Condonación del CAE: Una promesa histórica que vuelve a tomar fuerza
La eventual condonación de más de US$11.900 millones, equivalente al 4% del PIB nacional, lo que ha generado una disputa interna en el Gobierno.
Después de varios meses fuera del centro de atención, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a la agenda política debido a las crecientes preocupaciones sobre el sistema educativo chileno.
Según datos proporcionados por la Comisión Ingresa, la cobranza de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2012, se demandó el pago a 16.224 deudores, de los cuales la Tesorería General de la República logró retener fondos de 3.365, lo que representa una tasa de éxito del Estado del 21%.
En contraste, en 2023, la Comisión Ingresa persiguió a más de 300 mil deudores morosos, pero la Tesorería solo logró recuperar fondos de 34 mil, lo que resulta en una tasa de éxito del 11,2%, incluso menor que durante la pandemia.
Estos datos, obtenidos a través de Transparencia desde la Tesorería General de la República, no solo revelan el número de contribuyentes, sino también los montos involucrados. En 2012, la Tesorería logró retener el 4,5% del total ordenado para cobrar, mientras que en 2023 solo pudo recuperar el 0,8%.
“Es necesario establecer medidas efectivas para responder a un problema público histórico. Estas medidas deben recoger las promesas que llevaron a la coalición actual a ser gobierno. Es importante generar consistencia entre lo prometido y lo que se va a ejecutar, desde una lógica de velar por la confianza pública y – especialmente- la confianza en los y las representantes. Ahora bien, esto debe estar acompañado de responsabilidad fiscal, es necesario pensar en fórmulas que permitan dar una solución integral, con principio de universalidad, lo que no quiere decir que la condonación total sea para todos y todas, pero sí que todas y todos puedan tener una respuesta a la problemática”, indica la jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo.
Por su parte, el docente adjunto de la misma carrera UOH, Manuel Toro, señaló que la efectividad de la cobranza ha disminuido debido a varias razones. Por un lado, muchos deudores no pueden pagar debido a la inestabilidad financiera que ha afectado a las personas en los últimos años. Por otro lado, la creencia en la promesa de condonación de deudas ha llevado a muchos a preguntarse por qué pagar si la deuda será perdonada. “Esta situación crea un problema, ya que no beneficia a nadie y el costo final recaerá en el aval de la deuda, es decir, el Estado”, resalta.
El proceso del préstamo voluntario implica que el banco entregue el dinero directamente a la institución educativa, mientras que el Estado actúa como garante, respaldando el 90% del capital y los intereses del préstamo. En caso de incumplimiento por parte del estudiante, el Estado asume la responsabilidad final como aval, utilizando los impuestos pagados por todos los contribuyentes para cubrir la deuda.
“La dificultad en el pago de las deudas es comprensible. Una de las razones es la imposibilidad real de los deudores de pagar debido a los altos montos de las deudas y las necesidades cotidianas que tienen un alto costo, lo que puede relegar el pago del CAE a un segundo plano. Además, la esperanza de una eventual condonación, promovida por las actuales autoridades del gobierno, también contribuye a esta situación”, apunta Javiera Delgadillo.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, la condonación de la deuda estudiantil es vista como el séptimo problema en educación y la penúltima prioridad en cuanto a la asignación de más recursos al área. Mejorar la calidad de la educación es la principal preocupación, con un 56% de los encuestados considerándola prioritaria.
“El Gobierno enfrenta una de sus decisiones más complejas desde que asumió el poder. La eventual condonación de la deuda estudiantil, que ascendería a más de 11.900 millones de dólares (equivalente al 4% del PIB), ha generado una disputa interna sobre si es el momento adecuado para priorizar esta histórica demanda”, cerró Manuel Toro.
Reflexionan sobre cómo la Inteligencia Artificial está transformando a la Educación Superior
Con la participación de expositores internacionales se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) el seminario “Inteligencia Artificial en la Educación Superior”, ocasión en que se abordó cómo el uso de las tecnologías está impactando en la formación de los profesionales.
Al inicio del encuentro -organizado por la Dirección General de Vinculación con el Medio de la casa de estudios- un avatar creado con Inteligencia Artificial fue el encargado de efectuar las palabras de bienvenida a los asistentes que llegaron al Salón de Honor de Casa Central.
