La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, denunció una fuerte ofensiva por parte del gerente general del Cono Sur de Walmart, Horacio Barbeito, luego de que éste acusara al sindicato de trabajadores de LÍDER de levantar una “huelga artificial”.
Bárbara Figueroa repudió las reiteradas prácticas anti sindicales que tuvo la empresa durante el proceso de negociación colectiva, principalmente la rebaja del bono de término de conflicto.
Asimismo, la presidenta de la CUT rechazó que la Dirección del Trabajo atente contra derechos laborales, en vez de garantizar que sean respetados, en el marco del proceso de automatización de servicios.
Bárbara Figueroa dijo que las declaraciones de Horacio Barbeito dan cuenta de una amplia arremetida del mundo empresarial, la cual se ha visto reflejada en la relativización constante del derecho a huelga.
La presidenta de la multisindical apuntó a la remoción del director del trabajo, Mauricio Peñaloza, como parte del cambio sustantivo requerido para fortalecer espacios de acción sindical y respeto de éstos.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa llamó a reforzar el trabajo con la mesa social y los actores sindicales a objeto de actuar de conjunto ante esta arremetida empresarial.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.
Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.
En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los DD.HH. en cualquier parte del mundo.
Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter democrático y participativo de la revolución bolivariana en curso, así como destacan el sistema de votación directa promovido por el gobierno venezolano y las continuas elecciones y plebiscitos.
El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro.
En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa a Michelle Bachelet ante la coyuntura.
Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y Fuad Chaín.
El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad de hacer grandes cambios institucionales.
El diputado Mulet (FRVS), autor de la medida, explicó que “buscamos ser más severo con las empresas que están hoy día entregando un servicio básico como el agua, pudiendo quitarles la concesión frente a situaciones como lo ocurrido en Osorno, pero evitando la judicialización”.
La Bancada de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes, presentó un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, ampliando las causales de caducidad y las obligaciones de las concesiones de este tipo de servicios y aumentando las multas por infracciones e incumplimientos.
Al respecto, el diputado y autor del proyecto, Jaime Mulet, explicó que “este proyecto lo que establece son nuevas causales de caducidad para las empresas concesionarias de servicios sanitarios y también eleva las multas que hoy día tiene la Ley General de Servicios Sanitarios, hasta 10 mil UTA en los casos más graves. Y asimismo, establece también la obligación legal de las sanitarias de tener plan de contingencia, de emergencia, que hoy día esto no está establecido en la ley, sino solamente a nivel reglamentario”.
Es este sentido, el parlamentario explicó que “la ley actual considera causales bastante genéricas, lo que hacemos nosotros es especificar algunas de ellas que nos parecen susceptibles para que se provoque la caducidad de la concesión, y frente a situaciones como las vividas en Osorno, impliquen sin dudar que la empresa pierda la concesión, evitando la judicialización”.
“En definitiva, este proyecto lo que busca precisamente es ser más severo con las empresas que están hoy día entregando el agua potable, alcantarillado o la prestación de servicios sanitarios, porque obviamente la legislación es muy blanda, es una legislación hecha a fines de la dictadura, reformada en democracia, pero que obviamente es muy blanda con las empresas de servicios sanitarios. Y a nuestro juicio, hay que establecer penas duras, altas, porque los hechos son muy graves”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Públicas, diputado René Alinco señaló que “lo que queremos hacer con este proyecto, es darle más facultades al Estado, concretamente al ministerio de obras públicas, para terminar con el abuso de estas empresas, que se aprovechan de la poca fiscalización y bajas sanciones, terminando siempre perjudicadas las familias y las personas, que confían en ellas. Porque estas empresas deben entregar si o si, de la mejor manera este servicio, que es el más primordial en las necesidades básicas que tiene el ser humano, que es el derecho al agua y a la higiene en sus hogares”.
Esta semana fue celebrada la quinta Cuenta Pública del Congreso Nacional. El acto realizado en el Salón de Honor del parlamento en Valparaíso, contó con la presencia del Presidente de la República y de ambas Cámaras.
