La eventual condonación de más de US$11.900 millones, equivalente al 4% del PIB nacional, lo que ha generado una disputa interna en el Gobierno.
Después de varios meses fuera del centro de atención, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto a la agenda política debido a las crecientes preocupaciones sobre el sistema educativo chileno.
Según datos proporcionados por la Comisión Ingresa, la cobranza de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2012, se demandó el pago a 16.224 deudores, de los cuales la Tesorería General de la República logró retener fondos de 3.365, lo que representa una tasa de éxito del Estado del 21%.
En contraste, en 2023, la Comisión Ingresa persiguió a más de 300 mil deudores morosos, pero la Tesorería solo logró recuperar fondos de 34 mil, lo que resulta en una tasa de éxito del 11,2%, incluso menor que durante la pandemia.
Estos datos, obtenidos a través de Transparencia desde la Tesorería General de la República, no solo revelan el número de contribuyentes, sino también los montos involucrados. En 2012, la Tesorería logró retener el 4,5% del total ordenado para cobrar, mientras que en 2023 solo pudo recuperar el 0,8%.
“Es necesario establecer medidas efectivas para responder a un problema público histórico. Estas medidas deben recoger las promesas que llevaron a la coalición actual a ser gobierno. Es importante generar consistencia entre lo prometido y lo que se va a ejecutar, desde una lógica de velar por la confianza pública y – especialmente- la confianza en los y las representantes. Ahora bien, esto debe estar acompañado de responsabilidad fiscal, es necesario pensar en fórmulas que permitan dar una solución integral, con principio de universalidad, lo que no quiere decir que la condonación total sea para todos y todas, pero sí que todas y todos puedan tener una respuesta a la problemática”, indica la jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), Javiera Delgadillo.
Por su parte, el docente adjunto de la misma carrera UOH, Manuel Toro, señaló que la efectividad de la cobranza ha disminuido debido a varias razones. Por un lado, muchos deudores no pueden pagar debido a la inestabilidad financiera que ha afectado a las personas en los últimos años. Por otro lado, la creencia en la promesa de condonación de deudas ha llevado a muchos a preguntarse por qué pagar si la deuda será perdonada. “Esta situación crea un problema, ya que no beneficia a nadie y el costo final recaerá en el aval de la deuda, es decir, el Estado”, resalta.
El proceso del préstamo voluntario implica que el banco entregue el dinero directamente a la institución educativa, mientras que el Estado actúa como garante, respaldando el 90% del capital y los intereses del préstamo. En caso de incumplimiento por parte del estudiante, el Estado asume la responsabilidad final como aval, utilizando los impuestos pagados por todos los contribuyentes para cubrir la deuda.
“La dificultad en el pago de las deudas es comprensible. Una de las razones es la imposibilidad real de los deudores de pagar debido a los altos montos de las deudas y las necesidades cotidianas que tienen un alto costo, lo que puede relegar el pago del CAE a un segundo plano. Además, la esperanza de una eventual condonación, promovida por las actuales autoridades del gobierno, también contribuye a esta situación”, apunta Javiera Delgadillo.
La última encuesta Plaza Pública de Cadem, la condonación de la deuda estudiantil es vista como el séptimo problema en educación y la penúltima prioridad en cuanto a la asignación de más recursos al área. Mejorar la calidad de la educación es la principal preocupación, con un 56% de los encuestados considerándola prioritaria.
“El Gobierno enfrenta una de sus decisiones más complejas desde que asumió el poder. La eventual condonación de la deuda estudiantil, que ascendería a más de 11.900 millones de dólares (equivalente al 4% del PIB), ha generado una disputa interna sobre si es el momento adecuado para priorizar esta histórica demanda”, cerró Manuel Toro.