El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, indicó que el ámbito de la IA se debate en diversas universidades a nivel mundial, como también en el país. “Dentro de los nueve lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029 se encuentra el uso de las tecnologías. Estamos pensando en diversos soportes y sistemas, en cómo los profesores e investigadores están aplicando estas tecnologías en su quehacer para una toma de decisiones más oportuna y efectiva. En materia de IA, en Chile se está evaluando el desarrollo de una política sobre este ámbito que va a acompañarnos en los próximos años, contribuyendo al desarrollo del país”, expresó.
EXPOSITORES INTERNACIONALES
El académico de la Universitat Obert de Cataluña, Josep María Duart, añadió que hace años que se viene trabajando con el uso de las tecnologías para la educación, lo que se ha profundizado con el uso de internet y el impacto de la pandemia.
“Hoy estamos viviendo el momento de la IA que es la gran acumulación de datos que disponemos y tenemos que ver cómo los profesores podemos hacer un tipo de educación que utilice estos datos para que las personas sean más competentes en una sociedad cada vez más demandante. No tiene sentido negar estas tecnologías o prohibirlas, hay que usarlas como un recurso o un acompañante que nos ayude a hacer las tareas de una manera más eficiente”, complementó.
Alejandro Armellini, decano de Aprendizaje Digital y Distribuido de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido, indicó que la tecnología está cambiando a las personas y cómo la ocupan.
“El impacto va a seguir creciendo, pero como otras tecnologías en el pasado, no es esto lo que cambia los hechos, sino quienes las utilizan. Es importante tomar decisiones informadas. La tecnología en sí tiene que servir como vehículo para lograr los cambios y que sea beneficioso para los estudiantes y la sociedad. Es necesario considerar a los humanos, que hacen un uso bueno o no tan bueno de estas herramientas”, profundizó.
Javiera Atenas, profesora de Didáctica Universitaria en la Universidad de Suffolk en Reino Unido expuso sobre cómo la IA impacta en la Vinculación con el Medio. Añadió que en las universidades, la tecnología está cambiando los procesos formativos, pero en algunas instituciones el currículum se mantiene igual.
“Ya pasó el pánico. Ahora estamos trabajando en generar herramientas para la co-creación del conocimiento y poder utilizar la IA para hacer más expeditos los procedimientos. Más que transformar la educación, nos está permitiendo tener espacios para abrir la interdisciplina y generar conocimiento desde otra perspectiva, construyendo otra sociedad, con personas más autónomas”, comentó.
Alejandro Véliz, profesor asociado en Diseño Digital en la Universidad de Plymouth en Inglaterra abordó sobre la nueva ética en investigación a través del uso de la IA. “Hemos trabajado con comunidades que están marginalizadas en materia digital y en lugares alejados a los centros urbanos, por lo tanto, estamos acercándolas a los servicios de salud y cómo generar herramientas y tecnologías para ellos. Promovemos la participación activa de los usuarios, como un vehículo de innovación social”.
En la jornada, además se presentaron iniciativas exitosas de IA desarrolladas por los profesores de la PUCV, Rafael Mellado de la Escuela de Comercio, Ignacio Araya de la Escuela de Ingeniería Informática, Gonzalo Farías de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y José Antonio García de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte.
Entregan recomendaciones para ayudar a la salud mental en caso de catástrofes
|
|
Senadora Pascual sobre nuevo Estado de Catástrofe: “El Minvu tiene que tener recursos paralelos a su presupuesto para estas emergencias”
Tras el avance del sistema frontal que ha ocasionado inundaciones y damnificados, el gobierno decretó zona de catástrofe para la región del Biobío y emergencia preventiva entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.
La senadora Claudia Pascual indicó que el país está siendo afectado y pagando costos globales producto del cambio climático: “Somos un país sísmico, volcánico, costero”, señaló, y en la medida que se profundizan estos intensos fenómenos del clima, Chile los resiente:
Sin embargo, la parlamentaria también apuntó que las catástrofes no sólo se deben al efecto del calentamiento global sino también al modelo de desarrollo que impera en el país y que pone sobre las necesidades más armónicas del desarrollo la exportación de materias primas.
