Se despacha a ley proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias: “Emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”.
- Ministro Marcel: “Este es un momento que nos permite mostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”.
- Ministro Elizalde: “Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley pareja no es dura”.
Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, tras aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, que visó la jornada anterior la iniciativa en particular. Este proyecto que fue enviado el 29 de enero de este año e inició su tramitación en marzo es un pilar sustancial del Pacto por el Crecimiento Económico (Pacto Fiscal) e integra el fast track económico priorizado por el Gobierno.
En su intervención en el hemiciclo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que esta iniciativa “es parte de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social. Este es el proyecto más completo y comprensivo en materia de cumplimiento tributario que ha visto este Congreso en muchos años”.
En general este proyecto contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias, enfrentar la informalidad y perfeccionar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras materias. Con la aplicación de estas propuestas se busca generar una recaudación de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar prioridades sociales del programa del Presidente Boric.
Asimismo, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó los avances en institucionalidad: “Este proyecto representa un importante avance en materia de fortalecimiento de los servicios encargados de la administración tributaria: Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, tanto en dotación, movilidad y recursos tecnológicos como en atribuciones y modernización de sus procedimientos”.
La amplia mayoría en favor del proyecto obedece a las sucesivas instancias de diálogo que se abrieron durante el proceso legislativo ya que en el primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara se conformó una mesa de asesores, y luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, hubo una segunda mesa de asesores, cuyo trabajo resultó en la presentación de casi 70 indicaciones por parte del Ejecutivo, la mayoría aprobadas por amplio margen.
“Este es un momento que nos permite mostrar, que, incluso, a menos de un mes de una elección, somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria. Y, por otro lado, allegar recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía, incluyendo el aumento de la PGU en el proyecto de reforma previsional, inversión en seguridad ciudadana y en el presupuesto para 2025 financiar materias relacionadas con salud y con cuidados”, agregó el ministro Marcel.
Con el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se estima una recaudación fiscal de 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos en materia de seguridad ciudadana. En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, resaltó la aprobación de esta iniciativa: “Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley pareja no es dura. Es decir, que todos en Chile cumplamos la legislación tributaria por igual. Y por tanto entrega herramientas para enfrentar la evasión y la elusión. Con esta ley, además, tendremos recursos adicionales para financiar desafíos sociales muy importantes”.
Asimismo, la subsecretaria Macarena Lobos indicó: “Como ministerio Secretaría General de la Presidencia contribuimos al despacho de esta importante iniciativa que permitirá financiar compromisos del Gobierno que mejorarán significativamente la vida de chilenos y chilenas. En ese contexto, vamos a seguir fomentando acuerdos para contar con una tramitación responsable y diligente en proyectos que apuntan a mejorar la seguridad pública, económica y social de la ciudadanía. Agradecemos la disposición de todos los sectores políticos en el Congreso y esperamos que este ánimo se replique”.
Contenido del proyecto
Del trabajo realizado en ambas cámaras, se aprobaron 24 materias por amplia mayoría, entre las que destacan la fiscalización de grupos empresariales, la posibilidad de establecer la trazabilidad en comercio de bienes, la ampliación de las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las normas del fortalecimiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entre otras.
Respecto de las áreas donde hubo modificaciones, destacan los cambios al secreto bancario para el cual se mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta manera, el levantamiento del secreto bancario armoniza con los procedimientos de fiscalización siendo una herramienta fundamental.
Asimismo, en Norma General Antielusiva (NGA), se mejoró el procedimiento en etapa administrativa y judicial, quedando una regulación coherente y sin vacíos de procedimiento asegurando su correcta implementación en el combate contra la elusión. En tanto, para el denunciante anónimo se mantuvo la recompensa, fijando un piso para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 Unidades Tributarias Anuales).
También se perfeccionó la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos incorporando un Consejo Tributario que opinará sobre el plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y las circulares sometidas a consulta pública, no obstante, la interpretación de la ley tributaria se mantendrá dentro de las facultades del director del Servicio.
Reconociendo la importancia de las Pymes en la economía, el proyecto incluye diversas medidas para aliviar su carga tributaria y facilitar el cumplimiento. Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas; se introducirá una norma para declarar la incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas prescritas.
