Esta semana se produjeron estos marcadores:
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La Agrupación de Familiares de Desaparecidos, encabezada por su presidenta Lorena Pizarro, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para expresarle su preocupación y rechazo ante las recientes libertades a violadores de derechos humanos otorgadas por la Sala Penal del máximo tribunal del país.
Concluida la cita, Lorena Pizarro anunció la presentación de una carta de reproche dirigida al pleno de la Corte Suprema, en donde manifestaran su preocupación por esta doctrina aplicada por la segunda sala penal que beneficia a los criminales de Estado, desestimando los criterios aplicados por el Derecho Internacional en este tipo de hechos.
La activista por los D.D.H.H no descartó recurrir a organismos internacionales para denunciar esta práctica de impunidad judicial, la cual precisó, ha sido favorecida por la ausencia de una legislación y una voluntad política al respecto.
Sobre la revocación de la libertad condicional al piloto del helicóptero en la denominada “Caravana de la muerte “Luis Felipe Polanco por parte de esta segunda sala penal, Lorena Pizarro sostuvo que esto lejos de ser un gesto de parte de los ministros sólo corresponde al cumplimento de su labor, a diferencia del fallo anterior en que si hubo un claro abandono de deberes.
Del mismo Lorena Pizarro, afirmó que el actuar ilegitimo de algunos ministros de la Corte Suprema en torno a los temas de D.D.H.H, obedece a un plan concebido por un gobierno como el actual, el cual desde el primer minuto se ha coludido con el Poder Judicial –tal como ocurrió en Dictadura ,para sellar la más alevosa impunidad.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos comentó finalmente, que, dentro de la reunión sostenida con el titular de la Corte Suprema, le expusieron sus impresiones respecto a que lo obrado por la segunda sala penal esperan corresponda sólo a un cambio de criterio y no doctrina, ya que resultaría muy grave que un poder del Estado no priorice la protección de los D.D.H.H.
El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza en Chile.
Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores.
El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la precarización del empleo.
Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del Gobierno.
El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el crecimiento económico.
A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver grandes problemas sociales.
Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema económico que necesita la precarización del empleo.
Representantes de todas las bancadas opositoras se reunieron con organizaciones en defensa de los Derechos Humanos para intercambiar ideas y propuestas que permitan enfrentar la coyuntura generada por la libertad condicional otorgada por la Segunda Sala de la Corte Suprema a criminales de lesa humanidad.
La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema.
Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH aclaró que los ministros están obligados a adecuar sus fallos al orden internacional en materia de protección de los Derechos Humanos.
En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia.
Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas.
El abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que La Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.
Por otro lado, Cristian Cruz descartó que la libertad condicional se niegue por razones políticas más que jurídicas, como señala el diputado UDI Osvaldo Urrutia, en defensa de los criminales condenados.
El abogado de derechos humanos aclaró que La Corte Suprema cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.
A su vez, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas que cometieron los peores crímenes, contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales.
El diputado Tomás Hirsch dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de Derecho efectivo.
Tomás Hirsch explicó que desde el término de la Dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.