“Escuchemos a los vecinos de Curanilahue cuando dicen que no es un problema sólo de la lluvia sino de la industria forestal”, comentó respecto a una de las comunas más afectadas con el temporal a nivel nacional.
Por otro lado, la senadora del Partido Comunista, planteó que además de tener respuestas rápidas para las emergencias es necesario tenerlas con los damnificados que ven dañadas sus viviendas.
Se pueden obtener recursos estructurales, por ejemplo, ocupando el 2% constitucional para la reconstrucción de forma permanente, en vez de redistribuir el presupuesto de varias carteras, planteó Pascual.
“Al menos el Minvu tiene que tener recursos absolutamente paralelos a su presupuesto anual”, indicó la Senadora, “sino se termina castigando el programa habitacional normal con la emergencia”:
Corrupción y tráfico de influencias
En relación a las nuevas aristas que se han revelado dentro del caso Operación Topógrafo, la parlamentaria indicó: “Hay que revisar la elecciones de varios integrantes de cuerpos colegiados, incluso de los poderes autónomos” y con ello, reflexionar si estos son poderes autónomos o no.
De igual manera, apuntó a pensar: “cuánto es posible intervenir el mundo político partidista en su representación diversa y cuánto tiene que ver con la experticia y cuánto con la carrera funcionaria”.
Observó también el tránsito que siguen los diferentes nombramientos de jueces y otros organismos, pasando por el ejecutivo y el poder legislativo. En ese trayecto, además, se ha visto últimamente, la pugna política que acompaña el proceso, tras varios rechazos al nombrar fiscal nacional o la demora en los consensos para levantar candidaturas de los nombramientos. “Tenemos un sistema hecho para que curse el tráfico de influencias”, sentenció.
Primarias: No da lo mismo por quien votar en el municipio
Acerca de las primarias, la senadora Claudia Pascual señaló que el nivel de participación refleja un agotamiento electoral: “En menos de 6 años hemos tenido cerca de 8 elecciones y antiguamente se nos convocaba cada 3 o 4 años una vez a votar”.
Sin perjuicio de ello, recalcó la importancia que en el pacto Contigo Chile Mejor que aúna a las fuerzas oficialistas, la DC e independientes, “hayan encontrado un punto en común para enfrente unida a la derecha y ultraderecha”.
“No nos enfrentamos sólo a una batalla cultural sino que nos enfrentamos a una batalla sobre el tipo de políticas públicas que queremos tener y eso se ve en el Estado descentralizado -como lo es un municipio- y en el Estado Central”, sostuvo la parlamentaria.
Cristián Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024
En una sesión extraordinaria del Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile realizada este lunes 10 de junio luego de la presentación de la terna de finalistas, y siguiendo el cronograma del proceso, se escogió como ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2024 al arquitecto Cristián Castillo Echeverría.
El Premio Nacional de Arquitectura es la máxima distinción que puede recibir un arquitecto, arquitecta o equipo de estos, cuya trayectoria y desempeño ético y profesional haya marcado un ejemplo para todos los y las arquitectas, en cualquiera de las manifestaciones del ejercicio profesional, ya sea en el campo de la ejecución de obras de arquitectura, labores académicas, gremiales, de servicio o gestión pública.
El proceso de elección del Premio Nacional de Arquitectura, que cabe destacar es el único galardón nacional que desde 1969 otorga una institución externa al Estado, valora junto con la obra construida, las actividades gremiales o públicas en beneficio de la profesión, la actividad académica así como las de extensión, la trascendencia pública de su obra, y el desempeño ético de su actividad.
La obra de Cristián Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024, será expuesta durante la próxima XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile y será acompañada de una conferencia magistral abierta a todos los miembros de la orden.
Cristián Castillo Echeverría (1947)
Cristián Castillo Echeverría nace en Santiago de Chile en 1947. Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde recibió su título de arquitecto en 1972.
Posteriormente, en 1977, obtiene un diploma en Housing de la Architectural Association School, AA Graduate, de Londres (1975-1977).
En sus inicios profesionales figura como Investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren) – Proyecto O’Higgins, Pontificia Universidad Católica de Chile (1971-1973), a la vez que, junto a Fernando Castillo Velasco, su padre, y Eduardo Castillo Larraín, inician la reconocida secuencia de Comunidades de La Reina, entre otras.
