[Podcast] Osvaldo Zúñiga del Comando del Agro por Jeannette Jara aborda demandas sectoriales y tareas de campaña
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El presidente de la Confederación Nacional Ranquil, conversa sobre los desafíos aparejados a la campaña en la ruralidad, a las posiciones expresadas por la candidata Jeannette Jara en recientes debates y a las demandas programáticas que como sector buscan representar.
Osvaldo Zúñiga del Comando Agrario por Jeannette Jara valida idea de diálogo social: “Es un tema en la OIT hace varios años”
Equipos de apoyo por Jeannette Jara siguen sumándose a su campaña presidencial y uno de ellos es el Comando Agrario que reúne a las diversas secretarías y departamentos del área, pertenecientes a los partidos del pacto Unidad por Chile.
Osvaldo Zúñiga, presidente de la histórica Confederación Nacional Ranquil vinculada al PC y PS, señaló que la instancia nace con el fin de reunir a las distintas comisiones agrarias iniciado el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
“Estamos muy comprometidos con el trabajo de poder colaborar en el programa de gobierno y una tarea que nos propusimos fue constituir los comandos en todas las regiones del país con dirigentes sindicales, de campesinos, de pueblos originarios y profesionales del agro que siempre están acompañando el trabajo”.
El dirigente de Ranquil también apuntó a lo expresado por la candidata presidencial de convocar a una amplia ciudadanía. Sin embargo, “no es una tarea fácil”, dado que en la ruralidad hay un comportamiento electoral más tendiente a la derecha política.
“Es una de las primeras tareas que nos estamos proponiendo de poder convocar ampliamente a la ruralidad, que ellos manifiesten sus problemáticas y construir soluciones que siempre son posibles que lleguen”.
SNA y Salmoneras
Asimismo, destacó la participación de la abanderada en los debates e instancias que han ofrecido diversos gremios del mundo empresarial de cara a las elecciones de noviembre:
“Me parece que la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura de estar preocupada del cambio climático y la huella de carbono es porque hay una acercamiento”, dijo sobre la propuesta programática que la SNA entregó a las candidaturas presidenciales. Allí, señalaron claves para temas medioambientales con foco en producción y empleo.
“Eso hace algunos años era muy difícil de ver que el empresariado estuviera preocupado de esos temas” agregó.
“Lógicamente en el debate que hemos dado todos estos años, a la ecología la colocamos como un tema central y a la participación democrática. Creo que tenemos que profundizar mucho más sobre los debates que se den de desarrollo en los distintos territorios y con las organizaciones campesinas que están articuladas a nivel comunal, regional y nacional” .
También comentó el encuentro de Kast, Matthei y Jara en el Salmón Summit organizado por SalmonChile, refiriéndose a la propuesta de Jara y su defensa del diálogo social como herramienta para atender las demandas del sector acuícola, en tanto desde la patronal ha estado cruzado históricamente por denuncias medioambientales, precarización laboral y conflictos con comunidades indígenas.
“Nosotros hemos planteado el tema de la soberanía alimentaria y eso amplía mucho más la mirada que debiésemos tener”, acotó Zúñiga apuntando a la participación de los trabajadores como fundamental.
“Me gusto mucho que nuestra candidata esté en esta idea de profundizar el diálogo social, un tema que está en la OIT desde hace varios años”, puntualizó.
Finalmente, sobre el aporte programático en calidad de comando sectorial, resumió las demandas del agro en la trilogía “agua, tierra y semilla”. En particular, el tema de la tierra y la juventud es una preocupación mayor porque “nosotros nos estamos quedando con un campo envejecido y es muy importante generar políticas públicas desde el Estado”, explicó el dirigente, al igual que el tema del comercio justo, los derechos sociales en la ruralidad y los trabajadores eventuales agrícolas.
¿Es realmente jurel?: Nutricionista advierte importantes diferencias nutricionales en especies sustitutas halladas en conservas
- El mal etiquetado de pescados en conserva no solo engaña al consumidor, también disminuye la calidad nutricional de un alimento clave para las familias chilenas.
