El Mundial de Francia de Fútbol Femenino Adulto del año 2019 entregó el trofeo a ESTADOS UNIDOS que nuevamente se tituló Campeón, siendo la cuarta vez que lo consigue en sus ocho, el total de Mundiales, competiciones. Además esas cuatro han sido invictamente.
El Domingo 07 de Julio venció 2×0 a Países Bajos, que también llegaba con cien por ciento de triunfos en esta Copa. Megan Rapinoe mediante penal y la volante Rose Lavelle con un golazo dieron los goles al último partido de ambas selecciones en Lyon, marcador que pudo ser mayor o haberse gestado antes si no fuera por la actuación de la portera Sari Van Veenendaal.
Estados Unidos fue previamente campeona en China 1991 ante Noruega entre 12 equipos; en Estados Unidos 1999 ante China entre 16; y en Canadá 2015 (la versión anterior) ante Japón entre, ya, 24 equipos, repitiéndose la Final de Alemania 2011 en forma consecutiva, vengándola las estadounidenses.
Países Bajos tuvo su segundo Mundial consecutivo, los dos de la historia, superando totalmente su experiencia de hace cuatro años, donde fue 13° en norteamérica.
Y el Tercer Lugar fue par Suecia tras ganar 2×1 a Inglaterra.
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió que sectores de la vieja Concertación están cursando una política de consensos a favor de las contrarreformas del Gobierno y otras iniciativas orientadas a echar abajo los logros de la Nueva Mayoría.
En su diagnóstico, la dirección de la Democracia Cristiana se ha hecho cómplice de esta ofensiva estratégica.
El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, apuntó a la urgencia de generar lógicas de convergencia desde el mundo social y político, en un contexto donde se levantan fuertemente las movilizaciones en rechazo a las políticas del Gobierno.
En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que es urgente reimpulsar el debate por una Nueva Constitución, la cual ponga fin a los enclaves dictatoriales que promueven la impunidad en las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.
El dirigente del PC afirmó que la Democracia Cristiana ha tomado definiciones a favor de la reforma previsional del gobierno, aún cuando la propia OCDE ha alertado sobre un panorama alarmante, en caso de persistir el modelo de AFP.
Es así que Juan Andrés Lagos miró con preocupación el rumbo que ha tomado la Democracia Cristiana, desmarcándose paulatinamente de la centro-izquierda y los acuerdos suscritos en el Parlamento con la oposición.
Centenares de funcionarios, gremios y organizaciones de usuarios de la salud pública se congregaron en el centro de la capital y en las principales ciudades del país, para marchar este hasta el Minsal y manifestar su rechazo al actual modelo de prestaciones médicas, así como a las reformas del sector que busca implementar el gobierno de Sebastián Piñera. En esta movilización social que se replicó en gran parte del territorio nacional, los manifestantes exigieron –entre otros puntos- una reforma constitucional que asegure la protección efectiva al derecho a la salud, el fin de todo intento de privatización en el sector y una política de educación y salud con enfoque de género.
En primer término, la presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal Gabriela Flores explicó los motivos de esta fuerte expresión de unidad gremial, insistiendo en la necesidad de frenar esta arremetida privatizadora que pretende imponer el gobierno, mediante la intervención de Fonasa y la entrega de recursos públicos a los prestadores privados de la Salud.
Por su parte, la presidenta de la mesa de Salud de la CUT Karen Palma cuestionó que fuerzas policiales impidieran el ingreso de los manifestantes a la Plaza de la Constitución, señalando que es un reflejo de la falta de diálogo y el autoritarismo que ha impuesto sistemáticamente este gobierno.
Margarita Araya, vicepresidenta de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud advirtió que no permitirán como organización que se siga desmantelando la salud pública, mientras se culpa a los funcionarios por la escasez de recursos en la atención, al mismo tiempo en que las autoridades siguen pretendiendo enriquecer a los grandes empresarios.
