Santiago, 6 de junio de 2025. – El mes de mayo estuvo marcado por significativos avances en el ámbito de los derechos humanos en Chile, tanto en materia judicial como en compromisos estatales que apuntan a la reparación histórica y la justicia transicional. A más de cinco décadas del golpe de Estado, el sistema judicial continúa dictando sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, mientras el Estado da nuevos pasos hacia el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche.
Uno de los hitos del mes fue la entrega oficial del Informe Final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento al Presidente Gabriel Boric. El documento, resultado de un año y medio de trabajo, propone 21 recomendaciones para avanzar en una solución integral a la histórica deuda con el pueblo mapuche. Entre las propuestas se cuentan el reconocimiento constitucional, la creación de una institucionalidad específica, un mecanismo para la restitución de tierras y medidas de reparación cultural, política y económica. En cadena nacional, el mandatario reafirmó su compromiso con las conclusiones del informe y sostuvo que “no estamos condenados a eternizar este conflicto”, anunciando que el segundo semestre será clave para la implementación de estas medidas.
Paralelamente, en varias Cortes del país —incluida la Corte Suprema— emitieron más de una veintena de fallos en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. Las resoluciones incluyen condenas a militares, exagentes de la DINA y de la CNI, así como a efectivos de Carabineros, por crímenes como homicidios calificados, desapariciones forzadas, secuestros y torturas. En varios de estos casos, el Estado fue condenado a pagar indemnizaciones a las víctimas o sus familiares, con montos que van desde los 8 millones hasta los 410 millones de pesos.
Entre los fallos más emblemáticos destaca la condena por el secuestro calificado de Vicente Vidal Paredes en octubre de 1973, en San Joaquín. La Corte Suprema ratificó la responsabilidad del oficial de Carabineros (r) Joel Esquivel Contreras, a quien impuso una pena de 10 años de presidio, y ordenó al Fisco indemnizar a la familia con más de 400 millones de pesos por daño moral.
También se conocieron nuevas condenas relacionadas con el centro de detención clandestino conocido como “La Venda Sexy” y el Estadio Nacional, lugares donde decenas de personas fueron torturadas tras el golpe militar. Asimismo, el tribunal superior ratificó penas de cárcel para militares involucrados en la ejecución de Romario Veloz en 2019, durante el estallido social, estableciendo así un precedente relevante en la rendición de cuentas por violaciones recientes.
En la esfera de los derechos humanos actuales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tuvo una activa participación. Intervino como querellante en causas por trata de personas con fines de explotación sexual, algunas vinculadas a redes criminales internacionales como el Tren de Aragua. En Concepción, por ejemplo, el INDH solicitó penas de presidio perpetuo para cuatro imputados acusados de ingresar mujeres extranjeras al país para explotarlas sexualmente.
El organismo también presentó una querella por trata con fines de trabajo forzado en Copiapó y actuó en procedimientos por tráfico ilícito de migrantes en la frontera norte. Además, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por el INDH tras una violenta irrupción de la PDI en la comunidad mapuche Quinquén, en Lonquimay, que afectó gravemente a dos niños de cinco y nueve años. El máximo tribunal calificó el operativo como desproporcionado y ordenó a la policía adecuarse a los estándares de protección de la infancia, especialmente tratándose de comunidades indígenas.
En el marco de las conmemoraciones por los 50 años de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), la organización recibió la visita del embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen. El diplomático recorrió el sitio de memoria y el Archivo FASIC —reconocido como Patrimonio de la Humanidad— acompañado por autoridades de la institución, reafirmando el respaldo internacional a las iniciativas de memoria y justicia.
Desde la sociedad civil, FASIC valoró los avances registrados durante mayo. “La justicia, aunque tardía, sigue abriéndose camino en un país que aún tiene heridas abiertas”, señalaron desde la organización. Asimismo, recalcaron la importancia de que el Estado no solo continúe garantizando verdad, justicia y reparación, sino que fortalezca las políticas públicas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones, especialmente hacia mujeres, pueblos indígenas y personas migrantes.
El mes concluyó con una sentencia que ordenó al Fisco indemnizar a la hermana de José Freire Medina, miembro de la Guardia Presidencial detenido el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y desaparecido tras su traslado al Regimiento Tacna. Una historia que, como muchas otras, aún espera justicia.
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