Luego de la ceremonia, el diputado comunista del distrito 13, Guillermo Teillier, sostuvo que en este periodo se evidenció un esfuerzo por modernizar ambas cámaras, pero que también existe la contradicción de la labor del Congreso, donde no puede enviar ciertas leyes ya que dependen de la voluntad del Ejecutivo.
La Cuenta Pública también trató la rebaja de la cantidad de parlamentarios. La propuesta del gobierno fue rechazada en ese entonces por el Parlamento y fue reafirmada en este acto público. En este sentido, el diputado Teillier valoró estas afirmaciones, así como también las materias relacionadas al reconocimiento de los pueblos originarios, y la trascendencia de retomar el cambio a la Constitución.
Con respecto a las cifras entregadas por el Congreso Nacional y la necesidad de apurar los procesos legislativos, el diputado Teillier manifestó que debe existir una salvedad, ya que no debe ser a costa de la calidad de las leyes.
Finalmente, en este periodo se celebraron 108 sesiones de Sala, 20 sesiones especiales y 10 extraordinarias que permitieron dar curso a varios proyectos. Además existen 133 proyectos despachados de la Cámara de Diputados al Senado en primer trámite, 13 proyectos se encuentran en comisiones mixtas, 26 esperan aprobación presidencial y 170 han sido despachados totalmente.
La cuenta, liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores y el presidente del Senado, Jaime Quintana tuvo diversos matices y tópicos de importancia.
En la ceremonia se evaluó la gestión que han hecho ambas cámaras durante el último año, destacando los proyectos aprobados, los acuerdos generados y los desafíos que tienen por enfrentar.
El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, hizo un llamado a responder las demandas más urgentes y requeridas por la ciudadanía.
La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, destacó el compromiso institucional por mejorar el funcionamiento del Congreso, desde la perspectiva de rebajar la dieta parlamentaria y terminar con los privilegios en el ejercicio de la política.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, valoró que se insistiera ante Sebastián Piñera que no es necesario reducir el número de parlamentarios.
El diputado Humanista, Tomás Hirsch valoró la cuenta pública, pero dijo que también es necesario discutir un sistema unicameral, junto con avanzar hacia uno de carácter semipresidencial.
Durante su respectivas cuentas públicas, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Iván Flores y Jaime Quintana, cuestionaron la reforma constitucional que busca disminuir el número de legisladores y limitar las reelecciones.
En la instancia, Flores comentó que “podemos mejorar nuestra eficiencia y eficacia, sin tener que perder diversidad o representatividad, solo por disminuir parlamentarios como propone el Ejecutivo”.
Con la presentación de recursos de protección de manera simultánea a lo largo del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP junto a fundación Casa Común lanzaron la campaña «Decido Yo», que inicia la ofensiva judicial contra las AFP para que cada jubilado y jubilada pueda decidir sobre el futuro de sus pensiones.
En la instancia, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, sostuvo que esta acción judicial tiene por objeto revelar la mentira que las actuales administradoras de pensiones han sostenido por casi 40 años, respecto a que los fondos previsionales son de propiedad de los trabajadores.
Por su parte la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, denunció que en el debate previsional que se lleva a cabo en el Congreso, existen actores políticos que literalmente le han entregado “un cheque en blanco” al gobierno, permitiéndole perpetuar un modelo de pensiones que es sinónimo de precariedad y miseria.
Del mismo modo, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Jose Pérez Debelli, insistió que los trabajadores chilenos, así como los actuales pensionados no verán mejoradas sus jubilaciones mientras no exista en el país un sistema previsional público, solidario y de reparto.
En representación de la Fundación Casa Común, el abogado Fernando Atria, reveló lo injusto que resulta el ejercicio del derecho de propiedad de los fondos previsionales en Chile, pues lejos de pertenecer a los trabajadores, este sistema avala su control por parte de los grandes empresarios.
