Por: Bárbara Navarrete. Economista. Secretaria General de las JJ.CC.
En Chile, el ahorro individual de las personas ha dado como resultado pensiones de miseria, lo que en la práctica significa empujar a la pobreza a quienes trabajaron una vida entera. Los datos son claros: la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada para hombres es de un 27%, mientras que para las mujeres es de apenas un 11% (Subsecretaría de Previsión Social, 2022), esto significa que si la pensión fuera solo resultado de los ahorros individuales administrados por las AFP, la mitad de los hombres pensionados recibirían mensualmente 159 mil pesos o menos y, en caso de las mujeres, 38 mil pesos o menos.
El porcentaje de gasto público destinado a pensiones, según datos de la DIPRES (2024), ha experimentado un aumento significativo en Chile, alcanzando el 16% del total. Esto coincide con la transición del modelo, caracterizado por ser focalizado y de capitalización individual, hacia un esquema más bien mixto, por medio de la introducción de la Pensión Garantizada Universal (PGU) agregando un componente de segundo nivel público al modelo chileno, según los estándares de la OCDE. Ante estos cambios, Chile al 2024 gasta en pensiones un 1% menos que Canadá al 2019, país con un modelo exclusivamente público que cuenta con garantías de pensión básica y focalizada. En suma, las actuales pensiones en nuestro país no se sostienen por la gestión de las AFP, se sostienen fundamentalmente por la inyección de recursos vía impuestos generales, es decir, por lo que hoy gestiona el Estado para mejorar el resultado de la capitalización individual.
La solidaridad intergeneracional propuesta en la Reforma del Gobierno que la oposición mantiene estancada en la discusión parlamentaria es un principio que debe estar en el corazón de cualquier sistema de pensiones moderno y justo. Es un componente que implica mirar más allá del beneficio individual y avanzar hacia el bien común, retribuyendo a quienes ya entregaron su trabajo a la sociedad, de forma remunerada y también a quienes trabajaron y no recibieron remuneración como es el caso principalmente de las mujeres.
Durante el 2023 las AFP gastaron más de $17.245 millones de pesos en publicidad, en parte, para instalar la consigna “Con mi plata no”. Desequilibrar ese poder no es fácil pero ¿por qué la ciudadanía tendría que renunciar a su legítimo derecho a desequilibrar y hacer presión? Tener una Reforma de Pensiones que mejore lo que reciben hoy y lo que recibirán en el futuro las personas mayores es una urgencia y una necesidad. No podemos renunciar a lo que podría ser nuestro mejor regalo de navidad.