Del mismo modo, la presidenta de los Consejos de Usuarios de la Salud Pública de Chile Rosa Vergara, insistió en que ya no es hora de diagnósticos, sino de entrar a la acción y terminar con las listas de espera en hospitales y consultorios, sobre todo hoy, ante el temor fundado que este gobierno-tal como ocurrió en su anterior gestión, las elimine de forma irregular.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa celebró las demandas del sector de la Salud pública, enfatizando que el Estado debe ser un garante de derechos tan básicos como son la salud digna para la población, siendo la calle el sitio idóneo para reivindicar este tipo de requerimientos, cuando la autoridad es incapaz de cumplirlos como ocurre actualmente en Chile.
Carolina Espinoza, dirigente de Confusam y vocera de NO+AFP, expresó que la lucha dada por los gremios de la salud, es un claro ejemplo respecto a que los movimientos sociales aglutinados y fuertes, pueden ser capaces de cambiar un modelo económico y social que históricamente agobia a los más vulnerables de la población.
El encargado de la Secretaría de Salud y Seguridad en el Trabajo de la CUT Horacio Fuentes, denunció un abandono por parte de este gobierno de la Salud ocupacional, lo cual ha derivado en que día a día siguen muriendo trabajadores por causas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
“La salud está enferma”, así lo sentenció el dirigente de la Fenats nacional Oscar Riveros, agregando que dicha condición se agudizará mientras las autoridades no entiendan que aquí está en juego un derecho constitucional, que se ve afectado por la falta de recursos.
Los distintos gremios de funcionarios y usuarios de la salud, en compañía de otras organizaciones sociales se trasladaron hasta dependencias del Minsal para entregar una carta en donde entre otras peticiones, solicitan un aumento del producto interno bruto para salud, aborto libre seguro legal y gratuito, el rechazo al tratado TPP11, renacionalización de los recursos naturales, NO+AFP, y una alianza estratégica entre los trabajadores de la salud y la comunidad.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, expresó su alta preocupación por la crisis de empleabilidad que afecta al país y la cual podría ser incluso más grave de lo que indica el gobierno públicamente.
Bárbara Figueroa llamó a mirar con más rigor los datos que entrega el ministerio del trabajo sobre creación de empleos en Chile, ya que muchos de éstos corresponden a trabajo por cuenta propia.
En ese sentido, la líder de la CUT acusó al ministerio del trabajo de construir datos a la medida de sus intereses, y que no se condicen con los informados por el INE en materia de empleabilidad.
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, también se refirió al tema y señaló que el gobierno carece de una política pública articuladora y consistente para enfrentar el desempleo estructural que afecta a Chile, en el marco de una grave crisis de empleabilidad.
El dirigente comunista añadió que los altos índices de cesantía van en la línea con la falta de crecimiento y el cierre de industrias, descartando así que obedezca a la automatización de algunos servicios, como señala el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
Marcos Barraza dijo que ante la ausencia de una estrategia de desarrollo orientada a generar empleos, el Gobierno debiese al menos fortalecer el sistema de protección social para mitigar los efectos de la alta cesantía a nivel nacional.
El exsecretario de Estado informó que desde el bloque “Unidad Para el Cambio” impulsan un programa nacional de empleabilidad destinado a las regiones más golpeadas por la cesantía.
Ambos dirigentes políticos coincidieron en que se requiere una estrategia de desarrollo distinta y acorde con el proceso de descentralización que se va a iniciar tras la elección de gobernadores regionales. Sin embargo, aseguran que el Gobierno está eclipsado por un fuerte dogmatismo ideológico que le impide cambiar el modelo de desarrollo imperante y basado en la acumulación de riquezas.
Los diputados Núñez (PC) y Velásquez (FRVS), valoraron la aprobación, y coincidieron en que con esta iniciativa “el Estado tendrá mayores herramientas legales para enfrentar incumplimientos como los vividos con el acuerdo Corfo – SQM”.
Tras un amplio e intenso debate, que tocó tanto matices políticos, como económicos, jurídicos y constitucionales, la Cámara de Diputados aprobó en general, en sesión especial celebrada, el proyecto que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, presentado en 2016 por el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que la aprobación en general del proyecto “es un paso muy importante para poder recuperar una soberanía efectiva que tenga el Estado de Chile sobre los recursos naturales, especialmente sobre un recurso tan importante y estratégico para Chile”.