Un reciente estudio encargado por los Pescadores Industriales del Biobío ha revelado una preocupante irregularidad en el contenido de latas de conserva etiquetadas como jurel. Según los análisis realizados por el Laboratorio 5M y el Laboratorio de Fisicoquímica y Microbiología Dictuc, se detectó que muchos de estos productos, especialmente de origen asiático, no contienen jurel chileno (Trachurus murphyi), sino que otras especies como caballa, sardina española o pescados aún no identificados. Más allá de las implicancias comerciales y regulatorias, el hallazgo levanta una alerta desde el punto de vista nutricional.
La nutricionista y docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de O’Higgins (UOH), Valeria Urtubia, analizó el caso a partir de las diferencias entre el jurel verdadero y las especies que lo estarían reemplazando. Si bien todas pertenecen al grupo de los llamados “pescados azules” —con alto contenido de grasas saludables—, sus aportes nutricionales no son equivalentes.
Omega-3: una diferencia clave
“Una de las principales características del jurel chileno es su contenido de ácidos grasos omega-3, en especial EPA y DHA, que favorecen la salud cardiovascular, el desarrollo neurológico y la función inmunológica”, explicó Urtubia. Sin embargo, advirtió que, si bien especies como la caballa o la sardina también son ricas en omega-3, presentan una mayor concentración de lípidos totales y no necesariamente entregan los mismos beneficios en las mismas proporciones.
“En promedio, el jurel contiene menos grasa total, pero sigue siendo una excelente fuente de omega-3 de calidad. Cuando se sustituye por otro pescado no declarado, se pierde certeza sobre el tipo y la cantidad real de estos nutrientes esenciales”, precisó.
Proteínas de calidad y micronutrientes esenciales
Respecto al contenido proteico, las tres especies aportan aproximadamente 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimento, todas de alto valor biológico, es decir, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Sin embargo, las diferencias aparecen con mayor claridad al observar los micronutrientes.
“El jurel chileno destaca por su aporte de fósforo, zinc, selenio, magnesio, calcio, vitamina D y B12, fundamentales para la salud ósea, el desarrollo infantil, la función neurológica y la inmunidad. La presencia y cantidad de estos nutrientes puede variar considerablemente en otras especies”, señaló la docente.
Urtubia subrayó que el consumo prolongado de pescados mal etiquetados podría tener efectos perjudiciales en la salud pública, especialmente si estos productos son parte habitual de la alimentación de familias o se distribuyen a gran escala, como en programas de alimentación escolar.
“Un etiquetado incorrecto no solo entrega información engañosa, sino que puede contribuir a deficiencias nutricionales en poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Se puede generar un déficit de proteínas, vitaminas y minerales esenciales, afectando desde el desarrollo cognitivo hasta la recuperación de tejidos y la salud ósea”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre la posible presencia de aditivos o conservantes no declarados que podrían disminuir la calidad del producto o incluso generar efectos adversos si no son controlados adecuadamente.
Impacto en la confianza alimentaria
Finalmente, la docente enfatizó que este tipo de prácticas afectan directamente la confianza de las personas en el sistema alimentario. “Cuando se pierde la certeza sobre lo que se está consumiendo, se debilita la credibilidad tanto de la industria como de la información nutricional declarada. Esto tiene un impacto profundo en los hábitos de consumo, en las decisiones de compra y en las estrategias de salud pública orientadas a fomentar una alimentación equilibrada”, indicó.
Cuenta Pública legislativa: Senadora Pascual plantea formas más participativas para comunicar el informe anual
El miércoles se realizó la cuenta pública de la Cámara y el Senado donde las presidencias de cada espacio legislativo fueron encabezadas por el diputado José Miguel Castro (RN) y José Manuel Ossandón (RN), respectivamente.
En el relato y en presencia de autoridades de gobierno y de los otros poderes del Estado, se notificó sobre el número de proyectos aprobados, de la labor legislativa, así como se pronunciaron críticas al gobierno y se manifestó preocupación por el caso de excarcelación de sicariato.
