El abogado constitucionalista y doctor en derecho, José Ignacio Núñez, se refirió a algunos aspectos estructurales en la propuesta de nuevo texto constitucional, apuntando a la coherencia de sus funciones, la protección de los derechos fundamentales y a la repercusión política que pudiesen tener los resultados finales de las votaciones de este domingo 17 de diciembre.
El especialista abordó la definición de Estado social y democrático de la propuesta puntualizando que se presenta como una promesa que no se cumple y que contrariamente, sigue primando la subsidiariedad como eje del desarrollo social y económico del país:
Si bien la subsidiariedad no es per se un objetivo negativo -sostuvo- requiere ser corregido con el principio de solidaridad de un Estado fuerte que vigile cómo los particulares contribuyen efectivamente al desarrollo del país, y que no se rija sólo por el mercado que incentiva la libre competencia, “donde los que van perdiendo son los más débiles y los que ganan son los que obtienen o ya tienen ventajas”, precisó.
Otro aspecto que se puede concluir del proyecto de texto, indicó Núñez, es la desprotección de los derechos fundamentales, pues al no definirse constitucionalmente lo que es exigible al Estado y a otras personas respecto al cumplimiento de estos derechos, se terminan traspasando o postergando al legislador, mientras que al poder judicial se le fijan restricciones importantes en su rol de garante:
En torno a la extensión de la propuesta, el abogado señaló que se da una contradicción interna. Explicó que si bien el texto considera al Estado como un potencial agente que afecta los derechos de las personas, a su vez, lo acrecienta al sumar un número importante de nuevas instituciones, pero que obedecen a un orden de política pública y no constitucional.
También planteó que el proyecto ingresa decisiones estatales en cuestiones que tienen que ver con la autonomía individual de las personas, como ocurre con la defensa del derecho a la vida y de quien está por nacer o con la norma que pone en riesgo la ley de responsabilidad parental.
De esta manera, “estamos hablando de una construcción que no toma partido por cuestiones morales sino moralizantes de la vida de las personas y de todos y cada uno de los individuos”, indicó el especialista.
Por otro lado, respecto al rol que jugó Republicanos en la elaboración final del proyecto de texto, José Ignacio Núñez, precisó que a diferencia como lo plantea la oposición política, los resultados del plebiscito no medirán el respaldo al gobierno sino al partido ultraderechista y su sustentabilidad política.
De esa manera, si gana el A Favor, señaló el abogado, se va a ver fortalecida la representación política de Republicanos, pero si pierde no solo sería un triunfo para el mundo progresista sino también al interior de la misma derecha donde ya se han visto descolgamientos respecto a las lógicas y dinámicas de ese partido.
