La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, advirtió que la contrareforma laboral del gobierno incorpora un debate sobre la tutela de derechos en el caso de denuncias por acoso y violencia sexual en el puesto de trabajo.
Según detalló Bárbara Figueroa, lo que hace este proyecto es relativizar la posibilidad de la denuncia, condicionando el fallo de Tribunales a la voluntad del empleador.
Por otro lado, Bárbara Figueroa aclaró que la modalidad 4×3 sobre horarios laborales, no implica necesariamente jornadas de lunes a jueves, pues considera domingos, feriados y festivos, a gusto del empleador.
Esto, añadió, con la agravante de perder el beneficio de las horas extra, al ser incorporadas a días de vacaciones.
La presidenta de la CUT indicó que este proyecto parte de una base errada, pues asume que empleadores y trabajadores estarían en igualdad de condiciones para negociar, tanto su jornada, como los días de vacaciones.
Bárbara Figueroa afirmó que el Gobierno busca asegurarle igual ganancia a las empresas, a costa del tiempo de vida de los trabajadores, en un contexto de bajo crecimiento económico.
Bárbara Figueroa concluyó que al ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, le molestan los pronunciamientos de la multisindical, porque sabe que cuando estos puntos se difundan, generarán rechazo a nivel nacional.
VIDEO | El día de hoy, 7 de mayo, se realizó en la @CUTChile la primera asamblea informativa de dirigentes y dirigentas sindicales para debatir sobre el proyecto de modernización laboral y flexibilidad. pic.twitter.com/y6oW7ClMNr
Con un 63 % de aceptación, la división sindical El Salvador de Codelco votó a favor de rechazar la propuesta hecha por los empresa estatal inclinándose por la huelga, en el marco de proceso de negociación colectiva al interior de la cuprífera.
Así lo comentó el presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, Ricardo Calderón, quien anunció que esta paralización de actividades puede ocurrir de manera inmediata o bien entrará un proceso de mediación se extendería hasta el viernes 10 de mayo en la inspección del Trabajo de la ciudad de Copiapó.
El dirigente de los supervisores del Cobre explicó que gran parte del empeño de los trabajadores es lograr que en este proceso de negociación colectiva reglada, la empresa respete el piso mínimo de beneficios logrados en años anteriores.
Ricardo Calderón dirigente de FESUC , advirtió que la División El Salvador de Codelco está en un plan y un momento estratégico de inversión , por lo que este tema debe estar inserto en la proyección de crecimiento y empleabilidad sindical.
Señalar además que del Sindicato de Supervisores y Profesionales de División Salvador de Codelco acusaron que la administración ha presionado de manera “ilegal e inmoral la aprobación de su oferta, y encima de ello, entregaron un panfleto basado en mentiras, modificando a espalda de los dirigentes varias cláusulas del contrato colectivo.
Fundación SOL presentó el estudio “Los Bajos Salarios en Chile”, elaborado a partir de los datos entregados por la última encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN 2017), el cual revela que el 74,3% de los trabajadores gana menos de $500.000 líquidos al mes, que el 54,3% recibe menos de $350.000 y que solo el 16,1% gana más de $700.000.
El director de la fundación Sol, Marco Kremerman, calificó como gravísimo que según estos datos, 6 de cada 10 trabajadores no podría sacar de la pobreza a una familia promedio.
Además, el economista Marco Kremerman informó que el ingreso laboral promedio mensual de los chilenos fue de $516.892 líquidos, con una importante diferencia entre hombres ($574.424) y mujeres ($441.691).
Sin embargo, añadió, la mitad de los trabajadores en Chile está ganando menos de $350.000 líquidos.
En relación a la estructura salarial por regiones, se puede concluir que mientras el 50% de los trabajadores de Antofagasta gana menos de $450.000 líquidos, en las regiones del Maule y La Araucanía la mediana es de sólo $280.000, reflejando importantes niveles de heterogeneidad espacial-territorial.
Marco Kremerman explicó que hay heterogeneidades dentro de las propias regiones, sin embargo, se observan niveles de precariedad bastante importantes en las zonas más rurales.
