Compartimos con la destacada diseñadora e influencer chilena Camila Silva, quien con su blogg “No me da lo mismo” brinda un espacio de reflexión y acción concreta para alcanzar un estilo de vida sin basura.
Lorena Pizarro: “Urge cambiar normativa del INDH para garantizar autonomía e independencia del organismo”
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, alertó sobre el peligro que representa la designación del militante democratacristiano, Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según la dirigenta de derechos humanos, dicho nombramiento obedece a una operación de la derecha para limitar las acciones emprendidas en el ámbito de derechos, tanto en el plano reproductivo, como aquellos vulnerados durante la Dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos explicó que el nuevo director del INDH fue electo de forma consensuada, debido a su cercanía con posturas que relativizan la defensa de los Derechos Humanos.
Lorena Pizarro apeló a la urgencia de modificar la actual normativa del INDH, para garantizar la autonomía e independencia del organismo, acorde a los principios de Paris, los cuales fueron elaborados en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1991.
La elección de Sergio Micco, militante de la Democracia Cristiana (DC), como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el periodo 2019-2022, ha causado controversia en la oposición, que acusó una “operación del gobierno” en contra de la directora saliente, Consuelo Contreras.
Diputado Hugo Gutiérrez solicito a Fiscalía investigar del SII por caso de no pago de contribuciones en casas de lujo
Este miércoles 31 de julio, el diputado comunista Hugo Gutiérrez junto al abogado Fernando Monsalve, llegaron hasta la sede de la Fiscalía Nacional para solicitar a su director, Jorge Abbott, que se aboque a la investigación de las denuncias dadas a conocer por investigaciones periodísticas que dan cuenta de la evasión de pago de contribuciones en viviendas consideradas “de lujo”.
Según señalara el diputado, “creemos que hay la ocurrencia de ilícitos penales de fraude al fisco, porque entiendo que si en su oportunidad cuando se denunciaron estos hechos por primera vez y no se hizo nada y siguió hasta el día de hoy, prefiriendo cobrarle a la dueña de un quisco y no ir a a cobrarle los impuesto territoriales a Vitacura, creo que en esa decisión algo huele a delito”.
En esa línea, Gutiérrez remarcó que “cuando se determina que es mejor cobrarle al panadero por no entregar la boleta y no ir a cobrarle a quien hace pasar su territorio como terreno agrícola y así no pagar los impuestos correspondientes, hay delitos que deben ser investigados”.
En concreto, el diputado aboga por la clarificación y responsabilidades de los últimos siete directores del Servicio de Impuestos Internos y otros funcionarios de la entidad, quienes podrían haber generado una política para que los “súper ricos” pagaran montos irrisorios por concepto de contribuciones.
“Hemos estimado que en consideración a los antecedentes entregados por sendos reportajes, en cuanto a que hay cientos de personas que evaden el pago de sus contribuciones, el impuesto territorial, es necesario saber si en lo denunciado hay una política determinada del Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay un lucro que debieron haber recibido tanto las municipalidades como el Fondo Común Municipal y eso tiene implicancias en lo presupuestario de las municipalidades”, detalló Hugo Gutiérrez.
Por su parte, el abogado Fernando Monsalve, agregó que “queremos la investigación de los últimos siete directores del SII, por no fiscalizar. La excusa no es la falta de personal, porque el país sabe que se fiscaliza a algunas personas y a otras no. En este caso no se estaba fiscalizando, pese a denuncias previas desde el año 2012 a los denominados súper ricos. Esto implicaría necesariamente dejar de percibir miles de millones de pesos”.
Según lo expuesto por la investigación periodística, en tan solo dos de los casos presentados se habrían dejado de pagar cerca de 30 mil millones de pesos, equivalentes, por ejemplo, al presupuesto total de la municipalidad de Recoleta.
Derechos Humanos: Piden proteger sitios de memoria
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el 2017 y 2019 respectivamente.
El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar durante la dictadura cívico militar.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al azar, ya que responde a una escalada de atentados contra monumentos y sitios de memoria.
En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la memoria histórica del país.
La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.
Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de memoria son parte de las obligaciones de los Estados para avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido especializándose en la particularidad de estas declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de históricos para los sitios de memoria vinculados con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.
Lautaro Carmona y el momento del PC: “Cada uno de quienes somos el Partido hacemos construcción de la política que llevamos adelante”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó el interés de la derecha por dividir a su colectividad, apelando a supuestas disputas generacionales promovida por medios de comunicación.
En su diagnóstico, las mentiras que se han instalado desde algunos medios de prensa se desmienten por sí solas, ya que la colectividad destaca por la elaboración conjunta de miradas, en función de los desafíos del presente.
Por otro lado, el secretario general del PC dijo que la coalición “Unidad Para el Cambio”, plantea propuestas concretas en la construcción de un proyecto antineoliberal, lo que despierta preocupación en sus adversarios políticos.
Es por esto, añadió Carmona, que los sectores más reaccionarios arremeten contra su colectividad, difundiendo falsas disputas generacionales.