Asimismo, Núñez agregó que “fuimos capaces de sobrepasar un chantaje que hizo el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien amenazó con las penas del infierno para el país si este proyecto era aprobado, lo cual demuestra su absoluta indolencia y desinterés para el que Estado cuente con herramienta para hacer valer el interés nacional”.
Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, quien fuera presidente de la Comisión Investigadora por el acuerdo Corfo – SQM en 2018, valoró la aprobación del proyecto, sin embargo señaló que “llegamos no tarde sino que excesivamente tarde, pues creo que de haber aprobado este proyecto en su momento – la iniciativa es de 2016 – hubiera sido una señal política mucho más potente frente al nefasto acuerdo del Estado con la cuprífera no metálica”.
“El declarar al litio de interés nacional implica que hoy día hay más ciencia de todos los chilenos porque, primero, sea nuestro y, segundo, si en algún momento se abre el espacio para expropiar – no en el discurso estatista de la década del 60 y 70 – sino que expropiar aquello que nos parece importante para el desarrollo del país, lo hagamos y no solamente lo dejemos para intereses privado”.
Finalmente, Núñez y Velásquez coincidieron en que la aprobación de esta iniciativa permitirá, frente a nuevas situaciones como el incumplimiento que se hizo con el contrato entre Corfo y SQM, el Estado cuente con más herramientas legales para hacer valer el interés del país. “Esto permite tener una política pública más activa, que apunte a incorporar a Chile a las cadenas de valor asociadas a la industria del Litio”, concluyeron.
Dirigentes del Colegio de Profesores insistieron en que, tras cinco semanas de paro nacional, ha sido el tono de respuesta a sus demandas por parte del gobierno, uno de los principales escollos para lograr un acuerdo.
Así lo aseveró la dirigente del gremio docente, Paulina Cartagena, quien sostuvo que pese a que las demandas de las y los profesores han sido dadas a conocer hace más de un año al Ejecutivo, la actitud obcecada y carente de dialogo de la ministra Cubillos, han impedido avanzar, al priorizar su personalismo por sobre su condición de autoridad de Estado.
La representante del profesorado respondió a las acusaciones de interés político tras la movilización de los docentes, señalando que en todo el acontecer de la enseñanza está implícita la política, al igual que en la lucha y reivindicaciones gremiales, pero también del mejoramiento de las condiciones generales de los alumnos, dando la cara a la autoridad, como ha ocurrido durante las últimas semanas.
Paulina Cartagena reconoció que existe de parte del gobierno de Sebastián Piñera un ánimo sistemático de desprestigiar la movilización de los maestros, mediante un manejo comunicacional efectistas, sin embargo, a juicio de la dirigente, la ciudadanía ha empatizado con sus demandas al entender la enorme deuda que existe en Chile especialmente con la educación pública.
Finalmente, la dirigenta del magisterio Paulina Cartagena aclaró que es difícil llegar a acuerdo si no existe la voluntad de modificar la malla curricular, haciendo optativas las asignaturas de historia, arte y educación física, el pago de la deuda histórica y el reconocimiento de una asignación especial para educadoras diferenciales y del sector parvulario.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó a la democratización de las instituciones del Estado como una necesidad imperante, esto a propósito del procesamiento de los excomandantes en jefes del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos y lavado de activos, respectivamente.
Carmona afirmó que estos hechos de corrupción responden a la impunidad que impera en Chile desde la dictadura militar.
El secretario general del PC fue enfático en señalar que se debe poner fin a la impunidad y los abusos que la dictadura intentó legitimar por la fuerza, y en respuesta a los dictámenes norteamericanos.
Lautaro Carmona rechazó la postura del Tribunal Constitucional que pretende dejar en la impunidad los delitos cometidos por el ex comandante Oviedo.
En su diagnóstico, Chile requiere de una nueva Constitución para evitar estos hechos de corrupción que comprometen a las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, el secretario general del PC valoró la coordinación denominada “Unidad para el Cambio” como un espacio para recoger las demandas de los movimientos sociales, entre las que destaca una nueva constitución nacida en democracia.
Lautaro Carmona aseguró que la impunidad aún prevalece en las fuerzas armadas debido a lo que califico como “una eterna transición a la democracia”. Es por esto que llamó a romper con los enclaves dictatoriales.