Teniendo presente que la arquitectura es un oficio complejo que no solo se hace presente en tanto obra en el espacio urbano y físico de la ciudad, sino también en el campo de lo político social y de la cultura, es preciso destacar la extensa labor de Cristián Castillo Echeverría en todos estos ámbitos del desarrollo y del ser profesional.
El quehacer de Castillo Echeverría está enraizado en una tradición del ejercicio profesional vinculado al destino de los sectores vulnerables de la población y a las propuestas de una organización social justa y bella, conceptos expresados en su propuesta de arquitectura, trabajo y vida, siendo estos tres ámbitos de su despliegue como arquitecto, inseparables entre sí y unidos por una sólida y consecuente trayectoria.
Su labor profesional y participación como organizador de los procesos de producción del hábitat desde muy temprano en Villa La Reina (1966-1968), en la comuna de La Reina, en un proceso de autoconstrucción de 1.600 viviendas, fue el inicio de una vinculación profunda con el destino de los más vulnerables; trabajo que aún hoy entrega luces de lo que deben ser los proyectos de vivienda construidos en conjunto con los pobladores.
Esta experiencia de arquitectura y compromiso social adquirida inicialmente en los sesenta, se vincula fuertemente con sus últimos proyectos como Maestranza 1 | Ukamau de Estación Central, que en un proceso participativo permitió el diseño y la construcción de 424 viviendas habitadas por su comunidad desde hace dos años (Premio Aporte Urbano, PAU, 2021); Maestranza 2, Comité Ukamau, proyecto de 200 viviendas, también en la comuna de Estación Central, en etapa deconstrucción; Conjunto Habitacional Comunidad Vivienda Digna, 155 departamentos en Cerro La Pirámide de Huechuraba, en proceso de diseño conjuntamente con las familia, entre otros, evidenciando la clara trayectoria de Cristián Castillo Echeverría al poner lo mejor del diseño y de la praxis arquitectónica en beneficio de las comunidades organizadas.
Justicia y belleza, justicia y equilibrio austero del trazo arquitectónico, y belleza del orden público y social en los conjuntos de vivienda diseñados por el arquitecto Cristián Castillo Echeverría, heredero de una vertiente histórica de nuestra profesión, el de la vivienda y el compromiso político y social, donde se han destacado entre otros, arquitectos como Luciano Kulczewski, Fernando Castillo Velasco y Miguel Lawner.
A esta estirpe pertenece Castillo Echeverría, a un contingente de arquitectos que con su ejemplo de trabajo, vida y obra orientan e iluminan de manera permanente a las nuevas generaciones de arquitectos que deben ejercer en un ámbito económico, social y político en el que es preciso tener referentes claros y éticos ante el ejercicio profesional.
Cristián Castillo ha liderado equipos de trabajo tanto en Chile como en el extranjero luego de su exilio. Ejerció en la Agencia de Arquitectura y Urbanismo (A.U.A.) de los arquitectos Borja Huidobro y Paul Chemetov, París, Francia (1977-1979); en Venezuela, en la oficina de arquitectura Lira y Stransky Arquitectos Asociados (1979-1980); para luego formar su propia oficina en Caracas, Carrera y Castillo Arquitectura y Construcción, (1980-2002).
Tras su regreso del exilio, actuó como Profesor Asistente de Fernando Castillo Velasco y como Profesor Titular del Taller de Título de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Arcis (2005-2018). Además, desde 2014, ocupa los cargos de Director y Vicepresidente del Directorio de la Corporación por la Paz Villa Grimaldi.
Como socio de la Inmobiliaria y Constructora Alpinku Ltda. y la Oficina de Arquitectura FCV, ambas en Santiago de Chile, desde 2003, desarrolla proyectos destinados a áreas que van desde el equipamiento público y educacional, hasta nuevas comunidades residenciales y extensos conjuntos de vivienda social.
Cristián Castillo Echeverría se establece y reafirma una trayectoria histórica del ejercicio profesional en la que destaca con luces propias y con un ejercicio plenamente vigente y acorde a las actuales exigencias de nuestra sociedad.