Carolina Espinoza, dirigente de la Confusam y vocera de NO+AFP, señaló que este 4% adicional propuesto por el Ejecutivo no representa de manera alguna un mejoramiento de las pensiones, pues lo que requiere Chile a su juicio, es un sistema efectivo de seguridad social.
De igual manera, el actor Alejandro Goic se sumó a esta demanda colectiva, calificando como una vergüenza el negocio que representa que los trabajadores entreguen sus propios ahorros previsionales a los grandes consorcios financieros, los cuales luego le entregan créditos a los cotizantes con estos mismos recursos, pero con tasas de interés que rayan en la usura.
Para la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, el tema de fondo en Chile no es la modalidad o la institución que administrará nuestros fondos previsionales, sino más bien como estamos tolerando que compatriotas de la tercera edad se estén muriendo en la miseria y el desamparo por causa de las bajas pensiones.
El Recurso de Protección presentado por la Coordinadora NO+AFP en forma simultánea en once Cortes de Apelaciones a lo largo del país, se basa en una infracción al Derecho de Propiedad y la igualdad ante la ley respecto a los fondos previsionales. En la ocasión, se intensificó la campaña “Decido Yo” en donde las personas pueden adherirse a esta acción judicial que busca impedir que las Administradoras de Fondos de Pensiones sigan lucrando a costa de los trabajadores.
Delegación mapuche compuesta por Marcelo Catrillanca, Galvarino, Reiman, Jose Santos Millao, Ana Llao, Eduardo Cayupe, Nelson Treumun Isabel Cheuquehuala, entregaran formalmente la invitación a Alta Comisionada para los DDHH de ONU, para que visite la militarización del Wallmapuche o Territorio Mapuche.
Aucan Huilcaman Paillama ingresará Copia de la carta el día Viernes 19 Julio 2019 en Oficina Naciones Unidas en Ginebra Suiza.
Señora MICHELLE BACHELET JERIA Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas Presente.
De nuestra mayor consideración.
Los abajo firmantes, todos dirigentes del Pueblo Mapuche agrupados en la Convergencia de la Comunidad Mapuche de Temucuicui, nos dirigimos respetuosamente a Usted y extendemos la presente invitación para que arribe al Wallmapuche o Territorio Mapuche.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, recordamos que a raíz de las múltiples tensiones y controversias en las relaciones institucionales entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno, durante las dos últimas décadas hemos tenido la visita de dos Relatores Especiales sobre derechos y libertades de los Pueblos Indígenas, asimismo, el Relator Especial sobre la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales en la Lucha en contra del Terrorismo. Así como el examen del Comité internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité Internacional Contra la Tortura. Tanto, los Relatores Especiales de Naciones Unidas y los Órganos de Protección a los derechos humanos, han recomendado un centenar de medidas para subsanar dicha situación.
Sin embargo, ningún gobierno pos-dictadura militar han implementado esas valiosas y significativas recomendaciones de la comunidad internacional.
Ponemos en conocimiento a Usted que, los Mapuche en el pasado fuimos víctimas de una invasión militar por parte del Estado Chileno, cuyo hecho se conoció como la “Pacificación de la Araucanía”, en donde se cometió el Crimen de Genocidio en contra del Pueblo Mapuche, así como el despojo, confiscación y toma del territorio y sus recursos mediante la violencia militar y como consecuencia de la domesticación y el colonialismo se dañó nuestra cultura en los aspectos tangibles e intangibles.
Por lo mismo, subrayamos que, todos estos hechos constituyen las causas de las tensiones y controversias en la actualidad y claman urgentemente una rectificación basado en la verdad, la justicia y la reparación al daño causado al Pueblo Mapuche como principio superior de los derechos humanos y un compromiso con la paz.
En el último tiempo y a modo de graficar la violencia institucional del Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche y sus derechos, el propio presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique instauró un grupo de carabineros de alta especialización en el ámbito represivo y opresivo denominado “Comando Jungla” y de esta manera omitir la responsabilidad del Estado Chileno en la situación Mapuche y soslayar el diálogo para la búsqueda de un entendimiento aceptable entre Mapuche y no Mapuche desde el Rio Bio Bio al sur.
