El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier criticó que el vicepresidente de la CORFO, Eduardo Bitran, descartara la posibilidad de impulsar una empresa nacional del litio, en defensa de los intereses de SQM, pese a tratarse de una empresa corruptora que paga multas para liberar a políticos condenados por financiamiento irregular de la política.
El diputado Guillermo Teillier afirmó que el acuerdo suscrito entre SQM y la CORFO es una mala señal política, ya que deja establecido que una empresa puede robar, corromper y ser premiada por incumplimiento de contrato, mediante una concesión que le otorga la explotación del litio hasta el año 2030.
Finalmente, el timonel del Partido Comunista manifestó su preocupación por el futuro de un recurso tan estratégico para Chile como es el litio, en un contexto de impunidad para la minera no metálica, sin ningún tipo de intervención por parte del Estado frente a la privatización del mineral.
El ex ministro Francisco Vidal, aseveró que si se comprueba el presunto montaje de Carabineros, en el marco de la operación Huracan, coloca en cuestión políticamente el tema de la violencia en La Araucanía, afectando de paso la credibilidad de Carabineros, como institución.
Asimismo, Francisco Vidal afirmó que esta grave situación pone en cuestión tanto a la Fiscalía, como al organismo de Inteligencia Policial de Carabineros.
Haciendo una lectura del contexto histórico y político, Francisco Vidal fue enfático en aclarar que la situación de La Araucanía es producto de un robo de tierras hecho por el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche.
Finalmente,el ex ministro de justicia, Francisco Vidal aseguró que si la Fiscalía tiene la razón y se llega a esa verdad judicial, estamos ante un problema mayor.
Ex ministro PPD, Francisco Vidal, dijo que “si no reaccionamos con unidad desde el sector progresista desde la DC hasta el FP, la derecha gobernará mínimo ocho años”.
Equipo ES. Santiago. El ex ministro y dirigente del Partido Por la Democracia (PPD), Francisco Vidal, es de la idea de que las fuerzas de oposición al futuro Gobierno de Sebastián Piñera, deben dar una potente señal a partir de marzo próximo y una de ella es lograr gobernar en el Parlamento.
El académico y columnista sostuvo en el programa “De Domingo a Domingo”, de radio Nuevo Mundo, que “gobernar el Parlamento es un acuerdo político sustancial” y no un hecho meramente administrativo.
Para gobernar en la Cámara de Diputados “debemos reunir 83 diputados. Los de la Fuerza de la Mayoría, los 14 de la Democracia Cristiana (DC), los 4 del Frente Social y Regional Verde y el independiente René Saffirio. También los del Frente Amplio. Tendríamos (de esta manera) los cuatro años en la Cámara y las comisiones”, detalló.
La segunda señal, indicó, “es que la oposición debe ser el frontón” ante los intentos de la derecha, cuando asuma el gobierno (de hacer cambios) en las reformas Tributaria, Laboral y Educacional.
“Toda la gente de derecha que escribe (columnistas) dice que hay que reformar la Reforma Laboral. No pueden volver a la huelga sin reemplazo, lo que quieren es aumentar los servicios mínimos para debilitar la huelga y quieren, vía decreto, fortalecer los grupos negociadores cuyo resultado es debilitar al sindicato”, precisó.
Vidal se refirió también, en este sentido, a lo señalado por el futuro ministro de Educación, Gerardo Varela, “quien no cree en el fin al lucro, el fin al copago y a la selección; tampoco cree en la educación gratuita (…)”.
El ex ministro sostuvo que, en el caso de que gobiernen en la Cámara, “cuando empiecen a llegar los proyectos de Larraín (Felipe, futuro ministro de Hacienda) como el de ajuste fiscal (…), ¿cuál sería el resultado de esa votación? 83 diputados en contra”.
