Nicolás Araya, Encargado de Organización de juventud militante, se refiere al “Informe publicaciones grupo Juventudes Comunistas de Chile” que figura dentro de los cientos de miles de documentos recientemente hackeados al Estado Mayor Conjunto del Ejército y que daría cuenta de la individualización y de otras acciones vigilantes efectuadas por el grupo asesor, a integrantes de la Jota durante el estallido social del 2019.
En primera instancia, Nicolás Araya manifestó que como organización política, “organizarse políticamente, militar en un partido, en una juventud política o incluso, en una organización social, es un acto democrático y no es una acción que merezca ser perseguida”.
Frente a ello, indicó que tras la revelación se han levantado dudas con respecto al particular interés que despertaron las organizaciones sociales durante el gobierno de Piñera, situándolas como entes capaces de atentar contra el estado: “Se devela no es tanto la filtración o el hackeo o seguimiento a organizaciones sociales sino que se devela una política de enemigo interno en el gobierno de Piñera muy acentuada a organizaciones de izquierda”, sostuvo.
Por otra parte, señaló que consideran fundamental conocer quién encargó tal investigación y por qué lo encargó y con cargo a qué recursos se realizaron, recalcando que aquella no es potestad de las FFAA sino de Carabineros o de investigaciones.
En concreto, el encargado de Organización de la Jota indicó que su presidenta y Diputada, Daniela Serrano, ofició al Ministerio de Defensa para conocer cuál fue la finalidad del informe sobre las publicaciones de las redes sociales de la Jota y de otras organizaciones, y a su vez, determinar las facultades de EMCO para efectuar tales informes.
“Esperamos que este oficios que hemos enviado al Ministerio de Defensa particular estas preguntas y otras más, puedan ser rápidamente contestadas y dar certezas que en Chile existen garantías democráticas y existen un sometimiento de las FFAA, avanzando en la intervención civil de las mismas”, expresó.