Lautaro Carmona señaló que por la vía mediática, la derecha busca afectar el aporte de los comunistas al debate de ideas y la formulación de políticas públicas con enfoque social.
El secretario general del PC, Lautaro Carmona, acusó a la prensa derechista y ciertos opinólogos de querer encerrar a su Partido en disputas artificiales y ajenas a la realidad de la militancia.
Coordinadora de Trabajadores de la Minería entregan nueva Carta a Piñera solicitando ratificación de convenio 176 de la OIT
Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería entregaron nuevamente una carta con 341 firmas de dirigentes destinada a Sebastián Piñera, solicitando la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre Seguridad y Salud en las minas.
En la oportunidad, el presidente de la Confederación Minera de Chile, Hugo Páez ,sostuvo que sólo en este año han debido lamentar la muerte de 12 trabajadores mineros, situación que debe concientizar al gobierno para ratificar este instrumento internacional de seguridad laboral.
Del mismo modo, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel Ahumada cuestionó que el gobierno de un país que tiene el 40 % de las reservas cupríferas del mundo, no adhiera a un convenio de seguridad y salud en las minas, pese a que se le ha solicitado durante varios años tanto por los trabajadores, como por el propio parlamento.
Para el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Olguín, la ratificación del convenio 176 de la OIT, es un imperativo para la clase política, pues resulta lamentable presenciar como los accidentes laborales han cobrado la vida de muchos jefes de hogar o han sido utilizados por los empresarios de la Salud para obtener grandes ganancias.
En tanto, el presidente de la Federación de Supervisores de la minera privada, Miguel Fernández, destacó la unidad del mundo minero en torno a una demanda que ha reunido al 96 % de la industria cuprífera en pos de la protección de los trabajadores.
En términos generales, el convenio 176 de la OIT obliga a los Estados que lo suscriben a crear una legislación que asegure la efectiva fiscalización en las minas, obligando a las empresas a minimizar lo más posible los riesgos de accidentes por causas industriales o por fenómenos naturales, entregando a los trabajadores las herramientas para denunciar ante la autoridad cuando hay un peligro inminente en una faena minera. Sin embargo –pese a ser un compromiso acordado durante su primer gobierno, Sebastián Piñera aún no ha suscrito este importante instrumento de seguridad laboral.
Gobierno utiliza un hecho grave como son las bombas para impulsar ley antiterrorista que se aleja del Estado de Derecho asegura Marcos Barraza
El director de la fundación Cambio Social, Marcos Barraza, acusó a Sebastián Piñera de utilizar el tema de los bombazos como excusa para agilizar la tramitación de la ley corta antiterrorista en el Senado.
En su diagnóstico, lo que el gobierno está haciendo es desplegar una cortina de humo en el debate público, respecto a la delincuencia, el microtráfico y el lavado de dinero vinculado a cuentas bancarias.
Respecto a la ley corta antiterrorista, el dirigente del partido Comunista descartó que sea una buena medida, ya que atenta contra el Estado de Derecho.
Marcos Barraza dijo que el gobierno busca ocultar los altos índices de desempleo que afectan al país, y en ello se explica su motivación por acelerar el trámite legislativo de la ley corta antiterrorista.
El exministro de Desarrollo Social, consideró absolutamente improcedente que el gobierno englobe los fenómenos delictuales, terroristas y de narcotráfico en una sóla iniciativa legal.
Según Barraza, lo que busca Sebastián Piñera es omitir el debate de fondo, actuando con la máxima instrumentalización de un hecho tan particular como los bombazos.
El dirigente comunista criticó que el Gobierno opte por potenciar una ley antiterrorista, sin tener las garantías de que las policías estén preparadas para ello, acorde al Estado de Derecho.
El director de la fundación Cambio Social, Marcos Barraza repudió que el gobierno sea incapaz de combatir las redes de lavado de dinero con expresión clara en el microtráfico, desligándose de un problema que afecta a más de 400 barrios de Chile.
Claudia Pascual ante incumplimiento de ley de interrupción del embarazo en 3 causales: “Hay omisión y silencio cómplice del ministerio de la Mujer”
La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, acusó omisión y silencio cómplice por parte de la actual titular, Isabel Plá, frente al incumplimiento de la ley de aborto en tres causales.
La dirigenta comunista dijo que la autoridad de gobierno no ha levantado la voz para defender el derecho de las mujeres a obtener esta prestación de salud garantizada por ley.
Claudia Pascual aclaró que el ministerio de salud tiene la obligación de garantizar al menos un equipo no objetor de conciencia en cada recinto hospitalario.
La ex ministra de la mujer y equidad de género añadió que la ley de aborto en tres causales contempla un presupuesto destinado a traslado de mujeres, en caso de no existir médicos disponibles en sus localidades para entregar dicha prestación de salud.
Claudia Pascual concluyó que la ley debería garantizar alternativas para acceder de forma segura y gratuita a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, lo cual no se está respetando.