Puso énfasis en que “tenemos dos años, a partir de ahora, para construir ese proceso, porque si la izuierda y el centro no van con candidatos únicos en las elecciones de intendentes y alcaldes la derecha arrasa por correlación de fuerzas. Ellos son menos que nosotros en la medida que nosotros estemos unidos. Si estamos divididos ellos son más”.
Gabinete de Piñera
Francisco Vidal sostuvo que el gabinete de Piñera, que fue nombrado el martes pasado, “expresa la derecha en todas sus formas: político, económico, social e incluso la fáctica”.
Destacó que Alfredo Moreno, futuro ministro de Desarrollo Social, “es el representante más genuino de lo que Allamand (Andrés) denominaba, en los principios de los ’90, operación fáctica”.
“Tenemos una derecha económica en el gabinete que la expresan Moreno, Valente ( José Ramón, futuro ministro de Economía) y Varela ”. El primero tiene un patrimonio personal –recordó- de 30 mil millones de pesos; el segundo de 12 mil millones de pesos y el tercero de cuatro mil millones de pesos.
Vidal agregó que Felipe Larraín deberá renunciar al Grupo Angelini, además de Clapes UC (Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica), y Moreno deberá renunciar al Grupo Penta; además “Valente deberá renunciar a nueve directorios de grandes empresas”.
Según manifestó, “hay un doble discurso: la unidad nacional, el acuerdo, la convergencia…en La Tercera viene (este domingo) la entrevista a Felipe Larraín; él dice que el impuesto a las empresas, que la Reforma (Tributaria) de Bachelet subió de 20 a 27 ellos, quieren bajarlo a 25 (…) ellos quieren integrar el sistema tributario; volver a integrar el sistema tributario significa que el Fisco pierda 700 milllones de dólares y que el 1% más rico recupere otros 700 millones de dólares (…)”.
“¿Cómo van a decir que no es retroexcavadora y le están devolviendo 1.500 millones de dólares al 1% más rico?, ¿vamos a subir el IVA? Lo que tenemos al frente es tremendo”, agregó.
El ex secretario de Estado indicó que “lo que tenemos al frente es una derecha completamente segura que tiene un colchón. Salvo el Parlamento, tiene La Moneda, la mitad del Parlamento y los medios. Mientras tenemos eso al frente, en los partidos tenemos desunión, falta de solidaridad, ni siquiera nos ponemos de acuerdo para gobernar en el Parlamento”. Y remarcó que “si no reaccionamos con unidad desde el sector progresista de la DC (Democracia Cristiana) hasta el FP (Frente Amplio) la derecha gobernará mínimo ocho años.”.
“En general, no se tiene conciencia del adversario político, los muchachos del FA no dimensionan lo que tienen al frente, en mi partido lo mismo”, apuntó. A esto se suma –añadió- “que hay confusión de por qué perdimos. Apoyándome en los datos, perdimos por varias cosas: división, por falta de primarias, un candidato especial…pero la razón de fondo es que perdimos el voto popular, eso es responsabilidad nuestra y del gobierno. En las 20 comunas más pobres, en 17 ganó la derecha. En las cinco comunas más ricas del país, del barrio alto de Santiago, nos sacaron la cresta (…)
Vidal se preguntó también cómo la Presidenta “¿nombró ministros que no creen en la reforma? Burgos (Jorge) en una entrevista dijo que no debió asumir el Ministerio del Interior. Ni Burgos ni Rodrigo Valdés (ex ministro de Hacienda) no creían en las reformas. De eso hay que aprender”.
Operación Huracán
En la oportunidad, otro tema obligado de conversación fue la llamada Operación Huracán, cuya indagatoria fue cerrada por el Ministerio Público luego que se detectara que Carabineros manipuló las pruebas que culpaban a los ocho imputados.
“Si la Fiscalía tiene razón y se llega a esa verdad judicial, en mi opinión, estamos en un problema mayor, no solo porque afecta a Carabineros que ha bajado (la credibilidad) por los fraudes y coloca políticamente el tema de la violencia en La Araucanía”, agregó.