También se ampliarán las atribuciones de la Defensoría del Contribuyente aumentando su dotación en más de un 50% para ofrecer mejor asistencia jurídica y acompañamiento a los contribuyentes; se permitirá la representación judicial en los procedimientos de vulneración de derechos de los contribuyentes; y se establecerá un procedimiento simplificado para el término de giro de Pymes facilitando el cierre ordenado de sus operaciones.
Asimismo, se introducen herramientas clave para formalizar la economía y mejorar la fiscalización tales como la obligación a las plataformas digitales, portales de pago y entidades públicas a exigir inicio de actividades a sus usuarios, así como reportar las operaciones que se realicen a través de ellas; y se establecerá que todas las plataformas digitales extranjeras estarán sujetas al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) por los bienes comercializados. El SII estará facultado para implementar sistemas de trazabilidad sobre cualquier tipo de bien, con el costo fiscal a cargo del Estado; y los bancos deberán exigir inicio de actividades para operaciones de crédito. A su vez, los bancos deberán informar al SII sobre contribuyentes que reciban en un mismo día, semana o mes, 50 o más transferencias de personas distintas o 100 dentro de un mismo semestre y el monto agregado de las operaciones reportadas. Finalmente, los comerciantes de bienes usados deberán identificar a sus proveedores.
Tras este último trámite legislativo, el proyecto queda en condiciones de promulgarse y convertirse en ley de la República.
Bárbara Figueroa sobre Cubillos: “Tengo derecho a cuestionar que alguien gane al mes lo que un trabajador suma en 3 años”
Un nuevo remezón mediático ha generado el multimillonario sueldo que recibió la ex ministra de educación de Piñera, Marcela Cubillos, cuando ejerció como académica en la Universidad San Sebastián durante los años 2020 y 2024.
Son $17 millones mensuales que superan las remuneraciones de cualquier rectoría universitaria, además que percibió dicha suma ininterrumpidamente, pese a vivir parte de ese tiempo en España.
Estas revelaciones han gatillado que la Superintendencia de Educación Superior inicie una investigación, dado que el 45% de los recursos de la USS corresponden a fondos de origen fiscal.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, criticó que la exministra y candidata a alcaldesa de la Derecha por Las Condes, aminorara la gravedad de los hechos al señalar que definir el monto de su sueldo “es un asunto entre privados”.
“Es absolutamente cuestionable, porque lo cierto es que de privado está sólo la relación contractual entre la institución, pero lo que se está financiando ahí es con recursos públicos”, dijo aludiendo a la extraordinaria diferencia con el sueldo mínimo que hoy rige en el país:
“Por lo tanto, es legítimo el cuestionamiento”, indicó la líder del PC poniendo además, la mirada en varios personeros -y no pocos de la derecha política- que figuran entre los contactos de Hermosilla (casio Audios) y que han ejercido la docencia en esa universidad: el ex ministro Felipe Ward y el ex fiscal, Manuel Guerra; los magistrados que hoy enfrentan acusaciones constitucionales como Vivanco y Matus; también, el ex ministro del interior de Piñera, Andrés Chadwick, con quien Hermosilla trabajó estrechamente cuando ejerció ese cargo público y quien actualmente figura como presidente del consejo de la casa de estudios.
“Nuevamente se pone en tela de juicio el valor de la política y se profundiza la desconfianza legítima de la ciudadanía cuando ve estos hechos. Hagámonos cargo de esto, lleguemos a las últimas consecuencias, y a partir de aquello, veamos cómo mejorar todos los poderes del Estado y ciertos estándares que no puedan ser superados”, señaló.
No empates sino límites
Por otro lado, Bárbara Figueroa se refirió a las acciones en el parlamento para investigar a los ministros de la Corte Suprema, Vivanco y Matus, vinculados al caso Audios. Al respecto, manifestó su desacuerdo con la acusación que levantó Chile Vamos que sumó al juez Sergio Muñoz.
La dirigenta dio a entender que incluir a Muñoz -quien no aparece en las conversaciones de whatsapp de Hermosilla y cuya falta se vincula a la entrega de información anticipada de un fallo sobre un proyecto inmobiliario a su hija Graciel Muñoz, para desistir en la compra de dos departamentos-, “es diferente a la injerencia y el rol de operadora política de la derecha por parte de Vivanco en el poder judicial”, sostuvo Figueroa.