En ese contexto, el director de la fundación Sol rechazó la acción del gobierno, en lo que respecta a reactivar la economía, mediante medidas de flexibilización laboral.
La investigación también entrega reveladoras cifras sobre la situación salarial en materia de vinculación contractual. En este sentido, los salarios más bajos se mantienen el las áreas de Servicio Doméstico y el trabajo por Cuenta Propia. Sin embargo, destaca el hecho que entre los trabajadores asalariados del sector privado el 70% gana menos de $490.000 líquidos y en particular en el mundo de las grandes empresas (aquellas que tienen 200 o más trabajadores), sólo el 30% gana más de $600.000 líquidos, vale decir, a pesar de las variaciones según categoría y tamaño de empresa, el problema de los bajos salarios en Chile es una realidad transversal.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó la ofensiva neoliberal que lleva a cabo el gobierno para golpear a la militancia de su colectividad, en el marco de los Whatsapp filtrados a la prensa donde el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, dio órdenes de despidos y sanciones contra funcionarios del Servicio de Salud de Atacama por razones políticas.
En su opinión, esta nueva polémica forma parte de una arremetida derechista a gran escala, a objeto de arrasar con los avances progresistas de la región.
A juicio de Lautaro Carmona, este hecho puntual representa una fuerte ofensiva de parte del gobierno, en su búsqueda de profundizar la estabilidad del modelo neoliberal.
El secretario general del PC señaló que los partidos de oposición tienen el deber ético de defender los intereses de aquellos trabajadores que están siendo víctimas de persecución política.
Lautaro Carmona concluyó que las organizaciones sociales deben poner al centro la exigencia hacia el mundo político-progresista, de defender los intereses de los trabajadores, ante la amenaza latente de perder su fuente laboral por temas de militancia política.
“Nos reafirma la posición de que es necesario crear una Comisión de Verdad, porque se configura la violación derechos humanos”, señaló el Presidente de la Comisión investigadora, Boris Barrera, tras la declaración de funcionarios de la PDI y del INDH.
El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera, valoró la sesión de la Comisión Investigadora de adopciones irregulares realizada este lunes, porque se ha logrado un avance en establecer lo que está pasando y el trasfondo de todo lo que ha provocado la sustracción de niños y niñas.
Este lunes expusieron los representantes de la PDI dirigidos por el Comisario Roberto Gaete, que es parte del equipo que participa en la investigación que instruye el juez Mario Carroza; y los representantes del Instituto Nacional de DDHH (INDH), encabezado por el abogado Rodrigo Bustos.
Los funcionarios policiales entregaron un completo informe sobre la existencia de redes que incluían captadores, cuidadoras y profesionales que mediante documentos ideológicamente falsos, identificaban a mujeres primerizas y vulnerables para arrebatarles sus hijos y sacarlos fuera del país. Además, establecieron patrones, formas de operar, que se repiten en todo Chile.
En tanto, el represente del INDH, Rodrigo Bustos, afirmó se trata de casos donde hay violaciones a los DDHH, donde se vulneraron los derechos de niños y niñas, en particular en relación al artículo 8 de la Convención Internacional del niño que regula el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescente. Además, indicó que hay vínculo con la norma sobre la desaparición forzada de personas.
Al respecto, el Presidente de la Comisión Investigadora, Boris Barrera, afirmó que las exposiciones dejaron claro dos líneas de acción bien concreta. Por una parte, “aquí hubo una máquina, un sistema, un aparataje para la sustracción de menores. Había un modus operandi, establecido en distintas regiones del país. Por lo tanto, aquí tal vez se podría configurar, y eso lo tiene que determinar la justicia, una asociación ilícita porque no eran casos aislados (…) aquí hubo un patrón para apropiarse de niños y niñas y eso es lo que quedó establecido con la exposición de la Policía de Investigaciones”.
Por otro lado, señaló el legislador “el INDH dijo que aquí la gran mayoría de los casos corresponden a violaciones de derechos humanos por dos características claves. Primero, los niños que aún no han aparecido califican como desaparición forzada de personas. Segundo, que los que han participado en estas sustracciones, son organismos y agentes del Estado, como por ejemplo en los hospitales y en los juzgados de menores, que es lo que hemos visto en la comisión”.