Respecto a la problemática de los pueblos originarios, “el talento político consiste en este caso es cómo haces convivir por una parte la reivindicación originaria con la realidad. La realidad es que hay miles de propietarios de tierras que son el producto de un robo no hecho por ellos sino que por el Estado de Chile”, completó Vidal.
(Vía ciperchile.cl) Por Daniel Matamala / Periodista
“No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son ‘gente como uno’, esa que a lo más comete ‘errores’, y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello”.
Fue bonito mientras duró. Por más de tres años, se abrió la esperanza de investigar y castigar la corrupción en la élite política y económica. Las refriegas tuvieron idas y vueltas, y aún quedan aristas pendientes, pero la conclusión ya es inequívoca: los corruptos ganaron.
Ganaron por goleada. Por paliza.
Es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de prescripción ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo impedía.
Y, si todos estos resguardos fallaban, las penas para la corrupción, incluso en los casos más graves, eran siempre remitidas, jamás penas de cárcel efectivas.
La batalla fue dura. Y los corruptos usaron todas sus armas. Su primer éxito fue cooptar para su defensa a gran parte de la élite. No todos los políticos, empresarios ni lobistas son corruptos, por cierto. Pero, por distintos motivos, la defensa fue cerrada.
Algunos tenían esqueletos en sus armarios; otros, defendían a los miembros de la casta: del partido político, del gremio, del club de golf. La endogamia que caracteriza a la élite chilena la hizo cerrarse como un cascarón: la espada de Damocles pendía sobre un correligionario, un ex compañero de colegio, un primo, un socio. Otros veían en riesgo la estabilidad, la institucionalidad misma, que entienden como indivisible de la élite a la que ellos mismos pertenecen.
Personeros de gobierno trabajaron codo a codo con SQM. La izquierda y la derecha, unidas, no fueron vencidas.
¡Ay de los insurrectos! Marisa Navarrete, la abogada que comenzó todo al denunciar el fraude al FUT, perdió su trabajo. Cristian Vargas, que dio la batalla por defender al SII, fue despedido. El fiscal Carlos Gajardo y su colega Pablo Norambuena debieron renunciar después de años de acusaciones y persecuciones. Dos veces intentaron sacar al molesto Gajardo de las investigaciones. Cuando el escándalo público lo impidió, se le recortaron sus casos: le quitaron Corpesca y SQM, y lo subordinaron en Penta.
No quedó arsenal sin usar: denunciaron persecución política en cada intento de investigar, inventaron leyes mordaza, amenazaron con acusaciones constitucionales a los fiscales. Cortejaron a los candidatos a Fiscal Nacional con el premio mayor, de maneras tan impúdicas como una reunión con uno de los defensores de las causas.
En el fragor de la batalla nada importó. Destruyeron el prestigio del Servicio de Impuestos Internos. Dinamitaron la independencia de la Fiscalía. Hubo de todo: hasta un oficio del Senado pidiendo el pronto cierre de la causa contra Iván Moreira. Un mes después, la tuvieron.
El último triunfo, el definitivo, fue adormecer a la ciudadanía. El fragor de la campaña electoral sirvió para eso. Para convencer a la opinión pública de que todo es una pelea entre «fachos» y «zurdos», donde la teoría del empate campea, y solo importa defender a mi bando, aunque eso pase por minimizar o ignorar casos de corrupción flagrantes.
Ese fue el último clavo del ataúd. Cuando el clivaje ciudadanía versus elite fue reemplazado por el de fachos versus zurdos, la opinión pública se compró la teoría del empate, y la derrota de la democracia se consumó.
No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son «gente como uno», esa que a lo más comete «errores», y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello.
Los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y restoranes de siempre. SQM firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha pasado nada.