“Va haber un proceso que habrá que seguir con mucha atención respecto a las tres acusaciones y cómo se va a comportar el sector más afectado por las imputaciones”, agregó la secretaria del PC, a propósito de las dificultades que ha presentado la derecha en asumir su vinculación en este grave caso de corrupción, y en cuyas vocerías se ha restado su candidata presidencial, Evelyn Matthei:
General Yáñez
El general de Carabineros Ricardo Yáñez será formalizado el 1 de octubre por graves violaciones a los DDHH durante el estallido social de 2019. Desde el gobierno y en voz del subsecretario Monsálvez, se ha manifestado que el funcionario debiese dejar el cargo antes de esa fecha
Bárbara Figueroa precisó sobre ese punto que como Partido han planteado “desde el minuto uno esperar que no sea una decisión del ejecutivo sino que se dé un paso al costado como se exige a cualquiera”.
“Es legítimo enunciar el paso al costado y lo planteamos desde el día uno”, reiteró la secretaria del PC.
“Denota una fórmula para desviar recursos”: Diputados comunistas ofician a la Superintendencia de Educación Superior por millonario sueldo de Marcela Cubillos
Las diputadas Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Maria Candelaria Acevedo y el diputado Matías Ramirez, oficiaron a la SuperIntendencia de Educación Superior por el sueldo de 17 millones de pesos que la actual candidata alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, percibía en la Universidad San Sebastián.
El requerimiento pretende que la institución inicie un proceso de fiscalización sobre un eventual incumplimiento de la ley N 21.091 de Educación Superior, que obliga a los planteles universitarios a reinvertir las ganancias o excedentes en la mejora de la educación.
La normativa, en esa línea, contempla una “multa de un 50% de la suma desviada”, siendo clara en establecer que la administración de estos dineros deben definirse por y para el proyecto educativo.
“Resulta evidente que una remuneración de 17 millones de pesos no se ajusta a las remuneraciones que perciben los académicos en nuestro país y, posiblemente, denota una fórmula para desviar recursos para el financiamiento de actividades de carácter político”, indica el escrito ingresado por los parlamentarios comunistas.
“Las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas, en nuestro país están sujetas al cumplimiento de la Ley de Educación Superior. En ese contexto, la Universidad San Sebastián debe destinar sus recursos, e inclusive las eventuales ganancias que pueda tener, precisamente a los fines propios de la institución o vinculados al mejoramiento de la calidad en la educación en dicha institución”, indicó el diputado Matías Ramírez.
Para el parlamentario por Tarapacá, es preocupante que “en este caso se han pagado sueldos altísimos, irrisorios en algunos casos, a personas vinculadas, particularmente a la derecha, como el caso de Marcela Cubillos. 17 millones de pesos es una remuneración que ningún docente en una universidad de nuestro país, recibe de manera normal y aquello creo que amerita una investigación exhaustiva por parte de la Superintendencia de Educación Superior, que permita aclarar el cumplimiento de la ley por parte de la Universidad de San Sebastián.
“Además, se debe determinar si efectivamente los pagos recibidos por Marcela Cubillos, fueron ajustados a derecho y en caso contrario, se inicien las restituciones correspondientes, incluso ver si eventualmente puedan existir delitos como contrato simulado, entre otros”, puntualizó Ramírez.
Opinión similar tiene la diputada Castillo. “La Superintendencia debe pronunciarse de manera clara y tajante. A todas vistas esta es una situación fuera de lo común, por lo que esperamos una investigación profunda que cumpla los estándares necesarios para esclarecer este caso. Las universidades tienen un compromiso social, con la comunidad, la ley así les obliga y no aumentar el bolsillo de operadores políticos, figuras de la oposición que incluso disputan un gobierno municipal”, manifestó.
Finalmente, para la diputada Lorena Pizarro “es grotesco, es indignante lo que hemos conocido respecto de la situación de la ex ministra Cubillos en la Universidad San Sebastián. Resulta que esa universidad privada se financia en gran medida gracias a los beneficios estatales. Esto es un llamado para cambiar de una vez por todas esta lógica mercantilista de la educación y que permite descaros como del que nos hemos enterado”.
“Esta información, que no hace más que traer a la luz otro entramado de corrupción al interior de ese nido de la derecha, como lo es la Universidad San Sebastián, debe ser investigado en profundidad por la Superintendencia de Educación y de ser necesario, los antecedentes tienen que llegar al Ministerio Público para que se logre dilucidar si estos recursos de origen fiscal, han tenido un uso apropiado, porque de buen uso no se puede hablar”, sentenció la diputada Acevedo.