Por su parte, la senadora comunista Claudia Pascual manifestó sus reparos sobre el personalismo -en particular en el caso del Senado- con la que se llevó la cuenta pública legislativa, en tanto, señaló, la posibilidad de dar una cuenta de manera más participativa, citando el caso de los reportes anuales de las carteras de gobierno:
Con respecto a las críticas que dirigió al ejecutivo el diputado Castro, La senadora planteó que en su reporte legislativo emanó un juicio donde más bien responsabilizó al gobierno de “lo que está mal en el país y por tanto, exculpa al parlamento de cualquier situación”, concluyó.
Crímen organizado: No solo leyes
En relación al caso de sicariato, Pascual señaló que durante la semana en el Senado se convocaron las comisiones de Seguridad y Constitucional para atender el complejo asunto del ciudadano venezolano, Osmar Ferrer, quien fue excarcelado desde el Penal Santiago 1 el día 10 de julio, pese a contar con una cautelar de prisión preventiva.
En la reunión y junto con autoridades ministeriales, de la PDI, del poder judicial y Gendarmería, la parlamentaria enfatizó que todos expresaron considerar gravísimos los hechos y que se informó sobre las diferentes investigaciones en curso.
Asimismo, Pascual expresó su interés en que se realice una investigación exhaustiva y que “se sancione todo lo que se pueda encontrar”:
No obstante, precisó que si bien los hechos han obligado y obligan a promulgar una serie de legislaciones acorde a la dimensión del crimen organizado, se requiere de otras tareas y prácticas en defensa de la ciudadanía y las instituciones:
“Creo que esa discusión es algo que debemos asumir muy descarnadamente sin hacer réditos cortoplacistas electorales y que ninguno crea que es un gallito para pegarle a otro”, expresó.
“Decir que no se ha hecho nada no corresponde”, agregó respecto a las críticas que ha sostenido la oposición sobre la agenda de seguridad del ejecutivo: “Este es un gobierno -a quien le guste o no le guste- que lejos es el que más leyes en seguridad ha aprobado e implementado”.
“Hay una utilización absolutamente antojadiza de la política, pues hay problemas y hay que enfrentarlos. Nadie puede hacer defensa corporativas ni exculparse sino es para mejorar, corregir, poner los énfasis; ni tampoco salir con esas críticas porque a la hora de los qué hubo cuando se plantean las votaciones para el levantamiento del secreto bancario no la apoyan”, acotó Pascual sobre el oportunismo electoral.
[Podcast] Lenia Pizarro de IPS detalla aumento de la PGU en septiembre y de otros avances de la reforma previsional
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La subdirectora de Servicios al Cliente del Instituto de Previsión Social, entrega detalles sobre los varios cambios que introduce la nueva ley N° 21.735 comenzando con el primer monto contributivo del empleador en agosto, el aumento de la Pensión Garantizada Universal PGU a $250.000 en septiembre y la bonificación por años cotizados en enero de 2026.
Reforma de pensiones avanza con aumento de la PGU en septiembre: Conozca fechas y canales de información
La reforma previsional muy pronto comenzará a implementar mejoras importantes en las pensiones.
Varios de los cambios que introduce la nueva ley empezarán a aplicarse en pocas semanas más, tal como ocurrirá con el primer monto contributivo del empleador que aparecerá en los sueldos de agosto de las y los trabajadores.
En el mes de septiembre le sigue el aumento de la Pensión Garantizada Universal PGU a $250.000 y en enero de 2026 será el turno de la bonificación por años cotizados.
“La reforma trae aparejada varias mejoras que le corresponde al ISP -Instituto de Previsión Social- implementar con otras instituciones”, destaca Lenia Pizarro Sierra, subdirectora de Servicios al Cliente de dicha entidad.
Seguro Social Previsional
En la reforma el aporte de los empleadores se fijó finalmente en un 8,5% Esta cifra va ser alcanzable de forma gradual partiendo con un 1% desde agosto y contribuirá tanto en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores en un 0,1% como en el Seguro Social Previsional con un 0,9%.