«Los de Penta hacen lo que hacen todos. ¿Quién no le pide a la señora una boleta para justificar gastos?», dice el arquitecto favorito de la élite, Cristián Boza. El «Choclo» Délano «es del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza», escribe en su defensa el empresario y columnista de El Mercurio, Gerardo Varela. Y Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, ampara a Moreira argumentando que «todos los políticos se financiaron así».
Niégalo. Si no puedes negarlo (porque te pillaron suplicando plata por mail), minimízalo. Si no puedes minimizarlo (porque la gente se enoja cuando saben que se legisló a favor del grupo económico que ponía la plata), generalízalo. Como en el colegio: todos fuimos.
Todos son culpables, por lo tanto, nadie es culpable.
Total, el lobista en jefe, Enrique Correa, asegura que el financiamiento irregular no es corrupción. Sépanlo, chilenos: cuando un político mendiga plata ilegal a grandes grupos económicos, haciéndose cómplice en un esquema de evasión tributaria, y usa ese dinero para hacer trampa en una elección para su propio beneficio, eso no es corrupción.
El hijo de la Presidenta obtiene un crédito fabuloso para un negocio oscuro tras reunirse con el hombre más rico del país, pero eso no es corrupción. Senadores y diputados ganan elecciones con plata sucia a cambio de genuflexiones inconfesables, y eso no es corrupción. SQM y Corpesca pagan por leyes hechas a su medida, pero eso no es corrupción. Las farmacias, las papeleras y los pollos les meten la mano al bolsillo a todos los chilenos, pero no hablemos de corrupción.
A la corrupción no se le castiga con cárcel. No se la penaliza simbólicamente. No se la sanciona socialmente. De hecho, ni siquiera se llama así.
Y cuando a la corrupción ni siquiera se la llama por su nombre, la victoria es total.
El director del periódico El Siglo, Hugo Guzmán manifestó con preocupación que el daño a la imprenta “Ensamble Impresores” donde se imprimía el semanario, es irreversible, tras el incendio de grandes proporciones que se produjo en el recinto.
En ese sentido, Hugo Guzmán solidarizó con los trabajadores de la imprenta que vieron afectada su fuente laboral, tratándose además de una imprenta que jugaba un rol importante en la mantención y desarrollo de medios de comunicación populares y alternativos, junto al apoyo a organizaciones sociales.
Asimismo, el director de El Siglo, explicó que buscan recuperar la versión impresa del periódico y complementar esto con el portal web, donde semanalmente tienen decenas de miles de visitas.
Finalmente, Hugo Guzmán sostuvo que como equipo editorial de El Siglo, están buscando una solución estructural al problema, en paralelo a una campaña de suscripciones.
Mitsubishi en Soto40; Caleuche en IRC Chile; Red en IRC; El Olimpo en Crucero; Grand Slam en J/105; Chucru en J/70 y Quique en J-24 se quedaron con los títulos de la tradicional regata.
Una sola regata, de la clase Soto40, se pudo disputar en la jornada final de la XV Regata de Chiloé Santander-Bicentenario de la Armada de Chile, que se desarrolló en Puerto Montt. El nulo viento mantuvo a los 70 barcos de las siete clases en competencia flotando por más de tres horas, esperando un impulso eólico que les permitiera sellar con broche de oro la tradicional regata.
Si bien los cruceros lograron largar su singladura que consistía en una travesía por la isla Tenglo debió ser cancelada porque tras una hora desapareció el viento.
Los Soto40, en tanto, también partieron y su primera regata se anuló porque roló el viento y no era justo para la flota. El Comité de Regata a cinco minutos del tiempo límite logró dar la partida con viento promedio de 6 nudos, coronado campeón a Mitsubishi de Horacio Pavez, quien ganó la jornada final. “Hicimos un gran campeonato y en la bahía de Puerto Montt hicimos un día redondo. Orgullosos por nuestro primer título”, sentenció Juan Eduardo Reid, timonel del barco automotriz que sumó 37 puntos, escoltado por Pisco Black-Volvo de Bernardo Matte, que timonea el olímpico Benjamín Grez. Tercero, Santander de Jorge Araneda con Pablo Amunátegui a la caña, ambos con 40.