Paralelamente a lo anterior, se desarrolló la denominada “Operación Huracán”, en donde operaron todas las instituciones del Estado Chileno en contra de los Mapuche, tanto Carabineros, la Fiscalía del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y se actuó premeditadamente de parte de las autoridades políticas del gobierno chileno para inculpar a personas inocentes de delitos de alta connotación y de ésta manera intentar desacreditar y ensuciar la legítima causa Mapuche que se sustenta en los derechos imprescriptibles e irrenunciables al derecho al territorio y sus recursos, el derecho a la libre determinación Mapuche y el derecho a vivir en Paz.
El caso ejemplar de la militarización, la violencia estatal y sus consecuencias, fue la ejecución de Camilo Catrillanca por parte de carabineros de Chile, en donde se puso de relieve la doctrina de los montajes.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que el proceso de militarización en el Wallmapuche se ha intensificado y por lo mismo, constituye una amenaza permanente al derecho de vivir en Paz y no existiendo mecanismo de diálogo de buena fe, así como la inculpación de personas inocentes que se encuentran privados de libertad en diversas cárceles del país y en vista que el Estado Chileno mantiene la doctrina de la negación del Pueblo Mapuche y sus derechos.
Por tanto,
Invitamos a usted para que realice una visita en el marco de su mandato de observancia internacional sobre las violaciones a los derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche y elabore un informe y adopte recomendaciones basadas en la “verdad”, la “justicia” y la “reparación al daño causado”.
Claudio Millaguin, presidente de la CUT de Osorno, acusó al gobierno de actuar en la práctica como voceros de la empresa Essal ante la crisis sanitaria que golpea a la comuna y en donde las autoridades no han sido capaces de transparentar los datos y análisis referentes a la calidad del agua.
Asimismo, el dirigente sindical expresó la incertidumbre de las y los trabajadores frente a esta catástrofe social y económica de grandes proporciones.
En ese contexto, el presidente regional de la CUT describió el sometimiento y vulneración de derechos que afecta a los trabajadores osorninos, producto de esta emergencia.
Claudio Millaguin aseguró que el Gobierno está protegiendo a Essal, ya que las autoridades sólo han reaccionado en base a denuncias y sin dar a conocer la real magnitud del problema.
El presidente de la CUT de Osorno instó a los partidos de oposición a tomar la exigencia ciudadana del agua como un derecho y no el bien transable en que se ha convertido.
Para ello, llamó a modificar el código de aguas, en un momento donde los grupos empresariales arremeten contra dicha exigencia ciudadana.
Finalmente, Claudio Millaguin exigió al gobierno transparentar los datos y análisis respecto a la calidad del agua en Osorno y así garantizar la protección de la salud de los locatarios.
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo que la crisis sanitaria en Osorno ratifica la necesidad de legislar y reformar el código de aguas, estableciendo el recurso hídrico como un bien público.
En su diagnóstico, el debate tiene que ver esencialmente con los derechos de agua en Chile y cómo garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a ella de manera justa y equitativa.
En ese sentido, Marcos Barraza instó a los parlamentarios de centro-izquierda a modificar la actual legislación, a objeto de traspasar las sanitarias a la administración del Estado.
A juicio del dirigente comunista, se ha gestado una operación comunicacional que busca acotar el tema a la concesión de Essal, y así restringir el debate respecto al código de aguas y propiedad de las empresas sanitarias.
El académico y exsecretario de Estado consideró intolerable que los osorninos permanecieran sin agua durante 10 días, poniendo de manifiesto que la privatización de las sanitarias no permite garantizar el derecho a un recurso tan fundamental como el hídrico.
Marcos Barraza concluyó que se está cursando una operación comunicacional que permita acotar la crisis sanitaria en Osorno a una empresa en particular, obviando las permanentes dificultades de los nortinos para acceder al agua, ya sea por costos o provisión.