“El seguro social tiene asociados don beneficios”, señala Lenia Pizarro, “uno es eminentemente con rostro de mujer como es la Compensación a Mujeres con Mayor Expectativa de Vida. Las mujeres porque vivimos más se nos castiga y a la hora de acceder a pensiones, en igualación de condiciones con los hombres, el monto baja”.
El otro beneficio es por años cotizados y consiste en sumar 0,1 UF a las pensiones por cada uno de ellos, lo que en el caso de las mujeres opera a partir de 10 años de cotizaciones y de los hombres a partir de 20 años.
Las personas no van a tener que hacer nada porque tanto la AFP como la compañía de seguro le va a entregar la información a IPS para que pueda conceder y pagar estos beneficios, en la medida que vamos avanzando en la puesta en marcha de éstos”, explicó.
PGU
Respecto al aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000, la subdirectora planteó que se ha implementado un acceso gradual por edad, de modo que las personas que al 1 de septiembre de 2025 ya tienen cumplidos 82 años, recibirán el aumento automáticamente en sus cuentas previsionales.
A ese tramo, proseguirá el pago del aumento desde el 1 de septiembre de 2026 a quienes han cumplido los 75 años y más, y en el 2027 a quienes han cumplido 65 años y más:
“Todas las personas que postulen van a recibir el monto vigente en esas fechas y todos los reajustes que corresponden porque ya vamos a estar en régimen y eso es para quienes están pensionados”, precisó la encargada del IPS.
Leyes de reparación
A su vez, remarcó que existe otra consideración en esta puesta en marcha para quienes actualmente son beneficiarios de una pensión básica por leyes de reparación, es decir, Ley Valech, exonerados y quienes son familiares de víctimas de detenciones por desaparición forzada o ejecución política.
Este grupo de personas, acorde a la gradualidad de la edad comenzando por aquellos que al 1 de septiembre tengan 82 años y más, “van a recibir los 250 mil pesos, pero en este caso en particular tienen que postular; no se entrega de oficio”, precisó Lenia Pizarro.
Para esa postulación, agregó, hay diversas formas: está la postulación en línea con la clave única en www.chileatiende.cl; se puede realizar por la sucursal virtual por medio de videollamada “y en línea un ejecutivo de IPS le va a guiar en la atención con su cédula”, detalló.
“Si quieren hacerlo presencial están las 200 sucursales en todo Chile o en los más de 300 municipios en convenio o en sus propias AFPs o compañías de seguro”.
Para que este grupo particular, pueda comenzar a recibir el beneficio en septiembre -acorde a la gradualidad por edad- “es que queremos que hagan su postulación adelantada, así lo permitió la ley”:
Respecto a los requisitos de quienes por primera vez solicitan la PGU, “son los mismos que ha existido siempre y esto para cualquier persona”, acotó Lenia Pizarro: “haber cumplido los 65 años o más, no integrar el grupo perteneciente al 10% más rico de la población, tener el Registro Social de Hogares y acreditar residencia en Chile por un período mínimo de 20 años continuos o discontinuos desde los 20 años de edad, pero sí, al menos 4 años continuos desde los últimos 5 años anteriores a la postulación”.
Para saber si contará con el aumento de la PGU se puede ir al sitio www.chileatiende.cl, ingresar el Rut y la fecha de nacimiento, pudiendo saber si se tiene derecho al incremento y a partir de qué momento, o bien llamando al callcenter 101.
Senador Daniel Núñez ingresó proyecto de ley que tipifica el delito de préstamo ilegal con usura extorsiva
Este miércoles, el senador Daniel Núñez ingresó un proyecto de ley que busca tipificar en el Código Penal el delito de préstamo ilegal con usura extorsiva, una práctica delictual que se ha extendido en distintos barrios del país y que constituye una vía de financiamiento para el crimen organizado.