Suprema invalida fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel en caso de víctima de la dictadura
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, de oficio, dejó sin efecto el fallo pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel que anuló la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en Visita Extraordinaria para causas de DD.HH, Marianela Cifuentes, en la que se condenaba a tres ex uniformados por el delito de secuestro calificado cometido en contra de Vicente Ramón Blanco Ubilla, a contar del día 20 se septiembre de 1973, en la comuna de San Ramón.
La decisión del máximo tribunal se da luego del recurso de queja presentado por los abogados querellantes, Nelson Caucoto y Francisco Bustos, en contra de la resolución pronunciada por los integrantes de la Quinta Sala del tribunal de alzada, María Catepillán Lobos, Carlos Farías Pino y el abogado integrante Juan Carlos Silva Aldunate, por considerar que la resolución era errónea, contraria a derecho y que no procedía anular la sentencia.
La Corte de San Miguel, junto con anular el fallo de primera instancia, ordenó retroceder el proceso a estado de sumario, para que un ministro no inhabilitado dictara una nueva acusación, lo que implicaba en los hechos retrasar el juicio varios años.
El máximo tribunal constató que la Corte de San Miguel incurrió “en una falsa apreciación de los antecedentes que influyó sustancialmente y de modo trascendente en lo decidido”, puesto que los jueces no realizaron un examen completo de las piezas del proceso, de modo que no existió la indefensión a las defensas.
De este modo, la Sala Penal de la Corte Suprema corrigió todo lo ordenado por la Corte de Apelaciones y ordenó que se procediera nuevamente a la vista de la causa, pero esta vez con nuevos ministros, quedando inhabilitados los jueces que habían anulado la sentencia.
El 8 de febrero de 2023, la ministra en visita Marianela Cifuentes de la Corte de San Miguel, condenó a al ex coronel (r) de Carabineros Hugo Medina Leiva y a los ex militares Alfonso Faúndez Norambuena y Jorge Romero Campos, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito de secuestro calificado, en grado consumado, de Blanco Ubilla. En dicho fallo la magistrada calificó los hechos investigados como constitutivos de delitos de lesa humanidad aplicando el Estatuto de Roma.
Luego, la causa fue remitida al Ministerio Público Judicial, a cargo del fiscal judicial Jaime Salas, quien en su informe observó que la sentencia adolecía de errores al no haberse incluido referencias a que se trataría de crímenes de lesa humanidad en la acusación fiscal y en las acusaciones particulares, además de aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que vulneraría con ello el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en la Constitución Política de la República.
Posteriormente, la Quinta Sala del tribunal de alzada al revisar la causa, decidió acoger la observación del fiscal judicial, con la procedió a anular la sentencia de la ministra Cifuentes.
“Un alivio para nuestros representados”
El abogado querellante, Francisco Bustos, señaló que “recibimos con satisfacción esta sentencia, primero porque representa un alivio para nuestros representados, y en segundo lugar, pues en su argumentación la sentencia reafirma lo que sostuvimos desde el primer momento: Se trató de una inédita resolución de la Corte de San Miguel que desconociendo los antecedentes del proceso, vulneró diversas obligaciones del Estado generando obstáculos al juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.
Bustos, agrega que “Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia también reafirma la calidad del trabajo que ha venido realizando sistemáticamente la Sra. Ministra Marianela Cifuentes. Por otro lado, queda claro que las defensas nunca vieron afectado su derecho a la defensa, condición esencial en un Estado de Derecho”.
La víctima
Vicente Blanco Ubilla (37), casado, 4 hijos y dirigente poblacional, luego de ser detenido por carabineros de la Sexta Comisaría, fue entregado a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo conducido al campo de prisioneros del Cerro Chena, lugar donde fue duramente torturado. Cuatro días después fue sacado de ese recinto y llevado al puente del Río Maipo junto a otros dos prisioneros, siendo acribillados en ese lugar y lanzado a las aguas del río, desapareciendo su cuerpo hasta la fecha. Una suerte distinta corrió su compañero José Calderón Miranda, dirigente campesino de Paine, quién sobrevivió herido y observó todo el accionar de los militares fingiendo estar muerto, permaneciendo oculto por cinco años.