Barrera precisó que todo ello, “nos reafirma la posición de que es necesario crear una Comisión de Verdad, porque se configura la violación derechos humanos”.
También se reconoce, agregó, “que faltan más recursos para la investigación judicial que es lo que hemos estado haciendo durante la semana (reunión con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín). Además, tiene que haber reparación porque hubo violaciones a los derechos humanos”.
El Ministerio Público anunció este lunes mediante un comunicado que por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se dejó sin efecto el convenio de colaboración que el organismo había firmado el pasado 30 de abril con la Conferencia Episcopal de Chile (CECH).
Para el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se trataba de un acuerdo desafortunado, que sólo contribuía a desprestigiar la acción penal del Ministerio Público.
El dirigente del Partido Comunista sentenció que no se puede establecer ningún convenio que de garantías y privilegios a la Iglesia Católica, respecto a procedimientos investigativos en curso, referentes a agresiones sexuales.
En ese sentido, Marcos Barraza acusó al Ministerio Público de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, pues la firma del convenio permitía entregar información privilegiada a la Iglesia Católica, en un contexto donde esta última está siendo investigada por eventuales encubrimientos de sus sacerdotes.
El ex ministro de Estado sostuvo que la Iglesia Católica debería pedir disculpas públicas, y contribuir de manera rigurosa en el esclarecimiento de responsabilidades penales por casos de connotación sexual.
Asimismo, consideró improcedente la firma de este convenio, pues da cuenta de la mala conducción del Ministerio Público, como institución persecutora de delitos graves.
A juicio de Marcos Barraza, el fiscal Jorge Abbott se equivocó al firmar dicho protocolo, y por tanto, debiese dar explicaciones más contundentes por haber legitimado acuerdos extrajudiciales.
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza aclaró que si no hay justicia, es muy difícil pensar en la reparación a las víctimas de violaciones y agresiones sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica.
El diputado por Atacama manifestó enérgicamente su rechazo por el proceder del subsecretario de Redes Asistenciales, luego de que se conociera que operaba para solicitar remociones por motivos políticos de funcionarios del Servicio de Salud.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y diputado por Atacama, Jaime Mulet, se refirió a la reciente filtración de mensajes del subsecretarios de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y fue enérgico al señalar que “el problema es muy grave, lo que quedó en evidencia es que el subsecretario Castillo tiene prácticas absolutamente reprochables desde el punto de vista político, ético y laboral. Un superior jerárquico no puede dar órdenes de esa naturaleza, viola una serie de principios, como el del debido proceso, el de la imparcialidad, etc. Su actitud es fascistoide, propia de los regímenes dictatoriales, seguramente tiene experiencia en eso”.
“Todo esto es muy grave, Castillo debe renunciar a su cargo o debe pedírsele la renuncia por parte del presidente de la República. Recordemos que el además tiene un reproche por el ocultamiento de información en el caso de la muerte del ex presidente Frei Montalva. Creo que esto no da para más y debe hacerse de inmediato. Las actuales autoridades del servicio de Salud Atacama deben pedir disculpas a las personas que fueron abusadas por Castillo. La Dra. Gina Espinoza, el Dr. Sergio Chiang y la Dirigente Carolina Noemi deben ser reivindicados como funcionarios y funcionarias públicos. Creo también que el ex director del Servicio de Salud Atacama, Dr. Emilio Ríos, quien se atrevió a denunciar estos hechos, hizo algo muy valorable, es lo que corresponde” añadió.
Finalmente, el diputado señaló que “Es probable que aquí también existan situaciones de orden penal que habrá que analizar. Esta crisis en el servicio de salud Atacama debe abordarse con seriedad, ya que quedó en evidencia que las prioridades de las autoridades en salud en este gobierno de Piñera no son los ciudadanos que exigen atención digna y de calidad, sino que las prioridades son de orden político y llenas de pequeñeces, y eso implica que se pierda el foco en lo más importante que debe ser la prevención y recuperación de los pacientes.