Daniela Serrano Salazar (PC), diputada integrante de la comisión de Educación, enfatizó que tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer la situación de la Universidad San Sebastián y relación con personeros de la derecha.
“Hay que ser tajantes. Con los recursos de la educación no se juega. Un 45,5% de los ingresos totales de la Universidad de San Sebastián provienen de fondos públicos y no pueden ser usados para otro fin que no sea del beneficio de sus estudiantes y de la educación. Usaremos todas nuestras facultades fiscalizadoras para llegar a fondo en este tema. Ninguna universidad puede ser una caja pagadora de la derecha. A diferencia de lo que plantea Marcela Cubillos, este es un tema que es grave. No es una universidad que hoy día, por no adscribirse a la gratuidad, no esté jugando con los recursos de todos y todas las chilenas. Es importante avanzar en un nuevo modelo de financiamiento, puesto que hoy día el crédito con aval del Estado es la principal caja de cambio para que la derecha haga de las suyas en la universidad de chilenas”, señaló, Serrano.
Andrés Solimano sobre desindustrialización y cierre de Huachipato: “Se echa de menos del gobierno una política más creativa”
El economista comentó algunos sucesos de interés como el anuncio del cierre definitivo de la siderúrgica, mientras que en lo internacional abordó la baja en las tasas estadounidenses y la publicación del Informe Draghi por la Unión Europea.
En lo nacional señaló sobre la clausura definitiva de la usina de Huachipato: “Se cerraron los hornos de una empresa histórica chilena que produjo acero para la maquinaria de la minería y que proveyó material a la red de ferrocarriles en el territorio nacional desde Iquique hasta Puerto Montt”.
“La empresa fue privatizada en la década de los 80 hasta que a inicios de este año, la compañía anunció un sobreprecio por competencia desleal de China. Se le otorgó 25%, estuvieron funcionando unos meses y cerraron”.
“Hay una tendencia general a la desindustrialización”, estimó Solimano. “De este gobierno se echa de menos una política más creativa, así como del Estado que sólo sigue a los directorios privados”.
“Muchas de las empresas creadas por Corfo se cerraron”, dijo apuntando a que el sector industrial nacional actualmente no excede el 11 % del PIB, a diferencia del 22% que alcanzó a inicios de la década de los 70.
Internacional: tasas estadounidenses e Informe Draghi
En el plano exterior, el economista destacó la baja en las tasas de interés norteamericanas de un 0,5% o de 50 puntos básicos.
La Reserva Federal consideró que la inflación bajó lo suficiente y “ahora se necesita avanzar en reactivar la inversión y el consumo, pese a ser una inflación sin recesión”, precisó Solimano.
Para Chile esas bajas podrían incentivar la llegada de capital exterior, lo que a su vez, podría presionar a la baja al tipo de cambio, explicó:
Otro hecho importante fue la presentación del Informe Draghi publicado por la Comisión Europea donde se evaluó el crecimiento y la competitividad económica del viejo continente frente a las otras dos potencias mundiales como lo son EE.UU y China.
“La diferencia de PIB per cápita de Europa respecto a EEUU se ensanchó: hace 20 años era un 15% más bajo y hoy está en un 30%”, indicó el especialista.
El Informe Draghi propone un programa de inversiones para aumentar en los países europeos un 5% del PIB en los próximos 10 años, lo que significa activar 800 mil millones de euros para invertir en áreas como tecnología e infraestructura.
“El Plan Marshall de 1945 movilizó entre 1,5 y 2% del PIB de la época; hoy es casi el doble”, graficó el experto respecto a este empuje de reactivación.
“Podría también Chile estudiarla; las autoridades que viven tan ocupadas de lo que diga el gran empresariado privado podrían estudiar esta iniciativa europea de un shock de inversiones para desarrollar tecnología, mejorar la productividad, ir más a la vanguardia en la innovación y además crear empleo”, observó también Solimano.
Marcos Barraza y acusaciones constitucionales: “Lo que no puede ocurrir es que la ciudadanía se quede con una sensación de injusticia”
Ya concluido el ingreso de los libelos en contra de los ministros de la Corte Suprema Vivanco, Matus y Muñoz, se constituyeron en la Cámara las tres comisiones revisoras que analizarán la admisibilidad de los documentos emanados por las diferentes bancadas.
