En conversación con el Abogado de la defensoría Popular de Antofagasta, Daniel Vargas, se conoce de la situación de Deivi Jara Olivares, preso político de la revuelta, quien fue privado de libertad en mayo del año 2021.
Deivi Jara, quien es acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, lanzamiento de molotov y desórdenes públicos, enfrentará el 23 de junio el inicio del juicio oral luego que en abril de este año se determinó la autoapertura.
Si bien la Defensoría Popular de Antofagasta no lleva el caso del joven, está al tanto de lo que ocurre con su caso y de un conjunto de otras causas, prestando también colaboración en otros quehaceres como es el envío de encomiendas.
De acuerdo al abogado, la situación del joven es bastante compleja porque la acusación en su contra dice relación con cerca de 16 años de presidio. El homicidio frustrado tiene una pena propuesta por Fiscalía de 12 años y por lanzamiento de objeto incendiario por 4 años.
Además, junto a la persecución levantada por la Fiscalía, existen otros dos querellantes, como es Carabineros y también la Intendencia -actual delegación presidencial-, lo que demuestra que el gobierno sigue patrocinando causas en contra de jóvenes que estuvieron movilizándose, indicó el especialista.
“No hay ninguna consideración de gente que estuvo ligada a las protestas o a hechos ligados al estallido”, expresó Daniel Vargas, acerca de la moderación con que está actuando el gobierno respecto a los presos de la revuelta.
Junto con ello, se refirió a las condiciones carcelarias en las que se encuentra el joven, partiendo del poco acceso que existe para llegar al centro Nudo Uribe, o las graves situaciones que describió tiempo atrás Axel Aliaga, quien también estuvo preso en el recinto, indicando que en ocasiones no contaban con colchón, frazadas, o bien que gendarmería a veces no les pasaban los alimentos. A ello se suma el hecho de que Deivi es además padre de familia, y de un bebé que padece de una enfermedad poco conocida.
En relación al juicio oral, Daniel Vargas señaló que llegar a la instancia demuestra que no se ha comprobado culpabilidad del joven. También indicó que los querellantes pretenden incorporar varios peritajes, pero que éstos serían anteriores a la detención de Deivi, por lo que aún existen elementos que la fiscalía tendrá que probar, precisó el abogado.
Por otro lado recalcó el nivel político de la prisión vinculada al estallido social, sosteniendo que el Presidente de la República tiene la posibilidad de indultarlos, y si eso se estuviese concretando no habría problemas de asumir responsabilidades: “No solo se se niega a indultar a los presos de la rebelión sino también se niega la existencia de presos políticos”, expresó.
En esa línea, también criticó la posición de algunos convencionales que cuyas votaciones no permitieron el avance de las iniciativas por la libertad de los presos, señalando que con ello la Convención no llegó hasta el final de las expectativas.
