La familia Ortúzar Muñoz junto a tres sociedades relacionadas con ellos deberán hacerse cargo solidariamente del pago de las indemnizaciones por años de servicio de los exdocentes demandantes, así como el pago de una multa de 300 UTM.
Esta mañana el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló a favor de cinco exdocentes que prestaron servicios en la otrora Universidad del Pacífico, la cual cerró a fines del año 2018. El tribunal capitalino estableció que los miembros de la familia controladora “Ortúzar Muñoz” y las sociedades relacionadas con esta familia: Inmobiliaria Ortúzar y Muñoz Ltda, Inversiones del Pacíficop SpA y Asesorías Ortúzar y Muñoz Ltda, son un único empleador, para los efectos laborales y previsionales.
Los exdocentes, representados por el abogado Leonardo Mena Díaz, demandaron a la universidad y a la familia Ortúzar Muñoz. En la demanda, se entendía como miembros de la familia al padre y fundador de la Universidad, Julio Ortúzar Prado, su esposa Ana María Muñoz Risopatrón y sus hijos comunes Ana María, Pablo Reinaldo, María Paz, María Inés, Julio Cristián, Ignacio de Jesús y Elena Margarita, solicitando se les declare como único empleador.
El tribunal estimó que el hecho de que los miembros de la familia hayan participado activamente en la universidad, tanto como trabajadores dependiente. Además, en calidad de socios activos de la asamblea y miembros del Directorio, sumado a las altas indemnizaciones cobradas por los términos de los contratos de algunos de ellos, los hacen responsables de la dirección de la Universidad y de su cierre a finales del año 2018.
Lo propio ocurrió con las empresas relacionadas, que comenzaron una serie de modificaciones en sus estructuras y razones sociales, justamente en el tiempo en que se hizo público el inminente cierre de la casa de estudios. Estas realizaron una serie de operaciones comerciales con la Universidad y la Fundación Julio Ortúzar Rojas en torno a la sede principal en que operó la Universidad, esto es, la ubicada en Avenida Las Condes 11.121, comuna de Las Condes, lo que finalmente también provocó el déficit financiero de la Universidad.
Leonardo Mena Díaz, abogado de los exdocentes, destacó que el juzgado acogió la tesis principal la cual señalaba “que quienes se encontraban detrás de las decisiones importantes de la universidad eran estos miembros de la familia, liderados por el jerarca señor Julio Ortúzar Prado, y secundado por su hijo don Pablo Ortúzar Muñoz”.
El fallo tiene como consecuencia que, tanto cada uno de los miembros de la familia, así como las sociedades mencionadas, deberán hacerse cargo solidariamente del pago de las indemnizaciones por años de servicio de los exdocentes demandantes. También, se estableció el pago de una multa de 300 UTM por estimar que incurrieron en subterfugio laboral.
