Dirigenta mapuche-williche Yohana Coñuecar denuncia campañas de desinformación y racismo institucional contra pueblos originarios por Espacios Costeros. Critica votaciones adversas en CRUBC de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes  y alerta sobre peligros para la biodiversidad y cultura indígena. Reconoce el logro en el Tribunal Constitucional que frenó la suspensión de la Ley 20.249 de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, pero exige vigilancia ante amenazas políticas y empresariales.

Yohana Coñuecar denuncia racismo y desinformación contra pueblos originarios en Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO)

Yohana Coñuecar, dirigente Mapuche Williche, originaria de la isla Llanchid de Hualaihué, vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar e integrante de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), Región de Los Lagos, en representación de escaños de Pueblos Originarios, denunció una escalada de desinformación y racismo institucional contra los pueblos originarios en el proceso de reconocimiento de Espacios Costeros Marinos y sus usos consuetudinarios. Acusa la injerencia de grupos económicos y autoridades en las votaciones adversas de las CRUBC y exige mayor vigilancia ante amenazas políticas y empresariales.

La dirigente, advierte sobre una creciente campaña de desinformación y racismo institucional contra los pueblos originarios en el reconocimiento de Espacios Costeros Marinos. Denuncia votaciones adversas en las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos, Aysén y Magallanes, señalando la influencia de intereses empresariales. Si bien destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que frenó la suspensión de la Ley 20.249, alerta sobre la necesidad de vigilancia ante presiones políticas y económicas.

Resistencia mapuche-williche ante el despojo costero: desinformación y lucha por los ECMPO

A tres años del gobierno de Gabriel Boric, la defensa de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) enfrenta un escenario adverso. Mientras el Ejecutivo celebró el fallo del Tribunal Constitucional que bloqueó intentos de suspender la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), las comunidades indígenas denuncian retrocesos en las votaciones de la CRUBC y una escalada de racismo institucional promovida por sectores económicos.

El canal digital “Espacios Costeros” publicó un balance sobre los tres años de gobierno en esta materia: “¿Lo bueno? La defensa del @gobiernodechile en #tribunalconstitucional ante el intento de frenar #leylafkenche. ¿Lo malo? Las vergonzosas votaciones en las CRUBC de Aysén, Los Lagos y Magallanes. ¿Lo preocupante? El 0% de avances legislativos en materia de pueblos originarios”.

Organizaciones indígenas expresan su inquietud por la influencia de la industria salmonera en estas decisiones. Según Coñuecar, estas empresas han impulsado campañas de desinformación para generar rechazo a los ECMPO, difundiendo falsedades sobre su impacto en la pesca artesanal y el empleo local.

Un escenario de presión y polarización

Las CRUBC han sido objeto de intensas presiones por parte de la industria salmonera y sectores aliados, según comunidades y organizaciones, promoviendo la idea de que los ECMPO restringirían el acceso al mar y perjudicarían a trabajadores y pescadores. Para las comunidades, esto constituye una “grotesca campaña de desinformación”, que ha fomentado la polarización y ataques contra dirigentes defensores de los espacios costeros.

Coñuecar critica la falta de acción del Estado: “La escalada de desinformación y racismo institucionalizado no va a disminuir”, advirtió. Desde su rol como vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, Coñuecar denuncia que en 2024 las votaciones en las CRUBC de Los Lagos, Aysén y Magallanes reflejan un patrón preocupante. “Las votaciones fueron en su mayoría un rechazo rotundo a los espacios costeros marinos de los pueblos originarios”, afirmó.

Para la dirigenta, este rechazo responde a una campaña mediática impulsada por sectores económicos, con discursos de odio hacia las comunidades indígenas. Además, advierte sobre los riesgos para la biodiversidad y la cultura costera de los pueblos Mapuche y kawésqar en Aysén y Magallanes respectivamente.

Riesgos de una decisión política

Coñuecar señala que la composición de las CRUBC representa un desafío adicional: “En la Región de Los Lagos, 22 de los 54 miembros son alcaldes, y no siempre están en sintonía con las demandas sociales e históricas de sus comunas”. Esta estructura, según su análisis, dificulta el reconocimiento de derechos ancestrales.

Tribunal Constitucional: una victoria parcial

Sobre el fallo del Tribunal Constitucional de enero de 2025, Coñuecar destaca su importancia en la defensa de los derechos indígenas: “Lo del tribunal constitucional, también ha sido una instancia donde hemos podido defender la aplicación de la ley en los territorios y esta sentencia que finalmente dio el tribunal constitucional nos indica a nosotros de que no es fácil hoy día quitar derechos que mediante leyes hemos adquirido, como la ley 20.249, que se pretendió el año pasado modificar, a través de una ley de presupuesto, da una indicación de que no es fácil jugar con los derechos de los pueblos originarios, con los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas y cualquier tipo de política pública hoy día debe ser tratada con los acuerdos que el Estado ha firmado”.

La dirigenta anticipa que los ataques contra la Ley de Espacios Costeros persistirán y que las comunidades deben mantenerse en alerta. “vamos a seguir estando atento porque las campañas contra la ley van a seguir constantemente, así como lo hacen con otros cuerpos jurídicos que también defienden los derechos costeros. Hay que estar atentos porque estas campañas no van a bajar, no van a disminuir en su intensidad ni en su gruesor, digamos, de contenido. Pero yo creo que los pueblos originarios hemos sido bastante resistentes, como para seguir en la resistencia, que es lastimoso pensar en que en los años en los que estamos hoy día debemos seguir manteniéndonos en una resistencia, en una vigilancia activa de la política pública, porque finalmente los derechos están ahí jugándose sin la participación de las comunidades, de las personas y sin la participación del futuro de los pueblos indígenas”.

Finaliza Coñoecar: “Entonces, se hace un llamado a estar alerta, porque el enemigo no son las comunidades indígenas ni los pescadores artesanales, es la política pública, los políticos que hacen uso de esas modificaciones, qué sé yo, o intenciones de una mejor política, ¿cierto?, para sus campañas parlamentarias y finalmente lo único que hacen es entorpecer precisamente el trabajo propio que las comunidades levantan en torno a las gobernanzas territoriales. Y eso es hoy día peligroso para la sociedad costera, porque finalmente nos vemos presos del juego político y juego empresarial en desmedro de nuestros derechos adquiridos y nuestros derechos al mar”.

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