras que son de su propiedad”.

Contrariamente, Salas precisó que los contratos de mera tenencia no permiten transferir la propiedad y, de ese modo, “se mantiene inalterable la inalienabilidad de la tierras indígenas”:

Dos naciones

Otro de los puntos controversiales no solo de las propuestas sino de la legitimidad de la Comisión ha sido la no consideración en las consultas de toda la población mapuche que habita, más allá, de las cuatro regiones contempladas.

Marisol Trureo, vocera política de Trawun Pikunche Tapihue Koyagtun, instancia que integra una importante cantidad de comunidades y organizaciones mapuche de la Región Metropolitana, apuntó a que la población del pueblo ancestral reconocida como tal, actualmente bordea el 1.700.000 de personas en Chile.

“El Estado supuestamente dialoga con el pueblo mapuche, pero en verdad dialoga consigo mismo al tener entre sus representantes políticos mapuches funcionales -decimos nosotros- que no son reconocidos por nuestras comunidades ancestrales”.

“Si nos basamos en Tapihue Koyagtun de 1825 tenemos nuestro reconocimiento desde nuestra parte donde se reconocen dos pueblos, dos naciones. No necesitamos que eso ocurra en la Constitución, necesitamos que el Estado chileno ratifique el Tratado de Tapihue”, indicó la representante:

“Paradojalmente el informe hace referencia a la importancia que tuvo este parlamento celebrado por el Estado chileno con el pueblo mapuche que reconoció su territorialidad y su autoridad sobre las tierras al sur del Bío-Bío como un hito importante en la historia de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado”, acotó José Aylwin sobre Tapihue. Sin embargo, advirtió que no figuró en las recomendaciones de la Comisión, pese a que el mandatario remarcó su importancia:

“En mi opinión se desaprovechó una evidente oportunidad y se habría hecho justicia con un  reconocimiento, al menos, simbólico de Tapihue”, expresó.

La consulta

A inicios de Julio Tapiwe Trawun Pikunche koyagtun y la Coordinadora Willy Lafken Weichan presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Presidente de la República, a propósito de la Comisión.

En ella se señala que ha existido una intención de exclusión en su proceso lo que “se perfecciona con las declaraciones en Cuenta Pública del Presidente de la República de fecha 1° de junio del 2025”.

Si bien el recurso fue rechazado, en sus peticiones indican que “el recurrido se abstenga de proseguir con acciones derivadas del trabajo de la CPyE, así como se anule el informe de la CPyE, se inicie un proceso tal como lo que establece el Tratado de Tapihue y se suspenda el proceso de consulta”.

Vera Millaquen indicó que este instrumento no se aplica en plenitud, dado que los acuerdos que se logran en la consulta tienen que ser vinculantes: “Lo que está haciendo el Estado es un mero folclorismo y cumplir una etapa, pero en modo alguno tiene el alcance establecido en el derecho internacional.

Aylwin, por su parte, destacó que desde el marco de la consulta, medidas como las recomendaciones de la Comisión, “deben ser consultadas de buena fe, de manera adecuada y con miras de llegar a un acuerdo o consentimiento”.

Sin embargo, planteó que la consulta en Chile por mandato del Decreto Supremo N° 66, es además restrictiva, “toda vez que en caso de no llegarse a acuerdo o consentimiento, se considera que la consulta ha sido realizada”.

Frente a esta etapa que comienza, el Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento, relevó que todos los sectores políticos deben ver en ésta, “la alternativa y una oportunidad de Estado para abrir un nuevo capítulo que asegure justicia, paz y prosperidad para el país”.

No obstante, si bien el futuro de la Comisión depende del diálogo y la voluntad política para estar a la altura de las demandas históricas del pueblo ancestral, la consulta será clave en las decisiones que emerjan para esta coyuntura.

 

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INE lanza su primera encuesta nacional para personas LGBTIQ+ tras críticas por excluirlas del Censo 2024

El objetivo del sondeo es conocer la realidad de las diversidades en Chile, especialmente las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan, con el fin de orientar la implementación de políticas públicas. La encuesta surgió luego de críticas contra el INE por haber excluido a las orientaciones sexuales y a las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, lo que valió ser incluido en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia de ese año.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lanzó hoy su primera encuesta nacional para conocer la realidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la situaciones de discriminación que enfrentan tras recibir críticas y protestas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por haber excluido consultas sobre la materias en el Censo 2024.

“Si bien esta encuesta del INE no resuelve la injusta discriminación que sufrimos las personas LGBTIQ+ en el Censo 2024, ni tampoco permite aproximarse a saber cuántos somos, el sondeo aportará estadísticas oficiales de la realidad LGBTIQ+, en especial sobre la situación en regiones, donde el debate sobre estos temas es menor a la Región Metropolitana”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga

Añadió que “animamos a las personas LGBTIQ+ a participar, contribuyendo con ello a mejores argumentaciones para perfeccionar o implementar políticas públicas a favor de la igualdad y la no discriminación”

El sondeo fue lanzado en una ceremonia donde estuvieron el director del INE, Ricardo Vicuña Poblete, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, así como organizaciones sociales, como el Movilh.

La denominada Encuesta Diversidades se compone 66 preguntas  trabajadas con unas 38 organizaciones LGBTIQ+, como el Movilh, e indaga sobre los niveles educacionales, ingresos, la nacionalidad, la composición familiar, el estado civil,  la pertenencia a pueblos originarios o afrodescendientes y la existencia de alguna dificultad o discapacidad física o mental.

También consulta sobre los procesos de autoconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales diversas, así como sobre las experiencias de discriminación vividas en espacios laborales, educacionales, de salud, familiares o de acceso a la justicia. A la par indaga en torno a las redes de apoyo y de participación en organizaciones sociales.

Desde hoy, y hasta septiembre próximo, las personas LGBTIQ+ mayores de 14 años de cualquier zona del país pueden participar en www.encuestadiversidades.cl, necesitándose solo un correo electrónico. La encuesta es auto-aplicada.

Fue el año pasado cuando el Movilh protestó frente al INE porque el Censo 2024 había excluido tanto consultas sobre las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, como preguntas referentes a las orientaciones sexuales, contraviniendo con ello compromisos nacionales e internacionales, muy a diferencia del Censo 2012 que sí había indagado explícitamente sobre las parejas del mismo sexo.

La exclusión de buena parte de las personas LGBTIQ+ de la  principal herramienta estadística  del país nunca fue fundamentada, lo que le valió el INE ser incluido en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia 2024.

 En este contexto, el Movilh se reunió el año pasado con el director del INE, Ricardo Vicuña Poblete y con el  ministro de Economía, Nicolás Grau, acordándose como alternativa al problema la generación de una encuesta dirigida solo a la población LGBTIQ+, la cual hoy ve la luz.

 

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