Itaú de Dag von Appen, líder hasta la última fecha tuvo una jornada para el olvido al ubicarse y no solo perder el título sino también el podio.
De todos modos, las otras clases también celebraron quedándose con los Títulos: En IRC Chile, Caleuche de la Escuela Naval con 13 unidades, luego de seis regatas, un descarte. Sus seguidores Chispezza de Andrés Hasbún, también con 13 y Jack Daniel’s de Rodrigo Oyanedel, con 14.
En IRC, campeón Red de Pablo Anfruns y Rudolph Mijac con 8. Plata para Pepe Pato de José Tirado y Patricio Rodríguez con 14 y bronce para Ford de Carlos Marsh con 23.
En Crucero, (cinco regatas, un descarte), la clase más numerosa de la flota, todos los aplausos para El Olimpo de Mathias Klotz con 9 puntos. Sus escoltas Selkman de Roddrigo Gumucio (16) y Sanhattan de Abraham Senerman (17).
En J/105. Oro para Grand Slam de Patricio Seguel con 6 unidades. Plata para Rufián de Rufino Melero (12) y bronce para Tricalma de Claudio León (14).
El diputado Daniel Núñez, integrante de la comisión de economía de la Cámara, convocó a los santiaguinos a acudir a Plaza Italia este lunes 29 de enero a las 6 y media de la tarde, para manifestarse en contra del acuerdo, donde la Corporación de Fomento de la Producción hizo entrega total del litio a una empresa tan corrupta como es SQM, encabezada por Patricio de Solminihac.
El diputado del Partido Comunista fue enfático en sostener que con este acuerdo se traba la posibilidad de impulsar una empresa nacional del litio, ya que SQM podrá seguir usurpando ilegalmente el Salar de Atacama, donde se concentra el 90% de las riquezas de este mineral estratégico.
Daniel Núñez apostó por una empresa estatal, que impulse como política pública, la producción e industrialización del litio, al incorporar un valor agregado, aprovechando además el momento histórico, donde la demanda por este metal para hacer baterías de autos eléctricos va en aumento a nivel mundial.
Como una vergüenza nacional, calificó Daniel Núñez que el vicepresidente ejecutivo de la CORFO este desnacionalizando y privatizando el litio por décadas, ya que lo hará pasar a la historia como la persona que entregó este recurso nacional a una empresa privada que usara las ganancias para corromper a la sociedad, en vista del financiamiento ilegal de la política que promovió bajo el control de Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet.
Además, el congresista informó que según los cálculos de expertos en la materia, lo que podría obtenerse de aquí al 2030, por la explotación del litio, son aproximadamente 24 mil millones de dólares, tratándose entonces de un ingreso importante, que debería ir en beneficio del país.
Por otro lado, el diputado, integrante de la comisión de economía de la Cámara, cuestionó que la salida de Julio Ponce Lerou al cargo del control de SQM, impida que por su tipo de actuar mafioso, siga tomando decisiones a través de distintas figuras legales.
Si bien el yerno del dictador dejará de ser la cara visible de la minera no metálica, no perderá la propiedad de ésta, aclaró Daniel Núñez.
En este contexto, Daniel Núñez comunicó que como bancada comunista, buscan reunir las firmas para exigir la remoción del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, en la causa penal contra SQM,luego que decidiera suspender el procedimiento en contra de la persona jurídica de la empresa, pese al royalty minero y otros actos de corrupción, conocidos por la opinión pública.
Finalmente, el diputado Daniel Núñez, integrante de la comisión de economía de la Cámara, aseguró que el acuerdo suscrito por la Corfo y SQM se podría revertir, siempre y cuando la gente se manifieste en contra. En ese sentido, reiteró la convocatoria a marchar este lunes a las 6 y media de la tarde en Plaza Italia.
