Con preocupación e inquietud, familiares de los jóvenes del caso Hotel Principado, reciben una nueva orden de detención por parte del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, pese a haber sido absueltos en el segundo juicio y de la nulidad parcial del primero.
Respecto al primer juicio parcialmente anulado, Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, indicó que la anulación del juicio corresponde a un solo día, es decir, por el día 12 de noviembre del 2019, quedando pendiente el 14 de noviembre: “Es primera vez que pasa que en dos condenas hay una mitad solamente resuelta. La corte de apelación se declaró incompetente para resolver en su momento”, relató
Al respecto, días atrás el abogado defensor, Lorenzo Morales, indicó que en la decisión jurídica de detención hay un equívoco mayor que atenta contra la libertad ambulatoria de sus defendidos: “El equívoco que comete la jueza es grave y tiene que ver que ella quiere ejecutar la sentencia del primer juicio que fue anulado”, expresó.
Jacqueline Gatica señaló en la entrevista que los jóvenes “han estado dos años presos, más 6 meses de arresto domiciliario, por lo cual están a la espera de dos recursos más y de apelar a la Corte Suprema que es la última instancia. Ellos no tienen por qué volver a la cárcel”, sostuvo.
La madre del joven denunció también que han ocurrido otros hechos irregulares como la detención arbitraria de Benjamín por agentes de la DIPOLCAR, el penúltimo día antes del juicio, siendo perseguido desde su propia casa para luego ser detenido teniendo que pernoctar en un recinto policial.
Frente a este nuevo escenario que vuelve a agravar la situación de los presos políticos de la revuelta, la madre de Benjamín, indicó que no se han cumplido las promesas del gobierno de ofrecer una salida política: “No hemos tenido respuesta: hemos tenido audiencias, hemos ido a reuniones y nadie nos dice nada. Nosotras queremos soluciones y ya, porque nuestros hijos están en peligro. Las familias estamos mal con esto de nuevo; este gobierno prometió cosas y no ha hecho nada. Nos fallaron, no sentimos más por eso, usadas, utilizadas, ¿Qué esperar de este gobierno?”, declaró.
El abogado, Lorenzo Morales, indicó que el tribunal que ordenó el arresto está contrariado de derecho y que decidir ejecutar la sentencia de un juicio anulado es una justificación.
Señalando que anteriormente el juez había rechazado la realización de cautelares a cada uno de los imputados, en tanto los querellantes no pueden participar en esta etapa del proceso, el abogado indicó que interpusieron un recurso de amparo.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones y su octava sala consideró que la libertad personal no está amenazada por acto arbitrario o ilegal alguno, por lo cual determinó la no prosperidad de la acción constitucional: “Si no se amenaza la libertad por una orden de detención emitida ilegalmente, entonces no sabía que Chile era una gran cárcel”, expresó el abogado.
Respecto a próximas acciones, Lorenzo Morales indicó que hay un plazo de cinco días, donde están revisando los últimos detalles. Uno de ellos, apunta a que la jueza Ely Rothfeld no informó sobre la resolución donde el juez denegó todo a los querellantes.
Acerca del ministerio del Interior y de otras instituciones que siguen incidiendo en estos casos -pese a los compromisos de campaña por el actual gobierno-, el abogado se refirió a la coalición del Frente Amplio cuestionando su calidad como proyecto político, al señalar una dependencia respecto a administraciones anteriores: “Son hábiles aprendices de la Concertación”, sentenció.
Respecto a la negación de espacios políticos para la tramitación de la ley de indulto, Lorenzo Morales indicó que aquello no era algo improbable de suceder, pese a que existen instancias amparadas en la ley, la constitución y en iniciativas anteriores como lo fueron las leyes Cumplido durante el gobierno de Aylwin, las cuales se articularon conforme al derecho humanitario para el caso de los presos políticos de la dictadura.
