Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos a nivel nacional, expresaron su crítica ante el documento Informe Final: “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmado por el General Ricardo Martínez Menanteau.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, manifestó sobre el informe del Ejército que éste es más bien para limpiar la imagen del hoy imputado Ricardo Martínez, y al mismo tiempo, para desviar la crisis de corrupción que afecta al Ejército, señaló la dirigenta.
Ricardo Martínez avala la obediencia debida para justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejercito era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar, acusó la dirigenta humanitaria.
El informe del comandante en jefe del Ejército, emitido a dos días de su renuncia y a dos días de asumir la misma conducta, rebelde y no colaborativa con la acción de la justicia, que hicieron los militares responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar, no significa y nada dice sobre garantías de no repetición de los mismos crímenes.
Advertimos que todos los hechos, que en apariencia son reconocidos, constituyen una verdad que ha sido develada con el esfuerzo y la perseverancia de las víctimas, con movilización social, y a través de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales, todas condenatorias de los crímenes del General Schneider, del General Carlos Prats y Sofía Cuthbert, de la caravana dirigida por el general Arellano que asesinó cumpliendo órdenes de Pinochet, de Tucapel Jiménez, de Eugenio Berrios, de los miles de prisioneros políticos detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, EL Ejército no ha entregado nada sobre la verdad de sus crímenes.
El informe de Ejército no condena el golpe de Estado en contra del presidente Allende, advirtió Alicia Lira.
El informe del Ejército señala que ellos reconocen que en Chile hubo un golpe cívico militar, y justifica la acción militar en el acuerdo de la cámara de diputados de agosto de 1973; señala que miembros del Ejército asesinaron al general René Schneider; que asesinaron al General Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert; que el General Sergio Arellano, delegado de Augusto Pinochet dirigió la Caravana de la Muerte que se desplazó a lo largo de todo el territorio asesinando a civiles detenidos e indefensos, que miles de chilenos fueron torturados por agentes del Estado pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad; que la acción represiva se extendió hasta el gobierno de Patricio Aylwin, con el asesinato de Eugenio Berrios que, como la Operación Cóndor extendió su brazo criminal, coordinado con otras fuerzas extranjeras, más allá de las fronteras del territorio nacional; que el ejército que representa tuvo relaciones con la agencia de inteligencia norteamericana “CIA”, para propiciar el golpe cívico militar e impedir la presidencia legítima de Salvador Allende, subordinando la soberanía nacional a los intereses de un potencia extranjera, y a los intereses de una clase social cuyos privilegios se sintieron amenazados por el gobierno de la Unidad Popular.
Declaracion Publica 8 de marzo 2022-convertido (1)Con respecto al informe entregado por el recién renunciado comandante en jefe del ejército general Ricardo Martínez, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos siempre sostuvo que el ejército y las fuerzas armadas eran los responsables de la detención.
— AFDDChile (@AFDDChile) March 6, 2022