Tres de las federaciones universitarias más emblemáticas de Chile lamentan el nuevo nombramiento del ministro de Educación de Sebastián Piñera, Gerardo Varela. La Fech, la Feuc y la Feusach iniciaron sus conversaciones para hacer frente a cuatro años de un gobierno que ve la educación como un bien de consumo.
Para Josefina Canales, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el nombramiento es una señal política del Presidente electo que demuestra cuál es su postura frente a la educación en Chile. Además, agregó que comenzarán a reunirse con organizaciones estudiantiles para lograr convergencia.
Gerardo Varela es abogado, secretario del directorio de la Fundación Para el Progreso, uno de los centros de estudios más importante de la derecha chilena; además, es columnista de El Mercurio y El Líbero. Justamente desde estas tribunas ha hecho conocidas sus opiniones sobre la Educación. En una de ellas planteó que “la Nueva Mayoría, sus ideólogos y seguidores han insistido en que la educación es un derecho social y no un bien de consumo”.
Alfonso Mohor, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la Confech, sostuvo que el escenario es adverso y la respuesta será articularse con el movimiento social.
El nuevo ministro fue presidente de Soprole, socio y consejero del Círculo Legal del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), organización que tiene como misión la promoción de los principios, valores y conceptos que inspiran el desarrollo de la empresa privada.
El presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Santiago, Juan Pablo de la Torre cree que el nuevo gobierno avanzará con reformas privatizadoras, y que no se puede entender una Educación como un bien de consumo y a la vez como un derecho social, tal como lo ha dicho el nuevo ministro.
Gerardo Varela asumirá el 11 de marzo la cartera de Educación, así como los otros 22 ministros y ministras que también han sido cuestionados por contradicciones y conflictos de interés en sus nuevos cargos.
En total son 300 paneles solares que contribuirán al desarrollo sostenible de acuerdo a la Agenda 2030, suscrita por Chile en 2015. Esta es la primera institución pública que suministrará energía bajo el modelo financiero ESCO.
El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, junto al Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y la Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, inauguraron los 300 paneles solares ubicados en la azotea del edificio institucional del MDS, y que fueron construidos bajo el sistema de servicios energéticos (ESCO), siendo el primer establecimiento público en contar con él.
El Sistema Fotovoltaico evitará la contaminación de más de 41 toneladas de CO2 al año, garantizando acceso a una energía de autoconsumo, renovable y limpia, cumpliendo gradualmente con el compromiso que asumió Chile con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 para alcanzar un desarrollo sostenible planteando 17 Objetivos; y este sistema de paneles cumple con el séptimo compromiso, como es garantizar acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para la ciudadanía.
El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, detalló que el edificio “es inclusivo, tiene accesibilidad universal en todas sus dependencias, pensando en las personas en situación de discapacidad. Y además, ahora, es un edificio que tiene energía autosustentable por estos paneles fotovoltaicos, los cuales proveen energía limpia y renovable de acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030”.
La implementación de este innovador sistema funciona bajo el Modelo ESCO, formula de financiamiento que evita cualquier tipo de gastos por parte de la entidad. La empresa diseña, financia, instala, opera y mantiene el proyecto por un período de 15 años. La institución compra toda la energía generada por los paneles solares a una tarifa inferior; en este caso, un 14,1%.
El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, explicó la importancia de este sistema pues “es un modelo que nos permite superar la barrera de la inversión inicial, dado que el usuario final no es el que invierte. Este es el primer proyecto fotovoltaico en un edificio público a través de un contrato con una empresa de servicios energéticos (ESCO), y esperamos que otras instituciones se sigan sumando“.