Con mayoría de la oposición en cada una de ellas, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, indicó que los parlamentarios tienen hasta dieciséis días para evacuar el informe que luego el Senado se encarga de revisar y votar.
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, en conversación con Nuevo Mundo, enfatizó que en esta acción la Cámara cumple con sus funciones y atribuciones, pero previniendo sobre las expectativas de la población en sancionar:
“Lo que no puede ocurrir es que la ciudadanía se quede con una sensación de injusticia. Esto es muy corrosivo desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Eso las distancia y las pone en colisión con el sistema político porque es uno de los poderes del Estado el que está cuestionado severamente por actos de ministros del poder judicial”.
En el caso de la jueza Vivanco señaló que hay mérito suficiente para avanzar en la acusación, mientras que en el caso de los otros ministros, precisó que es necesario seguir profundizando en la investigación.
Otra advertencia expresada por el dirigente, apuntó a no confundir las motivaciones que respaldan las acusaciones, pues en la derecha hay interés de ensuciar a todo el mundo, dijo, a propósito del juez Sergio Muñoz y apuntando a que en cada caso, se juegan distintas responsabilidades dentro del Poder Judicial:
PNUD
El dirigente del PC también se refirió al descrédito comunicacional que incentivan las fuerzas políticas de oposición sobre los resultados y la terminología acuñada en el reciente informe del PNUD respecto a los factores que dificultan los cambios en el país.
Uno de los puntos abordados en el estudio es la desigualdad y en ello la concentración de la riqueza y el poder por parte de las elites, término cuestionado días atrás por el analista del CEP, Aldo Mascareño.
“El informe del PNUD es una de las más rigurosas investigaciones longitudinales en Chile”, aseveró Barraza, “pues son estudios sobre satisfacción y calidad de vida que datan del año 99”.
Por otro lado -y sin ir más lejos-, acotó: “El caso Hermosilla da cuenta de una elite articulada para beneficiarse en detrimento de los derechos del pueblo de Chile: incurren abusos de poder en base del tráfico de influencias para burlar la ley y dictaminar fallos por jueces proclives a determinados intereses políticos”.
CAE
A propósito del proyecto de ley que busca dar fin al Crédito con Aval del Estado para la educación superior y que fue pospuesto para octubre, el dirigente comunista indicó que el gobierno hace muy bien en presentar esta iniciativa.
“Creo que va a permitir construir un sistema de financiamiento que no tenga esa condición abusiva que por sí tiene el CAE y para quien no tiene gratuidad, dando una respuesta conforme a las deudas de las y los jóvenes y para tranquilidad de las familias”.
Asimismo planteó respecto a su discusión legislativa: “Es distinto de quien tiene observaciones, plantear incentivos a quienes han pagado o que reciban algún tipo de compensación, pero oponerse es realmente poner intereses ideológicos desde el punto de vista del neoliberalismo por sobre el bienestar y la calidad de vida de las familias”, señaló Marcos Barraza.
Presidenta de la Cámara y secretario general explican plazos y procedimientos de acusaciones constitucionales presentadas
Tras el ingreso de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, y conocida la definición de las y los diputados que integrarán las comisiones revisoras, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, junto al secretario general, Miguel Landeros, informaron sobre los plazos y procedimientos a seguir para su tramitación en la Corporación.
En primer lugar, la representante de la testera, señaló que el objetivo que tendrán las y los parlamentarios integrantes de las comisiones es la revisión de la admisibilidad de cada una de las acusaciones, “los capítulos en particular los revisa y los vota el Senado”, afirmó.
Asimismo, la presidenta de la Cámara detalló los plazos que establece el reglamento para los diferentes procedimientos. “Tenemos tres días como mesa de la Cámara para notificar a los ministros acusados. Nosotros vamos a proceder a llevar adelante esta notificación el día de mañana”.
“Para contestar, los ministros tienen diez días hábiles, excluyendo los días domingos y festivos, y posterior a eso la comisión tiene seis días hábiles para evacuar su informe. Sin mérito de ello, cada una de las comisiones se pueden constituir desde ya para poder desarrollar los procedimientos que se requieran llevar adelante en el estudio de estas acusaciones constitucionales”, expresó la diputada Cariola.
En esa línea, Cariola explicó que transcurridos los días hábiles que tiene la comisión para evacuar el informe, la Sala de la Cámara procederá a la votación de cada una de las acusaciones – las que tendrán el mismo orden según fueron ingresadas -, de modo que las que resulten aprobadas serán revisadas en detalle por el Senado.