El proyecto plantea una figura penal autónoma que combina dos ilícitos actualmente dispersos: préstamo con usura y la extorsión. De esta manera, los préstamos ilegales que, al momento del cobro, recurran a amenazas, violencia, engaño, apropiación de bienes o coacción para firmar documentos se sancionará con penas que van entre los 10 a 20 años de cárcel. Las penas se agravan si la práctica es masiva, habitual o vinculada a asociaciones ilícitas.
“Esta ley apunta a proteger a las familias más vulnerables, que hoy caen en la trampa del préstamo ‘gota a gota’ y terminan extorsionadas por verdaderas mafias. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado se financie con el miedo de la gente humilde que no tiene acceso al crédito bancario”, afirmó el senador Daniel Núñez.
Según datos incluidos en la propuesta, en Chile un 5,4% de los hogares tenía préstamos informales en 2021, cifra que aumenta en zonas urbanas y sectores de menores ingresos. En el 82% de los casos, los solicitantes habían sido rechazados previamente por la banca formal. Además, un 24% de los préstamos informales se realizó con tasas anualizadas entre el 100% y el 500%, y un 19% con tasas entre 500% y 1000%. Muchas víctimas enfrentan luego extorsiones, amenazas o violencia como método de cobro, sin posibilidad de acudir al sistema judicial por tratarse de operaciones ilegales.
El proyecto se inspira en experiencias comparadas como la colombiana, donde este tipo de préstamo informal violento se encuentra tipificado como delito específico.
“Queremos cerrar el paso a una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en nuestros barrios”, concluyó el parlamentario comunista.
El Proyecto de ley también fue suscrito por la senadora PS, Paulina Vodanovic; el senador del FRVS, Esteban Velázquez; el senador DC, Iván Flores; y la senadora independiente Alejandra Sepúlveda.
El 23 de julio se celebra a nivel mundial el Día dedicado a las Ballenas y los Delfines
El 23 de julio se conmemora el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, una fecha establecida en 1986 por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el propósito de detener la caza indiscriminada de estos mamíferos marinos en peligro de extinción y fomentar su conservación.
Esta celebración nació como un llamado global para frenar la preocupante disminución de las poblaciones de ballenas, afectadas durante años por la pesca comercial intensiva. Aunque en 1986 la CBI implementó una moratoria sobre la caza comercial de ballenas, estas especies continúan enfrentando amenazas, tales como la caza furtiva bajo fines científicos, la captura accidental en redes pesqueras, la contaminación química y acústica, las colisiones con embarcaciones y los impactos del cambio climático que modifican sus hábitats y patrones migratorios.
De acuerdo con Diego Reina Anduze, director del proyecto 7 Maravillas Naturales de América, además de la caza, estos cetáceos están en peligro debido a la contaminación, la pesca incidental y la destrucción de sus hábitats. Por ello, esta fecha también busca promover acciones de conservación, respaldar la legislación internacional y fomentar la responsabilidad ciudadana para garantizar la protección y supervivencia de estas especies.
Las ballenas y delfines juegan un papel fundamental en el equilibrio ecológico marino, destacándose por sus características particulares, como su respiración pulmonar y su aguda sensibilidad auditiva, que los convierten en habitantes excepcionales de los océanos.
El objetivo principal de esta jornada es crear conciencia y movilizar esfuerzos para proteger a estas especies que, a pesar de la moratoria y los numerosos esfuerzos de conservación, aún enfrentan serios riesgos que amenazan su existencia.
Ecoturismo
El ecoturismo de ballenas y delfines es una actividad sostenible que combina la observación respetuosa de estos cetáceos en su entorno natural con el impulso al desarrollo económico local y la conservación ambiental. Este turismo crea empleos para comunidades costeras, fomenta la educación ambiental, apoya la investigación científica y promueve la protección de estas especies frente a amenazas como la caza y la contaminación. Sin embargo, requiere una gestión cuidadosa para evitar impactos negativos como el estrés en los animales y la alteración de su comportamiento natural. Medidas como regulaciones, capacitación de guías y límites en el número de embarcaciones son esenciales para garantizar un turismo responsable y sostenible.