La vida útil del sistema fotovoltaico es de 20 años. Hay más de 1.500 sistemas acogidos a la ley de generación distribuida en el país. El sistema fotovoltaico en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social es de 80 kW y se estima que generará 119.500 KWh/año, a una tarifa de 75$/kWh. Cada panel solar tiene 270 Watts; todos ubicados en una superficie de 900 m2.
Continúa la polémica por fallo del Tribunal Constitucional que impide que el Sernac pueda sancionar, emitir normas, y multar a infractores a la ley del consumidor, al nivel de una superintendencia.
Esta vez la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, presidida por Carlos Inzunza, junto a dirigentes de organismos del Estado, junto con cuestionar el dictamen de TC, emplazó al gobierno para que envié una ley corta que rectifique dicha resolución.
En la oportunidad, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sernac, Esmeralda Muñoz, manifestó su compromiso con seguir trabajando, aunque sea con “muñones y encías” pese a que la garras y los dientes de Servicio les fueron arrebatadas. Una labor que continuaran hasta que, este o el próximo gobierno remedie el fallo nefasto, como calificó la dirigente, que el organismo dio a conocer el pasado 18 de enero.
En tanto, Estefan Arenas representante de la Organización de consumidores, sostuvo que es prioritario reponer las facultades que el proyecto de ley tramitado en el congreso por cerca de 2 años y medios pretendía otorgarle al Sernac, agregando que más allá de solicitar una ley corta, lo conveniente es presionar al próximo gobierno de turno para revertir la situación que deja desprotegidos a los consumidores frente a los abusos de las empresas.
Del mismo modo, para Claudia Muñoz, presidenta de la Federación de Asociación de Superintendencias, el fallo reciente del Tribunal Constitucional marca un precedente para que se siga entorpeciendo el trabajo del resto de las organizaciones y servicios fiscalizadores.
Finalmente, el titular de la Asociación de Fiscalizadores de impuesto Internos, Juan Apablaza señaló que la resolución del TC responde a intereses creados, y que por lo tanto la idea de reformar la actual constitución es necesaria.
Consignar que el fallo dictaminado por el Tribunal Constitucional, el pasado 18 de enero, el cual considera que la mayoría de las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor son inconstitucionales, llegó a estas instancias luego que en noviembre pasado la Cámara Nacional de Comercio ingresara al TC un escrito en el que solicitaba una exhaustiva revisión de las nuevas facultades de la entidad.
El diputado comunista Daniel Núñez destacó el voto político de la Cámara de Diputado de solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet rechazar el reciente acuerdo de conciliación suscrito entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la empresa Química y Minera de Chile (Soquimich) y crear una empresa estatal del litio.
Durante la sesión especial de la corporación, el Ministro de Economía Jorge Rodríguez y el Vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, defendieron el pacto alcanzado entre el organismo estatal y la firma liderada por Julio Ponce Lerou. Pese a sus esfuerzos argumentativos, 38 diputados votaron a favor de rechazar el acuerdo, mientras que 17 de ellos respaldaron la iniciativa gubernamental y 15 se abstuvieron.
“Ha ocurrido algo inédito en Chile y es la primera señal contundente que da el Parlamento de rechazar la corrupción. El hecho que se haya aprobado acá en la Cámara de Diputados por 38 votos a favor, una mayoría significativa de los diputados y diputadas que estaban presentes, representa que Chile no quiere más tener más empresas corruptas como Soquimich, apropiándose del litio”, recalcó.
Según explicó Núñez “el proyecto de acuerdo que votamos hoy día es un voto político que le pide a la Presidenta de la República no suscribir este nuevo contrato con Soquimich, que ella utilice su poder político como Presidenta para vetar este acuerdo y también le solicita que cree una empresa estatal del litio”.
El parlamentario afirmó que la Bancada comunista ya presentó un proyecto de ley para crear la empresa estatal del litio.
“Así como hace años se dieron señales para la nacionalización del cobre hoy hemos dado una señal contundente que chile quiere que el litio sea un recurso que vaya en beneficio de todo el país”, enfatizó.