En caso de que se aprueben dos acusaciones contra una misma ministra, el secretario general de la Corporación aseguró que “será el Senado quien se va a tener que pronunciar sobre las dos acusaciones y ahí va a depender de los tiempos del Senado y de cómo las tramiten. Puede que acogiendo una, por supuesto, no entre la tramitación de la segunda porque ya estaría cumplido con el deber de pronunciarse sobre ella. Si la rechaza, podría rechazar las dos. Las combinaciones son variadas y eso ya es más tema más propio del Senado que nosotros”.
Consultado en caso de renuncia de uno de los ministros del máximo tribunal, Landeros aclaró que “las acusaciones se pueden presentar durante la época en que la autoridad ejerce el cargo y hay distintos plazos. En unos casos son tres meses, en otros son seis meses, desde que se deja el cargo. Porque las sanciones son distintas. Una cosa es la renuncia y otra es las sanciones por haber cometido algún ilícito constitucional”.
Más grave que el caso Penta: Diputado Luis Cuello aborda la arista Vivanco-Hermosilla en el marco de las acusaciones constitucionales
Durante la jornada, se dio curso en el Congreso a una serie de acusaciones constitucionales contra algunos ministros de la Corte Suprema, levantadas por parlamentarios de diferentes bancadas.
Desde el oficialismo, el Partido Socialista levantó una acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco y asimismo lo hizo Renovación Nacional, colectividad que además estudia presentar otra en contra del ministro Mario Carroza.
Por su parte, la UDI, partido de derecha al igual que RN, presentó una acusación en contra del ministro Sergio Muñoz, mientras que la Democracia Cristiana apuntó con su acusación al ministro Jean Pierre Matus.
El diputado comunista, Luis Cuello, señaló que la derecha en el parlamento busca con esos pronunciamientos hacer un empate, sumando otras acusaciones como la de Muñoz, situación que puede afectar de forma indiscriminada a esa u otras magistraturas.
“Son situaciones no comparables”, dijo respecto al caso de la Ministra de la Suprema, hoy suspendida de sus funciones por diversas irregularidades judiciales que se investigan, y cuyo nombramiento se vincula al abogado Luis Hermosilla -imputado clave en el caso Audios- y al ex ministro de Piñera, Andrés Chadwick.
“Estamos frente al mayor escándalo de corrupción de la postdictadura; supera incluso el caso penta”, sostuvo el parlamentario, indicando que bajo el gobierno de Piñera “hubo una especie de captura de ciertas de instituciones”, tal como lo revela la nominación del ex director de la PDI, Sergio Muñoz:
Igualmente remarcó la actuación del ex ministro de Vivienda en ese segundo período de Piñera, Felipe Ward, quien otorgó ciertas certificaciones en favor del grupo Jalaff -también investigado en el caso Audios-, lo que lleva a un involucramiento “bastante profundo e intenso por parte de Chile Vamos y en particular por la UDI”, precisó.
“En definitiva el gobierno del ex Presidente fue parte de esta operación y red que tiene bastante ramificaciones, pues es la punta del iceberg; falta que se revelen más cosas y en eso va a servir la acusación contra la ministra Vivanco y Matus. Esperamos reunir las firmas para constituir una investigación sobre los permisos otorgados por Felipe Ward”, anunció Cuello.
Por otro lado, el diputado, advirtió que posiblemente este caso tenga una expresión electoral, donde la población está percibiendo una desigualdad ante la ley. Pero además puede repercutir en la reforma de pensiones, dijo, en cuya discusión legislativa la derecha tiene una numerosa representación.
Estallido social
Pronto a cumplirse 5 años de la revuelta popular que tuvo lugar el 18 de octubre de 2019, el diputado Cuello criticó el estigma comunicacional con el que se le busca asociar, a fin de ocultar el rol que jugó el Estado y el gobierno de Piñera en el atropello masivo a los derechos humanos, y de invalidar las demandas sociales que en ese contexto se levantaron.
“Las demandas se mantienen vigentes y en definitiva el proceso constitucional fracasó por distintas razones, largas de analizar”, indicó el diputado, ”pero aún se mantiene pendiente la deuda de la democracia por superar este estado de cosas que tiene que ver con un modelo económico y social injusto”.
